El índice Pulso PBA mostró una caída de la actividad, golpeada por el comercio, la industria y el consumo familiar. Desde el Banco Provincia apuntaron al ajuste monetario del Gobierno y advirtieron que la política del Banco Central ahoga a pymes y hogares.

La economía de la provincia de Buenos Aires registró en agosto una baja de 1,4%, de acuerdo con el índice Pulso PBA, elaborado a partir de más de 1.200 indicadores diarios. La contracción se reflejó en el freno del comercio y la industria, pero también en la pérdida de dinamismo del consumo familiar.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, responsabilizó al Banco Central por aplicar un “endurecimiento monetario” que, según señaló, está asfixiando la actividad productiva y reduciendo el poder de compra. La suba de encajes bancarios —medida que obliga a inmovilizar recursos— recortó la liquidez disponible, lo que derivó en un corte abrupto en el circuito económico.

“El objetivo parece ser que no circule un peso en la economía”, señaló Cuattromo, quien advirtió que la consecuencia inmediata es el desaliento a la producción y al consumo. El dirigente también puso el foco en el aumento de la morosidad en los pagos mínimos de tarjetas de crédito, fenómeno que expone cómo muchas familias deben endeudarse para cubrir necesidades básicas.

El retroceso provincial aparece en un contexto donde el Gobierno celebra la renovación de deuda a tasas superiores al 70% y subraya la baja inflacionaria como prueba de éxito del ajuste. Sin embargo, el costo se refleja en el freno de la economía real, con un impacto directo sobre las pymes y los hogares de ingresos medios y bajos.

Mientras la Casa Rosada insiste en sostener la disciplina monetaria, en la provincia advierten que los indicadores muestran otra cara: menos crédito, menos consumo y más recesión. La discusión ya no es sólo técnica, sino política: el margen de tolerancia social frente al ajuste empieza a tensarse y deja a la gestión nacional bajo presión.

Tras la denuncia de Patricia Bullrich por una supuesta “operación criminal”, el presidente de la AFA evitó responder con declaraciones y se mostró sonriente junto a Lionel Messi en Ezeiza, en un gesto leído como un mensaje político frente al oficialismo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, recibió este lunes un respaldo clave de Lionel Messi, luego de haber sido acusado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de integrar una red destinada a desestabilizar al Gobierno nacional.

“¡Cómo sonríe el 10! Qué alegría volver a verte, Leo querido”, publicó Tapia en sus redes, acompañado de fotos con el capitán de la Selección. El mensaje, breve y distendido, contrastó con la gravedad de la denuncia oficial, que lo vincula con presuntos vínculos con espías extranjeros y la difusión de audios de la Casa Rosada.

El gesto no pasó inadvertido. La relación entre Messi y Tapia es de larga data y en el oficialismo reconocen el riesgo político de un enfrentamiento con el ídolo más popular del país. No es la primera vez: el año pasado, cuando el Gobierno intentó avanzar con la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas, la sola posibilidad de un pronunciamiento de Messi fue suficiente para frenar el proyecto.

Tapia eligió el silencio como respuesta directa a Bullrich y volvió a refugiarse en el poder simbólico del fútbol, un terreno en el que la Casa Rosada no logra hacer pie. Mientras el Ejecutivo multiplica acusaciones y denuncias, la imagen de Messi abrazado al presidente de la AFA expone un límite difícil de franquear: el de la legitimidad popular que el deporte todavía conserva frente a la política.

Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.

La oposición en el Congreso Nacional se moviliza para poner un freno a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la polémica denuncia contra periodistas que difundieron audios de Karina Milei. Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.

El conflicto surgió a raíz del decreto 383/2025, firmado este año por Bullrich y Milei, que reestructuró funciones de la Policía Federal, incorporando tareas de espionaje. Según la oposición, estas competencias entran en conflicto con la Ley de Inteligencia Nacional Nº25.520 y eliminan el control parlamentario sobre las actividades de inteligencia.

El senador Martín Lousteau, presidente de la comisión bicameral que supervisa las tareas de espionaje, junto a su correligionaria Mariela Colett y legisladores de UP, enviaron notas a los presidentes de ambas cámaras, cuestionando el decreto. En ellas, señalan que la medida habilita a la Policía Federal a actuar en el marco de la Ley 25.520 sin el necesario control legislativo, generando riesgos de uso arbitrario de información y vulneración de derechos.

“La PFA debe observar lineamientos claros en el desarrollo de sus tareas y respetar el control parlamentario, un pilar esencial del Estado de Derecho”, advirtieron Lousteau y los legisladores opositores. Agregaron que la superposición de funciones debilita la coordinación del sistema de inteligencia y compromete la transparencia de las acciones estatales.

