Una vez más la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos.

En lugar de dar explicaciones sobre el escándalo que salpica a Karina Milei por los audios de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos, como si se tratara de una burda remake de la Guerra Fría.

Bullrich justificó así los pedidos de allanamientos contra periodistas y medios críticos, asegurando que lo que en realidad está en juego es “una operación impresionante de inteligencia” para grabar reuniones en Casa Rosada. Lo que la ministra presentó como “inédito e increíble” no es que haya un funcionario hablando de coimas, sino que los audios se hayan difundido.

Lejos de reconocer la gravedad del contenido de esas grabaciones, Bullrich prefirió hablar de conspiraciones extranjeras. Con tono dramático, advirtió sobre “exagentes rusos” y el “chavismo”, mezclando en un mismo párrafo el avión venezolano, el Tren de Aragua y hasta el secuestro de un gendarme. Todo servía para sostener el relato de que detrás de los audios no hay corrupción, sino un plan internacional para desestabilizar al Gobierno.

Como si no bastara, también apuntó contra periodistas y canales de televisión, a los que acusó de “operar electoralmente” más que informar.

El patrón es claro: frente a un escándalo que compromete a la hermana del presidente, Bullrich responde con teorías conspirativas cada vez más inverosímiles. Hoy son espías rusos y chavistas; mañana, quién sabe. Lo único evidente es que el Gobierno prefiere hablar de fantasmas antes que explicar lo que pasó en su propia casa.

Tras la filtración de audios que comprometen a la hermana del presidente, el gobierno de Milei consiguió una cautelar que prohíbe su difusión.

El Gobierno de Javier Milei dio un paso más en su cruzada contra la libertad de expresión: consiguió que la Justicia ordene frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La denuncia, presentada por la Casa Rosada, recayó en el Juzgado Federal 12. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, “no fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, intentando así justificar la censura judicial.

El juez Alejandro Patricio Maraniello dispuso el “cese inmediato de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno”, medida que fue celebrada por el oficialismo como un supuesto resguardo de la “privacidad institucional”. En los hechos, sin embargo, se trata de un claro avance contra el derecho de la sociedad a informarse y contra la labor periodística.

Entre los apuntados por el Gobierno se encuentran periodistas y comunicadores como Mauro Federico y Jorge Rial, además de medios digitales. La Justicia incluso ordenó allanamientos en domicilios particulares y en espacios de prensa, lo que fue denunciado por especialistas como un grave antecedente de persecución y amedrentamiento.

El Ejecutivo insiste en que se trató de “una operación para desestabilizar al país en plena campaña electoral”, pero evita dar explicaciones sobre el contenido de las grabaciones que salpican a la hermana del Presidente. Con este argumento, intenta instalar que las denuncias de corrupción son parte de una conspiración, cuando en realidad se trata de hechos que la ciudadanía tiene derecho a conocer.

Lejos de garantizar transparencia, el oficialismo apuesta al silencio y la intimidación: prefiere apelar a la censura antes que enfrentar la verdad. La medida cautelar, apoyada por la Casa Rosada, marca un retroceso democrático alarmante, ya que restringe el debate público y criminaliza a periodistas y medios que solo cumplen con su tarea de informar.

En un contexto de creciente escándalo político, el Gobierno opta por blindar a Karina Milei y por usar a la Justicia como herramienta de encubrimiento. El mensaje es claro: proteger a la casta gobernante, aunque sea a costa de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información.

El Presidente viaja este jueves a Los Ángeles y Las Vegas para reunirse con empresarios mientras crece la tensión por los conflictos sociales y las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad. Karina Milei, involucrada en la polémica, se bajó de la comitiva.

En medio de un clima de conflictos sociales, reclamos salariales y protestas en todo el país, el presidente Javier Milei viajará este jueves 4 de septiembre a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales en Los Ángeles y Las Vegas.

La decisión generó críticas tanto en la oposición como dentro de su propio espacio, ya que el mandatario se ausentará en plena campaña bonaerense y no participará del cierre previsto por La Libertad Avanza este miércoles en Moreno.

El itinerario oficial, confirmado por Casa Rosada, incluye encuentros con un grupo reducido de inversores y potenciales socios estratégicos. Si bien aún no se conoce la comitiva definitiva, se espera que lo acompañen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

La gran ausente será Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave de su entorno, quien decidió bajarse del viaje tras el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica a funcionarios cercanos a su área.

