Se trata de la diputada libertaria Juliana Santillán, quien en contraste con sus numerosos viajes en avión, apenas asistió 14 veces al Congreso para cumplir con sus funciones.

Mientras se presenta como abanderada de la “lucha contra la casta” y repite el mantra libertario de achicar el gasto político, la diputada oficialista Juliana Santillán protagoniza un caso que desnuda la distancia entre el discurso y los hechos.

De acuerdo con datos oficiales, en el período 2024–2025 Santillán —autodenominada “diplomada en economía austríaca”— realizó 95 viajes pagados con fondos del Estado, la mayoría en avión, con un costo millonario que terminaron pagando los contribuyentes. En paralelo, apenas registró 14 asistencias al Congreso en todo el año legislativo.

En un país donde el presidente Javier Milei exige sacrificios al pueblo bajo la bandera de la austeridad, el accionar de Santillán resulta difícil de justificar. Desde la Fundación “El Cumplimiento del Deber” advirtieron que “la disparidad entre la actividad parlamentaria y los gastos de traslado es abrumadora” y recordaron que, mientras millones ajustan para llegar a fin de mes, en la política aún hay quienes no parecen dispuestos a dar el ejemplo.

“La promesa de achicar la política se desvanece con episodios como este. La ciudadanía merece representantes comprometidos con su tarea y con un uso responsable de cada peso que sale de los bolsillos de los argentinos”, señaló la organización presidida por Claudio Venchiarutti.

La pregunta, una vez más, queda flotando: ¿quién controla realmente el uso de los recursos públicos? Y, sobre todo, ¿cómo se sostiene un discurso anti casta cuando las prácticas reproducen lo mismo que se critica?

Porque, al final, la transparencia no se predica: se practica. Y el ajuste, por ahora, sigue cayendo sobre los mismos de siempre: la gente común. Para algunos en la política, parece que nada ha cambiado.

Se trata de la obra del viaducto del Belgrano Sur a Constitución, la misma está paralizada desde principios de 2024 por decisión de la actual gestión: pese a su alto porcentaje de avance y a su potencial impacto sobre el sistema de transporte.

Un documento oficial al que accedió el portal especializado enelSubte revela que la finalización del viaducto del Belgrano Sur hasta Plaza Constitución es “necesaria” por motivos de “emergencia social”. Sin embargo, la actual gestión paralizó la obra a comienzos de 2024, pese a su alto grado de avance, a su potencial transformador para el transporte metropolitano y a que cuenta con financiamiento internacional asegurado.

El informe, elaborado por el Gabinete Asesor para la Emergencia Ferroviaria, advierte que mantener el proyecto inconcluso generará “conflictividad” en los barrios afectados, agravando problemas de movilidad y aislamiento. Pese a estas alertas, el viaducto no fue incluido en la lista de obras prioritarias, bajo el argumento de que no está directamente vinculado con la seguridad operativa.

La paralización obedece a lo establecido en la ley Bases, que ordena suspender contratos con menos del 80% de avance. El viaducto tiene un progreso del 68,5%, pero su contrato con la constructora DYCASA sigue vigente y el Gobierno estudia una eventual prórroga.

La obra —iniciada en 2021— estaba destinada a extender el viaducto existente desde Sáenz hasta Constitución, incorporando una nueva estación elevada y mejorando la conexión con el Subte. Se estima que su puesta en marcha incrementaría notablemente el flujo de pasajeros y la integración de la línea Belgrano Sur con el resto del sistema de transporte, beneficiando a miles de usuarios de zonas históricamente relegadas.

Con una inversión prevista de 122 millones de dólares, de los cuales la mayor parte proviene de créditos de la CAF y FONPLATA, el proyecto quedó como un esqueleto de hormigón que simboliza el retroceso en políticas de transporte inclusivo. Mientras el tiempo pasa y la obra se deteriora, vecinos, especialistas y trabajadores reclaman que el Gobierno deje de lado la indiferencia y reactive de inmediato esta infraestructura vital para el sur del Área Metropolitana.

Un estudio detectó que en julio 9 de cada 10 personas financiaron la compra de comida y un 30,7% reconoció que alguien tuvo hambre en su hogar y no tuvo para comer.

