La inflación de agosto se perfila como una señal preocupante para la administración de Javier Milei. Diversas consultoras privadas prevén un índice cercano al 2 %, incluso con estimaciones que lo ubican en 2,2 %. Aunque pueda parecer un número bajo en comparación con la inflación de años anteriores, lo cierto es que la tendencia muestra un freno en la desaceleración, justo cuando el Gobierno necesita consolidar resultados para mostrar cierta estabilidad macroeconómica.
El Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), intenta mostrar un escenario más optimista con una proyección de apenas 1,7 %. Sin embargo, los analistas privados no solo son más cautelosos, sino que advierten que los aumentos de alimentos y servicios están presionando de manera sostenida. Esta diferencia entre el discurso oficial y la realidad de los bolsillos refleja la dificultad del Ejecutivo para sostener un relato económico creíble.
El malestar social se potencia porque el Gobierno prometió un derrumbe rápido de la inflación como prueba de su “plan motosierra” y su ajuste draconiano. No obstante, la aparente estabilidad se apoya en una fuerte recesión y en salarios que no logran recomponerse. La suba de precios en la canasta básica golpea de lleno a los sectores populares y pone en evidencia que el plan económico se sostiene más en recortes que en una estrategia de desarrollo sostenible.
En este contexto, el oficialismo corre el riesgo de que el leve repunte inflacionario erosione aún más su legitimidad política. La falta de resultados palpables en materia de crecimiento y poder adquisitivo deja a la gestión Milei con pocas cartas para mostrar. El discurso de que “la inflación está controlada” empieza a desdibujarse frente a la realidad de los aumentos cotidianos, y amenaza con convertirse en otro flanco de desgaste para un gobierno que ya enfrenta múltiples frentes de conflicto.