En medio del debate por la reforma de la Ley de Tierras, el funcionario afirmó que “la soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado” y sostuvo que, si un extranjero quisiera comprar incluso una provincia entera, no debería existir impedimento mientras respete la propiedad privada y las reglas del mercado.
Las afirmaciones despertaron preocupación por el rumbo que propone el Gobierno en materia de recursos estratégicos y control territorial. La postura contrasta con la de numerosas potencias que consideran la defensa de la soberanía, el control de sus recursos naturales y la protección de áreas estratégicas como pilares centrales de sus políticas de desarrollo y seguridad nacional.
Durante una entrevista, Quirno defendió la flexibilización del régimen que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y descartó que ello represente un riesgo para el país. “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”, afirmó, al argumentar que la prioridad debe ser atraer inversiones y brindar seguridad jurídica.
Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la protección de zonas de frontera, recursos hídricos, minerales y otros activos estratégicos, actualmente alcanzados por regulaciones que buscan preservar el interés nacional frente al avance de capitales extranjeros.
La posición expresada por Quirno va a contramano de la política adoptada por numerosos países desarrollados, que mantienen fuertes restricciones o mecanismos de control sobre la adquisición de tierras y activos estratégicos por parte de inversores extranjeros, especialmente en sectores vinculados a la seguridad nacional, la producción de alimentos, la energía y los recursos naturales.
Las críticas sostienen que considerar la soberanía como un concepto “anticuado” implica relegar una herramienta utilizada por muchas de las principales economías del mundo para resguardar intereses estratégicos y orientar sus modelos de desarrollo.
Otra controversia: las acusaciones contra Brasil
En la misma jornada, Quirno también quedó envuelto en otra polémica al admitir que no posee pruebas para sostener la acusación formulada previamente por el presidente Javier Milei, quien había señalado al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como responsable de financiar una supuesta campaña contra Argentina en redes sociales.
Consultado sobre esas afirmaciones, el funcionario reconoció que, si bien detectaron actividad proveniente de Brasil, no podía afirmar que hubiera sido financiada por el gobierno brasileño. “No tengo pruebas para incriminar a nadie”, admitió, marcando una diferencia con la acusación realizada por el Presidente.
El Gobierno debió retirar el capítulo sobre tierras
Mientras tanto, la iniciativa para modificar la Ley de Tierras sufrió un revés en el Congreso. Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo decidió retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar por separado con esa discusión.
El rechazo reunió a legisladores de distintos espacios, organizaciones ambientales y sectores vinculados a la defensa del territorio, que advirtieron sobre las implicancias que una mayor apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros podría tener para la soberanía y el control de recursos estratégicos del país.