Las muertes por fentanilo ya ascienden a 97 en todo el país, con víctimas en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca. Sin embargo, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, sigue evitando asumir responsabilidades directas en una crisis sanitaria que crece mientras la respuesta oficial se limita a medidas tardías.
El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, confirmó que todas las víctimas recibieron medicación provista por HLB Pharma, elaborada por Laboratorios Ramallo. Pese a que hay 24 sospechosos con prohibición de salida del país y bienes embargados, todavía no hay detenidos. Y Kreplak advirtió que podrían aparecer más víctimas, porque no todos los casos fueron reportados.
Los últimos fallecimientos se registraron en hospitales de cuatro provincias: tres en Formosa, uno en Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. El lote letal, el 31.202, fue producido el 18 de diciembre de 2024 y prohibido recién el 11 de mayo de 2025. Para entonces, el fentanilo ya había circulado por al menos 14 provincias.
El Ministerio de Salud insiste en remarcar que “no hay riesgo” y que el producto fue retirado, pero omite explicar por qué no hubo controles previos que evitaran la distribución y aplicación de un medicamento contaminado. Tampoco reconoce las fallas en el seguimiento de las alertas iniciales ni en la articulación con los hospitales.
La tragedia expone un Estado que reaccionó tarde, que permitió que el fentanilo letal se aplicara a decenas de pacientes y que, incluso después de casi cien muertes, todavía no tiene un protocolo público claro para prevenir que algo así vuelva a repetirse.