La pérdida sostenida del poder adquisitivo está modificando de forma alarmante los hábitos alimentarios en Córdoba. Un estudio reciente revela que el 50% de los hogares ha debido retrasar la merienda o directamente eliminar la cena por no poder costear alimentos básicos. La gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanesa Ruiz, alerto además que la mitad de los hogares salteó comidas en julio, mientras crece el endeudamiento de las familias.

En julio, 9 de cada 10 personas se vieron obligadas a financiar la compra de comida, mientras que un 30,7% admitió que algún integrante de su hogar sintió hambre y no pudo comer. El 19,6% reconoció haberse quedado sin comida en la casa, y el 10,5% señaló que algún miembro solo comió una vez al día o pasó un día entero sin ingerir alimentos.

Aunque la inflación de julio en Córdoba (1,5%) fue aparentemente la más baja de los últimos cinco años, la realidad económica empeora para las familias. El 57,8% no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria con sus ingresos, y un 72,5% solo alcanzó a cubrirla gracias a programas estatales como la AUH o la Tarjeta Alimentar.

La pérdida de ingresos también repercute en el comercio: las ventas en volumen de alimentos en negocios de cercanía cayeron un 19% en los primeros siete meses de 2025 frente al mismo período de 2024. La menor capacidad de compra obliga a comerciantes a liquidar productos próximos a vencer y buscar alianzas con bancos y tarjetas para ofrecer descuentos.

La situación ha generado una presión social creciente. El 18,9% de los encuestados admitió haber tenido que pedir comida o dinero para alimentarse, y los comedores comunitarios se encuentran desbordados, lo que llevó al Arzobispado de Córdoba a conformar una mesa de emergencia alimentaria.

El informe concluye que la pérdida del poder adquisitivo limita severamente el acceso a alimentos básicos, provocando una crisis de pobreza alimentaria que vulnera un derecho humano esencial: poder comer todos los días.

Martín Romeo, querellante en la causa por la estafa con el token $LIBRA, reveló la existencia de un tarifario para acceder a Javier Milei, que incluía pagos millonarios por reuniones y posteos.

Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, denunció ante la Justicia la existencia de un “tarifario de Karina” (Karina Milei, secretaria general de la Presidencia). Según reveló, una reunión con Javier Milei costaba 50.000 dólares y un posteo en sus redes sociales, 500.000 dólares. Esta información confirma un secreto a voces que ahora se encuentra bajo investigación judicial.

Romeo, damnificado en la estafa y con experiencia en consultoría blockchain y en Naciones Unidas, explicó que esta estructura operativa fue detectada desde la primera semana de la investigación. Subrayó que el posteo del Presidente en su cuenta de X, con tilde gris, fue clave para que se concretara la estafa, ya que su difusión generó un efecto en cadena que movilizó millones de dólares de inversores alrededor del mundo.

Más allá del impacto local, el querellante advirtió que la causa se está siguiendo también en el extranjero. “Si la Justicia en Argentina no acelera, la investigación en Estados Unidos ya está avanzando y ahí no es joda”, advirtió. Además, estimó que la etapa de recolección de pruebas no se extenderá mucho más este año, y anticipó que próximamente se podrían pedir declaraciones y detenciones.

Esta denuncia expone un entramado de corrupción en el círculo íntimo del Presidente, en donde se habría comercializado el acceso y la comunicación oficial en beneficio de quienes estaban dispuestos a pagar cifras millonarias. La causa por $LIBRA amplía su radio de acción y pone en jaque la credibilidad institucional del Gobierno de Milei.

Milei recibió un dudoso premio de manos de Manuel Enríquez García, quien en 2019 fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil durante cinco años debido a operaciones financieras fraudulentas.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez en Brasil. Fue distinguido como “Economista del Año 2025” por la Ordem Dos Economistas Do Brasil (OEB), una entidad privada dirigida por Manuel Enríquez García, quien en 2019 fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil durante cinco años por operaciones financieras fraudulentas.

