En su primera reacción pública al escándalo de coimas en la ANDIS, el Presidente buscó defender a Karina Milei, pero terminó admitiendo sin querer la veracidad de las grabaciones.

Por primera vez desde que estalló el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei se refirió al tema. Durante un acto en Lomas de Zamora, lanzó: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Con esa frase, Milei intentó blindar a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, pero al mismo tiempo reconoció que los audios de Diego Spagnuolo —exdirector de la ANDIS y exabogado suyo— son auténticos. En los días previos, el oficialismo había sostenido que se trataba de una “burda operación política” y que las grabaciones eran falsas, pero la propia declaración del Presidente terminó desarmando ese argumento.

Mientras tanto, la investigación judicial avanza: el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ya ordenaron allanamientos en la sede de la ANDIS, en domicilios vinculados y en la droguería Suizo Argentina, señalada como la empresa favorecida en los contratos con sobreprecios. Allí se secuestró documentación, celulares y dinero en efectivo.

En paralelo, la oposición impulsa en el Congreso la interpelación de Karina Milei y la conformación de una comisión investigadora. El escándalo golpea de lleno en el corazón del poder presidencial y erosiona la bandera anticorrupción que el propio Milei esgrimió durante la campaña.

“Estamos pagando las consecuencias de las fallas del programa de estabilización de Macri”, afirmó José Luis Daza, el número dos del equipo de Toto Caputo.

El aumento del riesgo país encendió las alarmas dentro del gobierno de Javier Milei y, en un giro inesperado, uno de los principales funcionarios del Ministerio de Economía señaló a Mauricio Macri como responsable de las dificultades actuales.

Durante una charla virtual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó que la resistencia del índice del JP Morgan a bajar, incluso en un contexto de fuerte ajuste fiscal, se explica por las “fallas del programa de estabilización” implementado durante la gestión de Macri entre 2015 y 2019.

“Estamos pagando las consecuencias de las fallas del programa de estabilización de Macri”, lanzó Daza, quien ocupa el cargo de número dos en el ministerio que conduce Luis Caputo. El funcionario agregó que la desilusión de los mercados internacionales en aquella etapa sigue condicionando a la Argentina: “Una vez más, la desilusión que tuvo el capital internacional con la Argentina nos está pasando la cuenta en forma muy seria. No hay conciencia del daño que se ha hecho en estos años”.

Consultado por la demora en el regreso a los mercados internacionales de crédito, Daza remarcó que “estamos condicionados por la elección”, aunque confió en que tras las legislativas se abrirá un escenario más favorable: “Yo visualizo que hay un antes y un después con respecto a las elecciones”.

En su exposición, el viceministro comparó la situación actual con la del macrismo: “A estas alturas de su administración, Macri tenía las cuentas sustancialmente peores de las que tenemos nosotros: déficit de cuenta corriente del 6% y números cíclicos muy malos. Sin embargo, el riesgo país estaba en 400 puntos básicos”.

Daza admitió que, por ahora, el gobierno de Milei no logra acceder a los mercados y debe afrontar los vencimientos de deuda con ahorros propios, aunque se mostró optimista respecto a revertir la tendencia: “Si mantenemos la disciplina fiscal, avanzamos con la desinflación y después de las elecciones aceleramos las reformas estructurales, eso va a ayudar a bajar el riesgo país y a reabrirnos la puerta a los mercados internacionales”.

La siempre polémica diputada Lilia Lemoine hizo un escándalo en Diputados contra la diputada Marcela Pagano. Minutos despues salió a la luz un chat donde se burlan de la escena.

Durante la sesión en la que Guillermo Francos expuso sobre la gestión libertaria en el Congreso, Lilia Lemoine volvió a protagonizar un bochornoso episodio al interrumpir y hostigar a su colega Marcela Pagano. La diputada de La Libertad Avanza se paró a su lado con el único objetivo de incomodarla, pero lo más grave no fue su actitud sino el respaldo que recibió por parte de Martín Menem, presidente de la Cámara baja.