El viaje también levantó polémica por la coincidencia con la presentación de su expareja, Fátima Florez, en el Hotel Casino Sahara de Las Vegas, donde la humorista actuará el viernes y sábado en el marco del Mes de la Hispanidad. Aunque Milei negó cualquier reconciliación, su entorno teme que la exposición mediática pueda opacar los objetivos políticos del viaje.

El Presidente regresará recién el sábado 6 de septiembre, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las que su fuerza política se juega un resultado clave.

En el arranque del mes, el Gobierno de Javier Milei aplicó un nuevo ajuste sobre los servicios públicos. Es el quinto incremento en siete meses y golpea de lleno a los hogares y comercios en medio de la fuerte caída del poder adquisitivo.

El Gobierno oficializó este domingo un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas, que rige desde el 1° de septiembre en todo el país.

Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la suba impacta tanto en usuarios residenciales como en comercios e industrias, y forma parte de la política de “sinceramiento” de precios impulsada por la gestión libertaria.

Se trata del quinto incremento en lo que va del año, lo que acumula un alza histórica que achica cada vez más los ingresos de los hogares, que ya vienen castigados por la inflación, la caída del consumo y el estancamiento salarial.

Desde el Gobierno justificaron la medida señalando que se busca reducir los subsidios a la energía, pero lo cierto es que las boletas de servicios se convirtieron en una carga insoportable para amplios sectores de la población.

Mientras Milei celebra “el superávit”, los argentinos enfrentan un septiembre marcado por más tarifazos y pérdida del poder de compra, en un contexto donde los indicadores sociales muestran un crecimiento de la pobreza y la desigualdad.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS, la defensa de los empresarios Kovalivker recurrió a un insólito planteo que revela el desconcierto frente a las pruebas que los comprometen.

Los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación por pago de sobornos que se abrió tras los audios filtrados con conversaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Denunciaron una “caza de brujas” y sostuvieron que las grabaciones están adulteradas y fueron obtenidas de manera ilegal.

En un escrito presentado ante la Justicia, el abogado de la familia, Martín Magram, pidió que se dicte la nulidad “de carácter absoluto por violación al derecho a defensa en un proceso”, al señalar que la causa provocó un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.

El defensor representa a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —uno de ellos encontrado con 260 mil dólares en su poder al intentar fugarse— y a su padre, Eduardo Kovalivker. El planteo fue dirigido al juez federal Sebastián Casanello, que instruye el expediente.

El pedido de nulidad se conoció el mismo día en que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede de la empresa, en Belgrano. Según la investigación, la firma habría sido parte de un esquema de retornos vinculados con compras millonarias de medicamentos para la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, sostuvo el abogado en el escrito.

Magram agregó que el proceso se lleva adelante con “oscurantismo” y comparó la investigación con “épocas superadas donde la delación y la sospecha infundada eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático”.

Sobre los audios atribuidos a Spagnuolo, el defensor enfatizó que “no es posible concederles ningún valor como prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o personal”.

El dato fue confirmado por Martín Pintos, del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. La contracción de la demanda, advirtió, obliga a los panaderos a trabajar al 50% de su capacidad.

La recesión y la caída del poder adquisitivo golpearon de lleno a las panaderías en Argentina. En los últimos 18 meses, cerraron 14.000 establecimientos en todo el país, según advirtió Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (CIPAN).

La contracción del consumo llevó al sector a trabajar apenas al 50% de su capacidad instalada. “Hoy solo seis de cada diez máquinas están encendidas. Antes había mostradores repletos de panes, facturas y sándwiches; ahora producimos lo justo, apagamos equipos para ahorrar energía y evitamos pérdidas”, señaló Pinto, con más de tres décadas de experiencia en el rubro.

El consumo de pan cayó un 50% en el último año y medio, un dato que el dirigente considera alarmante, dado que este alimento suele ser un indicador del nivel de pobreza en muchos países. “La gente empezó a hacer pan en su casa para ahorrar, porque destina el dinero a comprar leche o carne”, explicó.

A la caída de la demanda se suma un incremento descontrolado en los costos: la bolsa de harina de 25 kilos pasó de $3.500 a $15.000, la levadura de $700 a $2.500 y la grasa de $18.000 a $28.000. Todo ello acompañado de tarifas de servicios en alza.

