Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muestra que el 51% de los niños con padres trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria severa, el nivel más alto desde 2010. En plena recesión y con un Estado ausente, crece la marca indeleble del hambre.
La gestión de Javier Milei suma otro récord alarmante: el 51% de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o precarios no acceden a una alimentación adecuada. El dato, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, expone una realidad brutal: en la Argentina 2024, tener empleo no garantiza comida.
El informe, revela que este nivel de inseguridad alimentaria es el más alto de, al menos, los últimos 15 años. Supera incluso los peores momentos de crisis recientes: 49% en la pandemia de 2020 y 43% durante la recesión de 2019. “La precarización laboral es el factor más decisivo en la reproducción de la pobreza estructural”, señala el trabajo.
La situación se agrava en hogares pobres, numerosos o monoparentales, aunque el denominador común es la informalidad: el 42% de los trabajadores argentinos no cuenta con empleo registrado y, de ellos, cinco de cada diez son pobres. Es decir, trabajan, pero no logran cubrir una canasta básica de bienes y servicios.
A lo largo del informe se destaca cómo “la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos afecta directamente la salud física, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje”. En términos concretos, 4 de cada 10 niños y adolescentes argentinos padecen algún nivel de inseguridad alimentaria; 4,3 millones de vidas marcadas por la privación cotidiana.
La situación es aún más crítica en hogares donde el jefe o jefa de hogar tiene empleo informal: allí, la inseguridad alimentaria llega al 51%, 15 puntos por encima del promedio nacional y más de 40 puntos por encima de los hogares con empleo formal.
El documento también evalúa el impacto de políticas como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que logran reducir el riesgo, pero no lo resuelven. “Su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes”, advierten los especialistas. Desde 2018, el alcance de estos programas se amplió, pero la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo licúan su efecto protector.
Por regiones, la informalidad se ensaña con el norte argentino: el NOA y el NEA superan ampliamente el promedio nacional con tasas que rondan el 50%. La precarización no es solo una variable económica: es una política que deja huella.
El análisis del ODSA traza una línea clara entre el aumento de la informalidad, el abandono estatal y el deterioro social. La inseguridad alimentaria es solo una de sus expresiones más crudas. Mientras el Gobierno se aferra a su dogma de ajuste, las infancias pagan la cuenta del experimento libertario.