La situación quedó expuesta gracias a Jorge Rial, que en la emisión de este miércoles de Argenzuela (C5N) mostró la prueba: “Marcela tal vez no lo sepa, pero en el momento en que estaba discutiendo, Lilia saca el teléfono y chatea. ¿Saben con quién? Con Martín Menem. En el preciso momento en que Pagano pedía la palabra, la diputada libertaria estaba chateando con el presidente de la Cámara que, en vez de moderar, se dedicaba a pelotudear”, lanzó el conductor.

Más adelante, Rial reveló parte del chat: “Lilia le dice ‘yo me puedo parar donde quiera’. Y él le responde ‘se pone nerviosa’, en referencia a Pagano. Luego, ella agrega ‘yo lo miraba a Francos y se jijeaba’. Y hasta llegamos a leer: ‘Además, es culpa de Santi Caputo, si mi celular tiene el sticker de…’. Así quedó claro que Menem estaba avalando este papelón en pleno recinto”.

En este marco, la diputada de Coherencia no se quedó callada y apuntó contra Martín Menem y Karina Milei en diálogo con Rial. “El Presidente de la Cámara, que evidentemente está muy nervioso, pretende callarme y callar a mi espacio con una persona que no está en el pleno uso de sus facultades”, denunció Pagano. Además, fue más allá: “Menem está nervioso por sus vínculos con la droguería Suizo Argentina, no lo puede esconder y manda a hacer estos papelones que no son ni de quinto año de secundaria”.

La legisladora también vinculó lo sucedido con el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Me querían callar para que no dijera que esto es un golpe institucional y nadie lo está cuidando al Presidente. Es una vergüenza. Quisiera que se investigue a todo el entorno de Milei, incluso a su hermana. Que los aparten y, si no son corruptos, que vuelvan. Los que estén sospechados tienen que dar un paso al costado”, concluyó.

El plan de ajuste estatal impulsado por el Gobierno sufrió un nuevo traspié, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que disponía el pase a disponibilidad de 300 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida incluye una multa de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento, un golpe económico y político que limita severamente la estrategia oficial.

El fallo llega en un contexto de decisiones cruzadas. La semana pasada, el mismo tribunal ya había suspendido el decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de estatales, y ordenó que no se aplicara en el INTA. A ese revés se sumó luego el rechazo del Senado al DNU que daba sustento al recorte. Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, volviendo a poner en riesgo los puestos de trabajo, lo que derivó en la nueva intervención judicial.

Desde ATE celebraron el pronunciamiento y denunciaron la insistencia del Ejecutivo en desconocer la división de poderes. “En serio Presidente @JMilei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”, planteó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien calificó de “cabeza dura” al Gobierno y sostuvo que cada fallo a favor del sindicato representa una victoria para los trabajadores frente a lo que considera una “política de ajuste sin sustento legal”.

El conflicto en el INTA se suma a un escenario de mayor tensión en el sistema científico y tecnológico nacional. En organismos como el CONICET, el SENASA y Agricultura Familiar ya se registraron despidos y cierres bajo el mismo argumento oficial de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”. Pero la Justicia, en este caso, decidió ponerle un freno al avance del ajuste.

El candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza tuvo que salir de manera improvisada de la caravana que quiso hacer Javier Milei junto a su hermana Karina en pleno escándalo por presuntas coimas.

La caravana de Javier y Karina Milei en Lomas de Zamora, pensada como una muestra de apoyo en plena campaña electoral, terminó en un verdadero escándalo. El Presidente debió ser evacuado de urgencia después de que un grupo de manifestantes comenzara a arrojar piedras y botellas contra la camioneta en la que viajaba junto a José Luis Espert y Sebastián Pareja.