La situación golpea con especial fuerza a productos emblemáticos como las facturas, cuyas ventas se redujeron un 85%. Muchas panaderías producen únicamente por encargo, ofrecen dos o tres variedades básicas y mantienen apagadas las heladeras para evitar pérdidas.

El panorama no es exclusivo del sector panadero: los kioscos también atraviesan un retroceso histórico. En el último año cerraron 16.000 locales y, por primera vez, el total cayó por debajo de los 100.000 en todo el país.

El derrumbe de las panaderías y otros comercios de cercanía refleja con crudeza el impacto de la recesión sobre el consumo masivo y pone en evidencia la fragilidad de negocios que históricamente fueron parte de la vida cotidiana de los argentinos.

La inversión se hunde y los dólares se agolpan para salir. Los datos presentados por el Banco Central son contundentes. La Inversión Extranjera Directa (IED) en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI.

La fotografía que acaba de publicar el Banco Central no deja lugar a matices: la economía perdió en siete meses más de USD 14.000 millones, una fuga de divisas mayor al desembolso que realizó el FMI este año.

La Inversión Extranjera Directa (IED) tampoco trae alivio: en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI, y los datos de 2025 solo encuentran un antecedente peor en 2017. La inversión, motor de cualquier recuperación, está en su punto más débil en casi una década.

En el balance cambiario, el rojo es asfixiante. Solo en julio, la formación de activos externos del sector privado no financiero marcó un negativo de USD 5.432 millones. En paralelo, 1,3 millones de personas corrieron a comprar dólares por un total de USD 3.408 millones, mientras apenas 576 mil se animaron a vender.

El déficit de turismo y consumos con tarjeta también marcó récord: USD 963 millones en julio, de los cuales 728 millones fueron por viajes, 146 millones por servicios digitales y 89 millones por compras vía courier.

La ironía en la City sintetiza el humor del mercado: “El FMI entra por Ezeiza, los dólares salen por Aeroparque”, graficó un banquero. El economista Jorge Neyro sumó: “Casi 90 millones de dólares al mes se van solo por Shein y Amazon”.

El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, comparó el escenario con el macrismo: “La compra de dólares entre abril y julio supera lo girado por el FMI este año y está muy por encima del promedio mensual de la fuga en tiempos de Macri”.

Mientras tanto, en redes sociales, el analista Juancito Nieve lo resumió con sarcasmo: “Déficit de cuenta corriente por boom de inversiones. Confirmen después si importamos más bienes de capital que camperas de Zara”.

El contraste con el discurso oficial es brutal. El Gobierno habla de confianza y reformas, pero los datos muestran lo contrario: los dólares se escapan y la inversión se hunde. Un industrial lo dijo en voz baja, pero con contundencia: “Este modelo nos pide paciencia, pero los capitales ya votaron. Y votaron irse”.

Septiembre arrancó con una fuerte batería de aumentos en servicios esenciales, transporte, colegios y otros rubros que impactarán directamente en el bolsillo de todos los argentinos.

Con el gas y los alquileres a la cabeza de los incrementos, septiembre comenzó con una fuerte batería de aumentos que golpean de lleno el bolsillo de las familias argentinas. Los ajustes abarcan desde servicios esenciales como gas, agua y transporte, hasta cuotas escolares, prepagas y alquileres.

Gas y agua

El gas registra en septiembre un aumento del 6,8% sobre el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), medida que busca sostener el esquema de subsidios residenciales, y que anticipa nuevos cuadros tarifarios. El agua, bajo la órbita de AySA, también se encarece luego del ajuste del 1% aplicado en agosto con el coeficiente K, tendencia que continuará este mes.

Alquileres

Los contratos regidos por la Ley 2020 se actualizarán con un incremento del 50,3% según el Índice de Contrato de Locación (ICL), lo que representa una fuerte carga adicional para los inquilinos.

Salud

Las empresas de medicina prepaga aplicarán subas de entre 1,68% y 1,9%, parte de un esquema de ajustes mensuales que viene acumulándose desde principios de año.

Educación

En el ámbito escolar, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires se autorizaron aumentos en las cuotas de los colegios privados subsidiados: 2,8% en Provincia y 3,2% en Ciudad, vigentes desde este mes.

