El plan de ajuste estatal impulsado por el Gobierno sufrió un nuevo traspié, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que disponía el pase a disponibilidad de 300 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La medida incluye una multa de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento, un golpe económico y político que limita severamente la estrategia oficial.
El fallo llega en un contexto de decisiones cruzadas. La semana pasada, el mismo tribunal ya había suspendido el decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de estatales, y ordenó que no se aplicara en el INTA. A ese revés se sumó luego el rechazo del Senado al DNU que daba sustento al recorte. Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, volviendo a poner en riesgo los puestos de trabajo, lo que derivó en la nueva intervención judicial.
Desde ATE celebraron el pronunciamiento y denunciaron la insistencia del Ejecutivo en desconocer la división de poderes. “En serio Presidente @JMilei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”, planteó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien calificó de “cabeza dura” al Gobierno y sostuvo que cada fallo a favor del sindicato representa una victoria para los trabajadores frente a lo que considera una “política de ajuste sin sustento legal”.
El conflicto en el INTA se suma a un escenario de mayor tensión en el sistema científico y tecnológico nacional. En organismos como el CONICET, el SENASA y Agricultura Familiar ya se registraron despidos y cierres bajo el mismo argumento oficial de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”. Pero la Justicia, en este caso, decidió ponerle un freno al avance del ajuste.