La postal que dejó la Exposición Rural de Palermo fue tan simbólica como brutal: el mismo público que ovacionó la baja de retenciones a productos del agro, estalló en aplausos cuando el presidente Javier Milei confirmó que vetará el aumento de $22.000 para jubilados.
El discurso del presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo dejó una imagen que sintetiza con crudeza el rumbo económico y político del actual gobierno: el mismo público que ovacionó la baja de retenciones para el sector agroexportador, celebró con igual entusiasmo que el Gobierno vete una ley que otorgaba un incremento de $22.000 a los jubilados y jubiladas del país.
Este doble aplauso —por el alivio fiscal al campo y por el ajuste a los sectores más vulnerables— es mucho más que una postal. Es una demostración contundente de hacia dónde se está reorientando el flujo de los recursos del Estado: desde los jubilados, pensionados, personas con discapacidad y trabajadores informales, hacia los sectores concentrados de la economía, particularmente los grandes productores del agro y los exportadores.
La ovación que delata prioridades
Durante su intervención en la Exposición Rural, Milei anunció la baja “permanente” de retenciones a productos clave del complejo agroexportador: soja, carne, maíz, sorgo y girasol. La medida fue recibida con una ovación por parte de los asistentes, representantes de uno de los sectores más privilegiados de la economía argentina.
Pero el segundo gran aplauso de la jornada fue aún más revelador: se produjo cuando el Presidente confirmó que vetará la ley sancionada por el Congreso que aumentaba el bono previsional de $70.000 a $110.000 y establecía un incremento del 7,2% en las jubilaciones mínimas, llevándolas de $309.000 a $331.000. Medidas urgentes en un contexto donde más del 70% de los jubilados no alcanza la canasta básica.
“El superávit fiscal es el ancla que nos lleva al futuro”, dijo Milei, y calificó la ley como un “tribuneo sensiblero financiado con el bolsillo ajeno”. Tildó a los legisladores que la impulsaron de “genocidas del futuro”, y nuevamente fue aplaudido de pie.
La números reales detrás del discurso oficial
La defensa del superávit fiscal como bandera del ajuste tiene, sin embargo, una lógica selectiva. El costo de la ley vetada, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representaba un 0,2% del PBI para lo que queda del año y un 0,41% anualizado. El bono previsional, por su parte, implicaba un costo de 0,12% del PBI. En total, el paquete significaba menos del 0,5% del producto anual.
Por otro lado, la baja de retenciones al agro representa un sacrificio fiscal de entre 0,1% y 0,3% del PBI, de acuerdo a distintos analistas económicos. En otras palabras, lo que el Estado deja de recaudar para beneficiar al sector más rentable del país, es casi idéntico a lo que se niega a invertir para mejorar los ingresos de quienes viven con lo mínimo en condiciones de supervivencia.
Lo mismo ocurre con otras políticas vetadas o eliminadas: la moratoria previsional (0,2% del PBI), las iniciativas vinculadas a personas con discapacidad (entre 0,22% y 0,42% del PBI) y programas sociales ajustados en nombre de la “racionalidad fiscal”.
Una transferencia de abajo hacia arriba
Lo que se está ejecutando no es solo un ajuste fiscal, sino una transferencia directa de recursos desde los sectores más pobres y dependientes del Estado hacia los más poderosos y concentrados de la economía. No se trata de una cuestión técnica, sino profundamente política y moral.
Mientras se niega una suma de $22.000 a jubilados que cobran menos que la canasta de pobreza, se otorga un alivio millonario a productores agropecuarios que exportan con ganancias en dólares. Según cálculos de economistas del propio sector, la baja de retenciones implica un alivio de US$ 40 por hectárea para los productores de soja que alquilan campo (dos tercios del total), lo que multiplicado por las 17 millones de hectáreas sembradas equivale a unos US$ 700 millones de transferencia fiscal. Ese monto es comparable, por ejemplo, al reclamo que la provincia de Buenos Aires mantiene ante Nación por la deuda de coparticipación.
¿Estímulo productivo o gesto electoral?
Desde el oficialismo se argumenta que esta baja impositiva busca incentivar la liquidación de divisas del campo para asegurar la estabilidad cambiaria de cara a los próximos meses, especialmente en el período electoral. Sin embargo, productores como Néstor Roulet admiten que, aun con la baja, muchos seguirán perdiendo dinero. Y algunos referentes del agro ya advierten que prefieren “cautela” antes que entusiasmo frente al anuncio.
En la práctica, la medida funciona más como un gesto político hacia el electorado rural y empresarial, que como una solución estructural para el sector. Al mismo tiempo, sirve como mensaje de disciplina fiscal hacia los organismos internacionales y el establishment financiero, en detrimento del 70% de jubilados que cobra por debajo de la línea de pobreza.
La escena en Palermo no fue solo una foto: fue un símbolo. El Presidente defendiendo el ajuste, atacando a los más débiles y premiando a los más poderosos. Y un auditorio celebrándolo.
Mientras los sectores concentrados del agro se benefician con la baja de impuestos, los jubilados —quienes trabajaron toda su vida y hoy apenas sobreviven— reciben un veto como respuesta. La dirección es clara: se está consolidando un modelo de país que invierte menos en derechos sociales y más en ganancias privadas. Que aplaude el ajuste abajo y premia el privilegio arriba.
Una redistribución al revés. Y lo más preocupante: con aplausos.