Manuel Adorni puso en palabras lo que Javier Milei ya había dejado entrever con crudeza: la relación política entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel está completamente rota. En una nueva conferencia desde Casa Rosada, el portavoz presidencial ratificó que la titular del Senado no forma parte del proyecto del Ejecutivo, ni de su núcleo de gestión.

Lo hizo pocas horas después de que Milei calificara públicamente a su compañera de fórmula como “la bruta traidora” durante un acto partidario en Córdoba. “Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto”, afirmó Adorni con contundencia.

Y aunque intentó esquivar los términos duros utilizados por Milei, dejó claro que no se trata de una opinión nueva. “Ya lo hemos dicho una y mil veces”, remarcó. Según su explicación, Villarruel fue excluida del funcionamiento interno del Gobierno “hace muchísimo tiempo” y no participa ni en las decisiones ni en la hoja de ruta de la administración libertaria.

La tensión entre Milei y Villarruel se agravó en las últimas semanas, especialmente por el armado de listas en la interna del oficialismo. Pero Adorni minimizó cualquier impacto institucional de esta grieta. “Son cuestiones del día a día, de la política y de la dinámica del gobierno”, señaló, y aseguró que no ve razones para dramatizar la situación: “Creo que siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones”.

Cuando fue consultado sobre la viabilidad de una gestión en medio de semejante distanciamiento,buscó mostrar fortaleza: “Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”. Además, insistió en que el Gobierno no se ve afectado por la interna con Villarruel, a quien prácticamente desconoce como integrante activa del Ejecutivo.

“Simplemente no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más para decir”, concluyó. La declaración pública de Milei –con insulto incluido– y la confirmación oficial de Adorni sobre el quiebre total con Villarruel evidencian que el vínculo quedó más deteriorado que nunca.

Después de haber votado a favor de la ley de emergencia en Bahía Blanca, que destinaba 200 mil millones de pesos para reparaciones por la inundación, el PRO apoyara el veto del presidente Javier Milei. Así lo confirmó Cristian Ritondo.

En una decisión que ha generado indignación en Bahía Blanca, el bloque del PRO confirmó que apoyará el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia, a pesar de haber votado a favor de ella semanas atrás. La medida preveía 200 mil millones de pesos para reconstruir la ciudad tras las devastadoras inundaciones que la golpearon en marzo.

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, fue quien blanqueó el cambio de postura en una entrevista con la señal de streaming Neura, donde sostuvo:

“No me parece que esté bien decirle al Gobierno en qué tiene que gastar la plata.”

Este giro abrupto se produce después de que el PRO sellara un acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo que deja en evidencia que las prioridades del partido están más alineadas con los pactos de poder que con las necesidades urgentes de los vecinos de Bahía Blanca.

Votaron a favor y ahora se dan vuelta

En la madrugada del 5 de junio, Ritondo y los otros nueve diputados del PRO por Buenos Aires votaron a favor de los cambios que introdujo el Senado a la media sanción original, incluyendo la asignación específica de fondos para la emergencia. Sin embargo, tras el veto presidencial, el PRO decidió darle la espalda a esa misma ley.

Ritondo intentó justificar el cambio con argumentos ambiguos:

“Ya le dijimos [al Gobierno] cuál era el monto, pero el Ejecutivo sabe en qué tiene que gastarlo.”

Con esta postura, el PRO avala que el Poder Ejecutivo ignore una emergencia social concreta, aludiendo a cuestiones fiscales y de autonomía administrativa, en lugar de defender a las comunidades devastadas.

Una traición a los bahienses

La ley vetada fue aprobada con amplio respaldo en el Congreso y contemplaba medidas concretas: suspensión de ejecuciones fiscales y embargos, prórroga de impuestos, asistencia previsional, y reasignación de partidas presupuestarias para atender a Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Sin embargo, el Gobierno de Milei la vetó con el argumento de que afectaba el equilibrio fiscal, minimizando el impacto humano del desastre.