García, cuya matrícula profesional fue suspendida por un escándalo ético, fue acusado de utilizar su cargo en el Consejo Económico Regional de São Paulo para beneficiarse indebidamente mediante facturas falsas y retiros no autorizados de fondos de la OEB. Tras ser hallado culpable, recibió una multa, la inhabilitación y la pérdida de su licencia como economista.

Las relaciones entre el Gobierno argentino y la OEB se iniciaron hace seis meses, el 25 de febrero de 2025, apenas días después de que estallara el criptoescándalo de $Libra. Según la propia entidad, el reconocimiento a Milei se debía a su “difusión del conocimiento económico en la región”.

Sin embargo, el galardón desató una tormenta política: las nuevas autoridades de la Corecon —el órgano oficial que regula la profesión en Brasil— criticaron duramente tanto a la organización como al premio, recordando que la OEB no tiene autoridad regulatoria y que el mandatario argentino enfrenta, en su propio país, denuncias por asociación ilícita y escándalos financieros.

El episodio trae a la memoria otra controversia similar del año pasado, cuando Milei recibió un premio “del Instituto Liberal de Praga” que fue desmentido por su propio director, quien aseguró que el evento fue organizado sin autorización por un exmiembro de la institución.

Las muertes por fentanilo ya ascienden a 97 en todo el país, con víctimas en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca. Sin embargo, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, sigue evitando asumir responsabilidades directas en una crisis sanitaria que crece mientras la respuesta oficial se limita a medidas tardías.

El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, confirmó que todas las víctimas recibieron medicación provista por HLB Pharma, elaborada por Laboratorios Ramallo. Pese a que hay 24 sospechosos con prohibición de salida del país y bienes embargados, todavía no hay detenidos. Y Kreplak advirtió que podrían aparecer más víctimas, porque no todos los casos fueron reportados.

Los últimos fallecimientos se registraron en hospitales de cuatro provincias: tres en Formosa, uno en Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. El lote letal, el 31.202, fue producido el 18 de diciembre de 2024 y prohibido recién el 11 de mayo de 2025. Para entonces, el fentanilo ya había circulado por al menos 14 provincias.

El Ministerio de Salud insiste en remarcar que “no hay riesgo” y que el producto fue retirado, pero omite explicar por qué no hubo controles previos que evitaran la distribución y aplicación de un medicamento contaminado. Tampoco reconoce las fallas en el seguimiento de las alertas iniciales ni en la articulación con los hospitales.

La tragedia expone un Estado que reaccionó tarde, que permitió que el fentanilo letal se aplicara a decenas de pacientes y que, incluso después de casi cien muertes, todavía no tiene un protocolo público claro para prevenir que algo así vuelva a repetirse.

La recesión, las tasas usurarias y la caída del consumo dejaron al borde del colapso a la histórica Forestadora Tapebicuá, que paraliza su actividad y deja a 520 familias en la incertidumbre, en otro golpe directo del ajuste libertario al trabajo y la producción.

La política económica de Javier Milei empieza a dejar un tendal de víctimas, y una de las más golpeadas es la Forestadora Tapebicuá SA, con sede en Virasoro, Corrientes. La histórica maderera anunció que desde este viernes paraliza toda su producción por un mes, empujando a 520 trabajadores a la cesantía temporal y a un clima de angustia e incertidumbre.

El parate no es un hecho aislado: llega después de meses de asfixia financiera agravada por la recesión brutal y la caída del mercado interno provocadas por el ajuste libertario. La planta ya estaba al borde del colapso y, ahora, con una deuda que incluye sueldos de julio y el medio aguinaldo, la tensión laboral se volvió explosiva.

El Sindicato de Trabajadores de la Madera reclama 170 millones de pesos impagos y llevó el caso a la Justicia, que terminó ordenando el embargo de una cuenta bancaria. La empresa sostiene que esa medida empeora el ahogo económico y dificulta cualquier pago, pero la raíz del problema es el mismo cóctel de recesión, tasas usurarias y falta de crédito que el Gobierno fomenta.

La paralización golpea de lleno no solo al aserradero, sino a toda la comunidad de Virasoro, que ve cómo la política económica de Milei, lejos de “liberar” al sector productivo, lo hunde en una crisis sin horizonte.