En medio de esa caótica escena, lo que más llamó la atención fue la reacción de Espert, quien abandonó la comitiva y escapó en moto sin casco, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Mientras el Gobierno de Javier Milei subordinado a Trump se hace el duro con Venezuela e instiga una eventual intervención, hace silencio ante la intensificación de la presencia militar británica en las Islas Malvinas.

Mientras el gobierno de Javier Milei, alineado con Washington, asume una postura beligerante contra Venezuela bajo el argumento del “narcoterrorismo”, la Cancillería argentina calla frente a la creciente militarización británica en las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la incorporación del “Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), calificando a Nicolás Maduro y a su entorno como “narcoterroristas”. Con ello, el Ejecutivo se suma a la narrativa impulsada por Estados Unidos, que desde hace años acusa al chavismo de encabezar una red criminal vinculada al narcotráfico internacional.

La decisión fue celebrada por Washington en momentos en que la Casa Blanca intensifica la presión militar en el Caribe, desplegando buques de guerra frente a Venezuela en un gesto de intimidación que revive lógicas de intervención propias del siglo XIX.

Avance británico en Malvinas sin respuesta oficial

En paralelo, el Reino Unido realizó recientes ejercicios militares en las Islas Malvinas, encabezados por efectivos del Tercer Batallón del Regimiento de Paracaidistas (3 PARA). Las maniobras incluyeron entrenamientos de combate urbano en Puerto Argentino, operaciones en trincheras y despliegue de drones de reconocimiento.

Estas acciones forman parte de la estrategia británica de consolidar su presencia en el Atlántico Sur bajo la doctrina de “Global Britain”, que refuerza la infraestructura militar en Monte Agradable, moderniza puertos y suma capacidades de defensa aérea y cibernética. Londres busca proyectar poder sobre los recursos estratégicos de la región —hidrocarburos, pesca y rutas hacia la Antártida— y disuadir el reclamo argentino reconocido en la ONU.

A diferencia de gobiernos anteriores, que repudiaban públicamente este tipo de despliegues, la administración Milei evitó pronunciarse. El silencio oficial contrasta con la dureza verbal hacia Venezuela y ha sido interpretado como un aval implícito a la ocupación británica.

Autodeterminación y debilitamiento diplomático

La postura del presidente Milei, quien llegó a defender el “derecho de autodeterminación” de los habitantes británicos de Malvinas, marca un quiebre con la política histórica argentina. Este giro debilita la capacidad de presión diplomática del país justo cuando el Reino Unido refuerza su posición militar en el Atlántico Sur.

Mientras tanto, Londres confirmo que mantendrá inalterable el embargo de armas a Argentina, vigente desde 1982, pese a contactos secretos entre funcionarios de ambos países. Ni siquiera el tono conciliador de la Casa Rosada ha bastado para que el Reino Unido flexibilice restricciones que limitan la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.

El jefe de Gabinete presenta el informe de gestión ante el Congreso en un clima político marcado por denuncias de coimas, muertes por drogas adulteradas y tensiones electorales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expone este miércoles ante la Cámara de Diputados para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional. La sesión ocurre en un contexto crítico: el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la emergencia sanitaria por las más de 100 muertes vinculadas al fentanilo adulterado y la recta final de la campaña en la provincia de Buenos Aires.

Francos presentará el Informe de Gestión N°144 y responderá preguntas de los legisladores. Desde la Jefatura de Gabinete confirmaron que se recibieron 2957 consultas por escrito, que fueron unificadas en 1337 preguntas elaboradas por 101 diputados. La mayor parte corresponde a Unión por la Patria, que envió 787, seguida por la UCR (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). La Libertad Avanza, en contraste, no formuló ninguna.

Aunque el temario no incluye la denuncia por sobornos en la ANDIS, el tema domina el clima político tras la difusión de audios que implican a exfuncionarios y salpican a figuras cercanas al presidente Javier Milei. El martes, las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Discapacidad habían convocado al ministro de Salud, Mario Lugones, y al interventor de la agencia, Alejandro Vilches, pero ambos faltaron a la citación.