Con su apoyo al veto, el PRO deja clara su prioridad: no es la gente, es el ajuste en beneficio de unos pocos. Entre los diputados que hoy defienden la decisión presidencial figuran nombres como Martín Ardohain, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro, María Eugenia Vidal y Martín Yeza, entre otros.

Esta traición política al pueblo de Bahía Blanca marca un antes y un después en la relación del PRO con su electorado. Porque cuando más se necesitaba solidaridad, eligieron la obediencia a Milei por encima del compromiso con los afectados.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muestra que el 51% de los niños con padres trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria severa, el nivel más alto desde 2010. En plena recesión y con un Estado ausente, crece la marca indeleble del hambre.

La gestión de Javier Milei suma otro récord alarmante: el 51% de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o precarios no acceden a una alimentación adecuada. El dato, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, expone una realidad brutal: en la Argentina 2024, tener empleo no garantiza comida.

El informe, revela que este nivel de inseguridad alimentaria es el más alto de, al menos, los últimos 15 años. Supera incluso los peores momentos de crisis recientes: 49% en la pandemia de 2020 y 43% durante la recesión de 2019. “La precarización laboral es el factor más decisivo en la reproducción de la pobreza estructural”, señala el trabajo.

La situación se agrava en hogares pobres, numerosos o monoparentales, aunque el denominador común es la informalidad: el 42% de los trabajadores argentinos no cuenta con empleo registrado y, de ellos, cinco de cada diez son pobres. Es decir, trabajan, pero no logran cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

A lo largo del informe se destaca cómo “la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos afecta directamente la salud física, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje”. En términos concretos, 4 de cada 10 niños y adolescentes argentinos padecen algún nivel de inseguridad alimentaria; 4,3 millones de vidas marcadas por la privación cotidiana.

La situación es aún más crítica en hogares donde el jefe o jefa de hogar tiene empleo informal: allí, la inseguridad alimentaria llega al 51%, 15 puntos por encima del promedio nacional y más de 40 puntos por encima de los hogares con empleo formal.

El documento también evalúa el impacto de políticas como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que logran reducir el riesgo, pero no lo resuelven. “Su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes”, advierten los especialistas. Desde 2018, el alcance de estos programas se amplió, pero la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo licúan su efecto protector.

Por regiones, la informalidad se ensaña con el norte argentino: el NOA y el NEA superan ampliamente el promedio nacional con tasas que rondan el 50%. La precarización no es solo una variable económica: es una política que deja huella.

El análisis del ODSA traza una línea clara entre el aumento de la informalidad, el abandono estatal y el deterioro social. La inseguridad alimentaria es solo una de sus expresiones más crudas. Mientras el Gobierno se aferra a su dogma de ajuste, las infancias pagan la cuenta del experimento libertario.

En una nueva avanzada privatizadora, el Ejecutivo confirmó la liquidación del material rodante del Belgrano Cargas y la concesión de vías, talleres e inmuebles, en medio de un ajuste feroz y sin plan productivo.

La Resolución 1049/2025 oficializó un nuevo capítulo del desguace estatal: el Gobierno nacional avanza con la privatización total del Belgrano Cargas y Logística S.A., incluyendo el remate de trenes y la concesión de toda la infraestructura ferroviaria. La medida responde a una lógica de ajuste que prioriza la venta de activos públicos para tapar urgencias fiscales, sin contemplar el impacto estratégico ni social del abandono del sistema ferroviario de cargas.

Con una economía debilitada y sin capacidad para sostener un rumbo productivo, la administración de Javier Milei insiste en desprenderse de empresas públicas a cualquier costo. En este caso, la operación incluye líneas clave como la General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Las tareas para ejecutar la privatización ya están en marcha: desde los inventarios del material hasta la organización de subastas digitales, todo apunta a una transferencia acelerada de funciones que históricamente pertenecieron al Estado.