La nota de la bicameral deja en claro que la ministra no puede atribuirse facultades sobre inteligencia sin pasar por la supervisión legislativa, como ocurre regularmente con los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según la oposición, la cercanía de Bullrich con Milei podría estar motivada por la pérdida de confianza de este último en los servicios tradicionales de inteligencia.

Lousteau calificó de “acto de autoritarismo” el pedido de allanamiento a periodistas, destacando que se trata de un ataque a la democracia y al secreto de las fuentes, en medio de denuncias de corrupción, incluido el desvío de fondos para personas con discapacidad.

La unidad opositora anticipa que el decreto que amplía los poderes de Bullrich podría ser rechazado en el recinto mediante una mayoría simple en ambas cámaras, fácilmente alcanzable con los acuerdos ya consolidados. No obstante, la ministra podría conservar influencia hasta diciembre, cuando planea asumir un cargo en el Senado, postulada por Milei como presidenta provisional. Sin embargo, UP no garantiza su aval a la línea sucesoria, y podrían negociar otras alternativas con La Libertad Avanza.

En principio, la versión en español del medio de finanzas de EEUU Bloomberg tituló: “Justicia argentina ordena cese de difusión de audios de Karina Milei”.

Luego de que el Gobierno lograra un “bozal” legal contra la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a la secretaria de Presidencia Karina Milei, el hecho generó gran repercusión mundial en los principales medios del mundo.

La medida se dio luego de que la gestión de Javier Milei apelara a la Justicia, ante el avance del caso de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo que alcanzan a la cúpula del Ejecutivo.

Los principales medios del mundo no fueron neutrales y cubrieron la noticia. Entre ellos, se pueden mencionar El País, El Mundo (España); Bloomberg (EEUU); O Globo (Brasil); El País Uy; La Tercera, Emol (Chile); CNN en Español y BBC Mundo.

En esa línea, desarrolló que “seis días antes de una elección clave en Buenos Aires, un juez federal en Argentina ordenó el cese de la difusión de los audios” y tildó el caso como “un escándalo de sobornos”.

Por su parte, el medio español El País tituló que “Milei consigue que un juez prohíba la difusión de audios de su hermana grabados en la Casa Rosada” y citó que el Gobierno denuncia una “operación ilegal” vinculada a la inteligencia rusa.

A la par, El Mundo, también de España, anunció la medida afirmando que “El gobierno argentino logra que un polémico juez prohíba difundir los audios de la hermana del presidente y sospecha de espías rusos”.
Del lado latinoamericano, el medio uruguayo El País Uy afirmó que el “Gobierno argentino realizó una denuncia por filtración de audios de Karina Milei” y mencionó que “allanarán casa de Jorge Rial”. Siguiendo, el medio brasileño O Globo apuntó a que un “Tribunal argentino prohíbe difusión de audios de hermana de Milei tras denuncia del gobierno”.

Por el lado de Chile, Emol dijo que el Gobierno “denuncia espionaje ilegal” por la filtración de los audios de la secretaria y “pide allanar casas de periodistas”. Su par, La Tercera, sumó que “un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei” y agregó que la gestión “denuncia una operación de desestabilización extranjera antes de las elecciones legislativas”.

El Gobierno logró “bozal” legal para audios por presuntas coimas y denuncia complot

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, remarcó el vocero Manuel Adorni. Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Julián Ercolini.

Previo a conocerse la denuncia, ingresó en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo el abogado y procurador del Tesoro Nacional, Santiago Castro Videla. Según señalaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito, la maniobra “consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.

Entre los responsables identificados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. En este marco, la Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio de comunicación “Carnaval Stream”.

La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia el pasado 12 de agosto desató una fuerte polémica en Tierra del Fuego, donde crece la preocupación por el alcance de los ejercicios militares realizados en conjunto con fuerzas argentinas y las intenciones de Estados Unidos en la provincia austral.

La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia y las reiteradas presiones de Washington para instalar infraestructura militar en Tierra del Fuego encendieron fuertes alarmas sobre la soberanía nacional en el extremo austral del país.

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, presentó en el Senado un enérgico pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique las circunstancias bajo las cuales se permitió el ingreso de tropas extranjeras el pasado 12 de agosto, en el marco de ejercicios militares combinados con fuerzas argentinas.

“Es inaceptable que las fuerzas del principal aliado de Gran Bretaña pisen nuestro suelo fueguino”, advirtió la legisladora en declaraciones a El Sureño, acusando al presidente Javier Milei de una “entrega de soberanía” que pone en riesgo no solo la seguridad provincial, sino también los intereses estratégicos de la Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

Los interrogantes planteados al Gobierno

El documento presentado en el Senado exige que se aclare:

• Autorización legal: si el ingreso de tropas contó con aval del Congreso, como marca la Constitución, o si se habilitó mediante un DNU inconstitucional.
• Acceso a instalaciones sensibles: si los marines accedieron a la Base Naval Almirante Berisso u otros sistemas estratégicos de comunicación.
• Implicancias geopolíticas: si la operación compromete la logística antártica o información relativa a las Islas Malvinas.
• Protección de la soberanía: qué medidas se tomaron para resguardar la seguridad nacional.