Los bloques opositores anticiparon que buscarán interpelar a Francos sobre el alcance de la crisis y el plan oficial frente a las sospechas de corrupción y la emergencia sanitaria.

Un análisis de la consultora Horus sobre casi 10 mil comentarios en redes sociales reveló que la mayoría vincula a la hermana del Presidente con el escándalo de sobornos.

El 86% de los usuarios que comentaron publicaciones en Instagram y Facebook sobre el caso ANDIS considera que existe corrupción en el Gobierno nacional y señala a Karina Milei como una de las principales involucradas. Así lo indica un estudio realizado por la consultora Horus entre el 19 y el 24 de agosto, en el que se analizaron 9.800 comentarios.

Según el relevamiento, la indignación se intensifica porque los fondos presuntamente desviados tenían como destino a personas con discapacidad. Entre las frases detectadas, Horus citó: “Lo honesto… las máscaras comienzan a caer”. Otro segmento, equivalente al 11% de los comentarios, interpreta el caso como una operación contra Milei y defiende al Gobierno, alegando falta de pruebas.

La polémica se originó por audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se menciona el pago de comisiones a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem por contratos con laboratorios. La filtración derivó en una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que incluye al presidente Javier Milei y a otros funcionarios por presuntos delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.

El entramado que une a la familia Milei con los empresarios farmacéuticos Kovalivker tiene un punto de partida en un coworking de la avenida Libertador y un intermediario de peso: Mauricio Macri.

El ex presidente fue quien acercó a los dueños de la Droguería Suizo Argentina al entorno libertario hacia el final de la campaña presidencial. Su intervención resultó decisiva: el aporte económico de los Kovalivker fue clave en el balotaje que terminó consagrando a Javier Milei.

La relación no surgió de la nada. Macri mantiene estrechos vínculos con la Suizo Argentina, la compañía que hoy quedó en el centro de la escena por las denuncias de coimas. En el sector farmacéutico incluso se lo menciona como socio informal de la firma, lo que explica la fluidez del contacto.

Como había revelado LPO, Macri ya había tomado la decisión de apoyar a Milei incluso antes de la derrota de Patricia Bullrich en octubre de 2023. Una vez que la entonces candidata de Juntos por el Cambio quedó fuera del balotaje, el líder del PRO se convirtió en facilitador del acuerdo entre el libertario y los grupos empresarios, con la expectativa de cobrar un rédito político que solo consiguió de manera parcial.

En esa jugada, Macri fue quien acercó a Jonathan Kovalivker, responsable de la Droguería Suizo Argentina, al círculo íntimo de Karina Milei y Nicolás Posse. Ese nexo hoy aparece como uno de los puntos más sensibles del escándalo que sacude al Gobierno.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oficializó las renuncias de dos de sus funcionarios más relevantes en áreas sensibles del organismo, a pocos días de que se difunda la nueva metodología para medir la inflación.

Se trata de Guillermo Manzano, director de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, y de Georgina Giglio, quien estaba al frente de la Dirección de Índices de Precios de Consumo. Ambos dejarán sus cargos a partir del próximo 1 de septiembre.

En el caso de Manzano, desde el organismo explicaron que la decisión responde a “diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos”, al tiempo que descartaron que la salida afecte la producción de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), herramienta clave para medir mercado laboral, pobreza, indigencia y distribución del ingreso. Hasta el momento, no se informó quién será su reemplazante.

Por su parte, Giglio presentó su renuncia por “cuestiones personales” y volverá a desempeñarse en la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires. Desde el INDEC remarcaron que continuará en vínculo con los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Índices de Precios y con el Sistema Estadístico Nacional.

Las dos salidas se producen en un momento estratégico para el organismo, dado que en septiembre se dará a conocer el cambio metodológico en la medición de la inflación, uno de los indicadores más sensibles de la economía argentina.