La decisión, que se da apenas semanas después del anuncio sobre Aysa, consolida un modelo de desmantelamiento estatal en nombre de la “eficiencia”, pero que termina beneficiando a actores privados con bienes ya amortizados y financiados por décadas de inversión pública. El Belgrano Cargas, concebido como eje vertebral del desarrollo regional y la integración productiva, se transforma así en un símbolo más del retiro del Estado y de una política que prefiere rematar antes que construir.

De acuerdo con los últimos datos del sector, la demanda turística cayó al menos 20 puntos porcentuales respecto al año pasado, afectando de lleno a hoteles, centros de recreación, gastronomía y economías regionales que dependen del movimiento invernal.

Las vacaciones de invierno 2025 llegaron con más incertidumbre que turistas, y los números delatan una realidad alarmante: la actividad turística nacional atraviesa uno de sus peores momentos en años, con caídas de hasta el 40% en la ocupación hotelera y una preocupante pérdida de rentabilidad en todo el país.

De acuerdo con los últimos datos del sector, la demanda turística cayó al menos 20 puntos porcentuales respecto al año pasado, afectando de lleno a hoteles, centros de recreación, gastronomía y economías regionales que dependen del movimiento invernal. El informe de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) no deja lugar a dudas: la temporada 2025 está marcada por un derrumbe sostenido.

Ciudades tradicionalmente atractivas para el turismo, como Buenos Aires, Mendoza e Iguazú, muestran cifras desoladoras. Solo algunos destinos puntuales —como Bariloche y Villa La Angostura— logran esquivar la tendencia negativa gracias a la llegada de turistas brasileños y una mayor conectividad aérea con Brasil. Sin embargo, el impulso externo no compensa la profunda caída del turismo interno.

“Estamos atravesando un invierno complejo. La baja del turismo internacional y el crecimiento del emisivo afectan directamente a la hotelería nacional”, advirtió Gabriela Ferrucchi, presidenta de la AHT.

Pero la ocupación no es el único problema: la rentabilidad del sector también se desploma. Roberto Amengual, presidente de la cadena Amérian Hoteles, subrayó que en algunos destinos la caída llega al 40% respecto a un 2024 que ya había sido flojo. “Hay plazas que bajaron un 10%, como Termas o Carlos Paz, pero otras como Río Gallegos o Tucumán muestran caídas mucho más profundas”, señaló.

La situación se agrava por un factor estructural: las tarifas hoteleras están completamente desfasadas frente al incremento de los costos operativos. Mientras los precios al consumidor se actualizaron solo un 40% en el último año, los costos del sector treparon entre un 50% y un 800%, según el rubro. Energía, impuestos inmobiliarios y otros servicios esenciales se volvieron impagables. Esta combinación de caída en la demanda y aumento descontrolado de costos pone al borde del colapso a muchos establecimientos.

El turismo emisivo, con un tipo de cambio más favorable para viajar al exterior, también erosiona la demanda interna. Miles de argentinos optaron por destinos como Brasil, tentados por el clima cálido y oportunidades de consumo que no encuentran en el mercado local.

Por si fuera poco, la tendencia a las reservas de último momento complica aún más la planificación del sector. Aunque el receso escolar en Buenos Aires y CABA trajo algo de movimiento, los operadores coinciden en que no alcanza para revertir los números en rojo.

“La sensación de crisis está instalada. Ya se empieza a ver pérdida de empleo en el sector. Sería importante establecer políticas que permitan sostener a la hotelería, que cumple un rol clave en las economías regionales”, alertó Amengual.

En resumen, mientras el invierno avanza, el turismo argentino se congela bajo la presión de tarifas retrasadas, caída de reservas, competencia externa y costos desbocados. Una temporada que solía ser sinónimo de reactivación se ha convertido, este año, en una señal de alarma para un sector que parece quedar a la intemperie.