López insistió en que no se opone a la cooperación internacional, pero subrayó que esta debe realizarse respetando la Constitución y la soberanía. “No podemos permitir que la Base Naval de Ushuaia se convierta en una plataforma extranjera en lugar de un centro argentino de investigación y desarrollo antártico”, agregó.

La presión de Estados Unidos por el radar y una base naval

El contexto se vuelve aún más complejo tras las visitas del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien este año se reunió dos veces con autoridades argentinas para impulsar la reactivación de un radar instalado en Tolhuin y promover una base de submarinos en Ushuaia.

Ese radar, operado por la empresa LeoLabs, quedó envuelto en polémica luego de que el gobierno fueguino le revocara los permisos a fines de 2023, al denunciar sus vínculos con el Ministerio de Defensa del Reino Unido y advertir sobre un posible uso militar. Según documentos oficiales, Gran Bretaña accede a la información generada por las antenas de la compañía en distintos puntos del mundo.

Washington sostiene que se trata de un sistema de “rastreo de basura satelital”(aunque la misma empresa reconoce en su sitio web sus capacidades duales) y presiona para que vuelva a funcionar, mientras niega cualquier control británico. Sin embargo, en Tierra del Fuego advierten que su reactivación pondría en riesgo información estratégica sobre el Atlántico Sur permitiendo entre otras cosas una alerta temprana a las fuerzas británicas que conforman junto a los Estados Unidos la alianza UKUSA de espionaje electrónico global que jugó un papel clave en la guerra de Malvinas proporcionando información vital a Gran Bretaña.

Paralelamente, Estados Unidos insiste en establecer un atracadero para submarinos nucleares en Ushuaia, lo que en los hechos consolidaría una base integrada de operaciones en el Cono Sur. Según fuentes locales, esta pretensión se enmarca en la estrategia global de Washington de limitar la influencia china en la región, pero a costa de debilitar la autonomía argentina en su territorio más austral.

Riesgo de una “rendición silenciosa”

El reclamo de la senadora López cobra aún mayor relevancia al recordar que durante la Guerra de Malvinas, en 1982, Estados Unidos apoyó activamente al Reino Unido con logística, inteligencia satelital y armamento. Permitir hoy la instalación de tropas y bases estadounidenses en Tierra del Fuego —afirma la legisladora— constituye una “rendición silenciosa” frente a los mismos actores que colaboraron en la derrota argentina.

“Se está traicionando la esencia misma de nuestra identidad nacional”, advirtió. “La soberanía no se negocia, y mucho menos en el suelo más austral de la patria”.

La medida refleja un evidente seguidismo de la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”.

En una decisión que marca un fuerte giro en la política exterior argentina, el gobierno de Javier Milei anunció que el país dejará de participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno de los principales órganos internacionales dedicados a la promoción y protección de las libertades fundamentales.

La medida refleja una clara sintonía con la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”. Ahora, la Casa Rosada justifica su salida con un discurso similar, al afirmar que la Argentina no se someterá a “estructuras burocráticas internacionales” que, según el oficialismo, limitan la soberanía nacional.

Sin embargo, el costo político y simbólico es elevado. Argentina había consolidado en este ámbito un prestigio singular: desde la recuperación democrática en 1983, el país fue referente en materia de derechos humanos, en gran parte gracias a la lucha de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a las políticas de memoria, verdad y justicia. Esa tradición le permitió ocupar un rol de liderazgo, presidiendo en varias ocasiones el Consejo y promoviendo resoluciones clave en la agenda global.

Amnistía Internacional lamenta que Argentina retire su candidatura al @UN_HRC de la ONU. Este órgano, integrado por 47 Estados, es central para promover y proteger los DD.HH. en el mundo. ¿Qué significa la retirada de nuestro país del Consejo de Derechos Humanos? Abrimos hilo: pic.twitter.com/QYsDwtoo5m

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 26, 2025

La salida del organismo implica, por tanto, un retroceso histórico y una pérdida de influencia diplomática. Expertos en política internacional señalan que con esta decisión Milei no solo aísla a la Argentina de los consensos multilaterales, sino que también erosiona un capital simbólico que le otorgaba al país legitimidad moral en foros internacionales. En un escenario global marcado por conflictos bélicos, crisis humanitarias, el genocidio en curso en Gaza ( no casualmente avalado por el gobierno de Javier Milei) y un creciente cuestionamiento a las democracias, la ausencia de Argentina en este espacio debilita su capacidad de incidencia y reduce su margen de negociación frente a otras potencias.