Transporte

El transporte público también se encarece. El subte aumenta 3,87%, llevando la tarifa base a $1.071, mientras que el boleto mínimo de colectivos sube alrededor de 3,9%, alcanzando $526,13 en la Ciudad y $529,25 en el Conurbano. Estos incrementos responden al mecanismo de actualización automática que combina la inflación mensual más un 2% adicional.

Combustibles

En cuanto a naftas y gasoil, septiembre será un mes clave: si el Gobierno nacional aplica los impuestos postergados, los precios podrían subir más del 15%, aunque no se descarta una prórroga para evitar un mayor impacto inflacionario.

La llegada de estos aumentos ocurre en medio de un escenario político marcado por las elecciones bonaerenses y las tensiones internas en el Gobierno nacional. Además, la inflación de julio cerró en 1,9%, acumulando en lo que va del año un 17,3% y un 36,6% en los últimos doce meses, con transporte, alimentos y recreación entre los rubros de mayor suba.

Karina Milei es considerada “el jefe” de La Libertad Avanza pero por estas horas no le salen las cosas muy bien. Está atravesando la peor semana desde que asumió el rol de operadora política de su hermano. El estallido de un escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad la dejó en el ojo de la tormenta, con audios que la vinculan directamente a un circuito de retornos millonarios en contratos de medicamentos. Se habla de 800 mil dólares por mes solo en ANDIS. La Justicia ya inició allanamientos y secuestros de documentación, mientras se multiplican las denuncias de abogados y referentes opositores que califican la trama como uno de los episodios de corrupción más graves desde el regreso de la democracia.

El costo político no tardó en aparecer. En Corrientes, donde viajó a reforzar la campaña libertaria, Karina Milei y Martín Menem fueron recibidos con abucheos, pancartas acusatorias y empujones que forzaron la suspensión de un acto. El fracaso electoral se coronó con la magra performance del candidato de La Libertad Avanza en la provincia, que quedó lejos de los primeros lugares, consolidando la imagen de un armado debilitado y sin inserción real en el interior. Salió cuarto y sacó un poco más de lo que se le atribuye por retornos a Karina: 9%.

En paralelo, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su hermana, a quien definió como “el jefe en su prime”, en un intento de cerrar filas frente a la ofensiva judicial y mediática. Otros referentes libertarios, como Martín Menem, también pusieron “las manos en el fuego” por Karina, aunque el blindaje no alcanzó para frenar el impacto de las revelaciones ni el desgaste interno que ya se percibe en el oficialismo.

El escándalo estalla en la antesala de elecciones clave, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. La combinación de sospechas de corrupción, actos fallidos y candidatos sin peso territorial abre un escenario complejo para el Gobierno, que había hecho de la lucha contra “la casta” su principal bandera. La semana negra de Karina Milei expuso, con crudeza, las fragilidades de un proyecto político que enfrenta cada vez más dudas de cara al futuro.

Las elecciones provinciales en Corrientes marcaron un fuerte traspié para La Libertad Avanza. El espacio decidió jugar con candidatos propios: el diputado nacional Lisandro Almirón encabezó la fórmula para gobernador acompañado por Evelyn Karsten como vice, en un armado que buscaba consolidar la presencia libertaria en la provincia. Fue una decisión de Karina Milei y Lule Menem que terminó en fracaso rotundo. Ironía del destino: sacaron casi el mismo porcentaje que se vincula a los supuestos retornos que el gobierno le pide a muchos empresarios.

Finalmente, Almirón quedó cuarto, con menos del 10% de los votos —en torno al 8 o 9%—, muy lejos del oficialismo de Juan Pablo Valdés, que se impuso con comodidad con más del 50%. El peronismo, pese a sus divisiones, también logró superar a los libertarios y mantener representación.

La responsable política del armado fue Karina, presidenta de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia. Ella impulsó la estrategia de competir con candidatos propios y rechazó de plano cualquier acuerdo con el oficialismo correntino, convencida de que la marca Milei alcanzaba para posicionar al espacio en el electorado.

El saldo fue negativo: el aislamiento estratégico dejó al libertarismo sin volumen electoral y sin incidencia en la política local. La derrota expuso las limitaciones de un proyecto que, sin estructura ni alianzas, depende en exceso de la figura presidencial y muestra enormes dificultades para proyectarse en el interior del país.