Milei viajó a Córdoba junto con su hermana para participar en el show libertario “La Derecha Fest” en el avión oficial Tango 10, un Lear Jet 60 de la flota presidencial.

Aunque Javier Milei construyó su carrera política prometiendo terminar con los privilegios de la “casta”, su conducta parece ir en sentido contrario. Esta semana, el presidente viajó a Córdoba junto a su hermana Karina para participar del show libertario “La Derecha Fest”, un evento proselitista privado que recaudó más de 105 millones de pesos en entradas, y lo hizo a bordo del avión oficial Tango 10, un Lear Jet 60 de configuración VIP ejecutivo perteneciente a la flota presidencial.

El traslado no fue un simple vuelo: incluyó un amplio y costoso despliegue de seguridad financiado con fondos públicos. Más de 250 efectivos de fuerzas federales, incluyendo Casa Militar, Gendarmería, Policía Federal, Policía Aeroportuaria y Ejército, fueron movilizados para custodiar al mandatario en un trayecto de apenas 3,7 kilómetros, desde el aeropuerto hasta el Hotel Quórum, sede del evento.

A diferencia de sus viajes al exterior, donde Milei suele improvisar actividades diplomáticas para justificar el uso de recursos estatales, esta vez ni siquiera simuló una agenda oficial. No hubo actos protocolares, reuniones de gobierno ni actividades institucionales. El operativo de seguridad, sin embargo, fue similar al que se desplegó el 25 de mayo durante los actos por la Revolución de Mayo.

Pese a tratarse de un evento cerrado, la organización no sólo no permitió el ingreso de la prensa sino que incluso expulsó a una periodista de Página 12 que había pagado su entrada, ofreciéndole dinero a cambio de su retiro. La Casa Militar fue la encargada de ejecutar esa orden.

La opacidad del acto y el uso de recursos públicos ya motivaron una presentación en la Cámara de Diputados. El legislador socialista Esteban Paulón exigió al Poder Ejecutivo que detalle si Milei tuvo agenda oficial, cuál fue la composición de la comitiva, qué recursos estatales se utilizaron y bajo qué marco legal se financiaron traslados y operativos para un acto partidario con fines de lucro para una empresa privada.

Mientras Milei insiste en su relato anti-“casta”, cada vez son más las señales de que ha adoptado sus mismas prácticas, pero sin transparencia ni control.

El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de AySA y todas las miradas apuntan a Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel, como principal candidata para quedarse con el control de la compañía. Las conversaciones entre ambas partes, según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones, comenzaron durante el reciente viaje presidencial a Israel y se intensificaron en las últimas semanas, en paralelo con una aceleración del proceso privatizador.

Este miércoles, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que autoriza la venta del 90% del paquete accionario de AySA, y un día antes había reformulado por decreto el marco regulatorio del servicio, incluyendo la habilitación para realizar cortes por falta de pago. Las medidas se suman a la fuerte recomposición tarifaria aplicada desde diciembre, que elevó sustancialmente los ingresos de la empresa. Con ese nuevo escenario, el paquete accionario se vuelve más atractivo para inversores extranjeros.

El nombre de Mekorot no es nuevo en América Latina: la compañía, que opera desde 1937, ha intentado desembarcar en distintos países de la región promoviendo su experiencia en gestión de recursos hídricos en contextos de estrés climático, pero también ha sido cuestionada por su rol en los territorios ocupados de Palestina, donde ha sido denunciada por organizaciones internacionales por implementar un sistema desigual de distribución de agua entre comunidades israelíes y palestinas. En 2013, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires canceló un contrato con la empresa tras la presión de organizaciones de derechos humanos.

