En medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS, la defensa de los empresarios Kovalivker recurrió a un insólito planteo que revela el desconcierto frente a las pruebas que los comprometen.
Los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación por pago de sobornos que se abrió tras los audios filtrados con conversaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Denunciaron una “caza de brujas” y sostuvieron que las grabaciones están adulteradas y fueron obtenidas de manera ilegal.
En un escrito presentado ante la Justicia, el abogado de la familia, Martín Magram, pidió que se dicte la nulidad “de carácter absoluto por violación al derecho a defensa en un proceso”, al señalar que la causa provocó un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.
El defensor representa a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —uno de ellos encontrado con 260 mil dólares en su poder al intentar fugarse— y a su padre, Eduardo Kovalivker. El planteo fue dirigido al juez federal Sebastián Casanello, que instruye el expediente.
El pedido de nulidad se conoció el mismo día en que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede de la empresa, en Belgrano. Según la investigación, la firma habría sido parte de un esquema de retornos vinculados con compras millonarias de medicamentos para la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la Agencia Nacional de Discapacidad.
“Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, sostuvo el abogado en el escrito.
Magram agregó que el proceso se lleva adelante con “oscurantismo” y comparó la investigación con “épocas superadas donde la delación y la sospecha infundada eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático”.
Sobre los audios atribuidos a Spagnuolo, el defensor enfatizó que “no es posible concederles ningún valor como prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o personal”.