En Israel, Mekorot es una firma estratégica: controla cerca del 80% del abastecimiento de agua potable, gestiona la red nacional de acueductos y opera con un modelo de planificación centralizada que integra recursos superficiales, subterráneos y desalinizados. En la última década, se ha posicionado como una exportadora de tecnología hídrica, promoviendo soluciones de riego por goteo, reciclaje y eficiencia en zonas áridas. Su eventual desembarco en Argentina implicaría no solo una transferencia de control empresarial, sino también la incorporación de un actor con fuerte ligazón al Estado israelí y, por lo tanto, a su política exterior.

De concretarse la operación, Mekorot no llegaría sola. Se barajan posibles socios locales, entre ellos el empresario farmacéutico Daniel Sielecki —vinculado al oficialismo por la designación de su sobrino como embajador en Francia y por su intento de adquirir Telefé junto al hijo del canciller Werthein— y Mauricio Filiberti, dueño del grupo Transclor, con históricos vínculos con AySA.

La privatización de la empresa estatal de agua se inscribe en la lógica general de desguace del Estado promovida por el gobierno libertario. Pero la posible participación de una empresa extranjera con denuncias por su accionar en territorios ocupados abre un nuevo frente de debate, que excede lo económico y se proyecta hacia el terreno diplomático y de los derechos humanos.

En el marco del festival libertario “Derecha Fest” realizado en Córdoba, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusándola de ser una “bruta traidora”. La jornada, que también incluyó la expulsión de una periodista del evento y manifestaciones en las calles, reflejó el clima político tenso que atraviesa el oficialismo.

Durante su intervención, Milei alentó a sus seguidores a fiscalizar en las próximas elecciones y anticipó que “muchos se van a sorprender con los resultados de octubre”. En ese contexto, cargó contra la vicepresidenta: “La bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30”.

También se refirió a las jubilaciones: defendió los niveles actuales al asegurar que “los que se quejan son los que la dejaron en 80 dólares”, y agregó: “Hoy está arriba de los 350, en una economía más abierta. Por ende, cada dólar compra más que antes”, mintió el mandatario.

Según el último informe de la consultora Scentia, las ventas en supermercados y mayoristas se desplomaron un 6,4% interanual, siendo los rubros más golpeados del mes, mientras que el consumo general cayó 0,8% frente a junio de 2024.

Tras tres meses consecutivos de leve recuperación, el consumo masivo volvió a retroceder en junio, reavivando las señales de alerta sobre la fragilidad de la economía argentina. Según el último informe de la consultora Scentia, las ventas en supermercados y mayoristas se desplomaron un 6,4% interanual, siendo los rubros más golpeados del mes, mientras que el consumo general cayó 0,8% frente a junio de 2024.

La desaceleración de la inflación no logró traducirse en una mejora del consumo. Pese a que los precios subieron un 15,1% en el primer semestre —muy por debajo del ritmo registrado el año pasado—, el poder adquisitivo de los hogares continúa deteriorado y el mercado laboral aún no muestra signos claros de recuperación. Los salarios siguen estancados, el desempleo alcanza el 7,9% y la pobreza afecta al 38,1% de la población.

El informe de Scentia, que releva más de 8.000 puntos de venta en todo el país, indica que entre supermercados de cadena y mayoristas se dieron las caídas más pronunciadas, mientras que las ventas online crecieron 14,6% y las farmacias aumentaron un 5,6%. En conjunto, supermercados y autoservicios registraron una baja del 2,4% interanual.

En lo que va de 2025, el consumo masivo apenas acumula un magro crecimiento de 0,4%, lo que confirma que, más allá de cierta estabilidad macro, la recuperación no llega al bolsillo. La recesión del consumo privado pone en duda la sostenibilidad del rumbo económico actual.

Aunque algunos sectores industriales muestran una tímida reactivación —como la automotriz y la manufactura (aunque con altos niveles de capacidad instalada ociosa)—, el impacto en el consumo cotidiano es mínimo. La caída en las compras de alimentos, productos de limpieza y artículos básicos evidencia que el ajuste no es solo una estadística: es una realidad palpable para millones de argentinos.