El anuncio ya generó críticas de sectores opositores, organismos de derechos humanos y especialistas en relaciones internacionales, quienes advierten que este tipo de gestos pueden deteriorar aún más la posición de la Argentina en el mundo, en un momento en que el gobierno de Milei apuesta por una política exterior centrada en alianzas de subordinación bilaterales selectivas y en un marcado sometimiento a las agendas de política exterior de Estados Unidos e Israel.

La comparación con Donald Trump, lejos de ser casual, es inevitable: ambos líderes, con discursos disruptivos, ven en los organismos multilaterales un obstáculo antes que una oportunidad de cooperación. Pero mientras Estados Unidos puede sostener su influencia global por su peso económico y militar, Argentina carece de esos recursos y dependía, en gran medida, de su prestigio diplomático para proyectar poder en la escena internacional.

Con esta decisión, el gobierno libertario rompe con una de las tradiciones más reconocidas de la política exterior argentina y deja al país más aislado que nunca en el terreno de los derechos humanos, un ámbito donde supo ser escuchado, respetado y considerado ejemplo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelve a quedar en el centro de la polémica por las demoras en modificar la metodología con la que mide la inflación. Pese a los anuncios oficiales sobre la necesidad de “modernizar” el índice, la actualización quedó postergada sin plazos claros, lo que genera dudas sobre la transparencia de los datos y sobre la verdadera dimensión de la suba de precios que sufren los argentinos.

El retraso no es menor: economistas advierten que la canasta de referencia con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya está desfasada respecto del consumo real de los hogares. Con tecnologías, servicios y patrones de gasto que cambiaron radicalmente en los últimos años, seguir usando parámetros viejos implica maquillar la inflación y ofrecer una radiografía incompleta de la economía.

Desde el Gobierno intentan justificar la demora con argumentos técnicos y presupuestarios, pero lo cierto es que detrás subyace un problema político. El Ejecutivo teme que un cambio metodológico exponga una inflación mayor a la que hoy reporta el INDEC y que eso dinamite el relato de que el plan de ajuste está funcionando. Así, la postergación se convierte en una decisión funcional al oficialismo, aunque implique un retroceso en términos de calidad estadística.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue atada a cifras oficiales que no reflejan con precisión el impacto de la inflación en la vida cotidiana. La demora en la actualización del IPC erosiona la credibilidad del INDEC y alimenta las sospechas de manipulación. En un país marcado por la desconfianza hacia las estadísticas públicas, la falta de transparencia no hace más que profundizar la distancia entre lo que dice el Gobierno y lo que sienten los consumidores cada vez que van al supermercado.

En vivo por TN, un militante libertario agarró un cascote de un volquete y segundos después lo mostró como “ataque kirchnerista”. La opereta quedó registrada frente a cámara.

Un insólito momento quedó registrado durante un móvil en vivo de TN, cuando “Flavio”, un militante libertario al que el propio Luis Majul reconoció como alguien con quien habló “muchas veces”, salió a atacar al kirchnerismo con un insólito acting frente a las cámaras.

Días atrás, en plena cobertura del acto de Javier Milei en Lomas de Zamora —que terminó con corridas y con José Luis Espert, candidato libertario por la tercera sección electoral, huyendo en moto junto a un desconocido—, las cámaras registraron cómo el militante montaba una operación contra el kirchnerismo.

En vivo y en directo se lo vio tomar de un volquete un cascote de gran tamaño. “Ese que está agarrando es el famoso volquete con las piedras. Ese es Flavio, que habló muchas veces con nosotros”, admitió el propio Majul, periodista abiertamente anti-kirchnerista.

Lo más indignante ocurrió segundos después, cuando la movilera de TN lo consultó y él, mostrando la piedra que acababa de levantar, sostuvo sin pudor: “A centímetros de la cabeza del Presidente pasó esta piedra. Son estos kirchneristas que vinieron a agredirnos desde temprano. Esto casi me rompe la cabeza recién, me pegó en la espalda”. Todo, pese a que minutos antes había quedado claro que él mismo había tomado el cascote.

Para rematar la opereta, agitó la piedra frente a cámara y lanzó: “El amor vence al odio dicen, acá está el amor”. Una puesta en escena burda, pero transmitida en directo por la señal macrista.

La inflación de agosto se perfila como una señal preocupante para la administración de Javier Milei. Diversas consultoras privadas prevén un índice cercano al 2 %, incluso con estimaciones que lo ubican en 2,2 %. Aunque pueda parecer un número bajo en comparación con la inflación de años anteriores, lo cierto es que la tendencia muestra un freno en la desaceleración, justo cuando el Gobierno necesita consolidar resultados para mostrar cierta estabilidad macroeconómica.

El Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), intenta mostrar un escenario más optimista con una proyección de apenas 1,7 %. Sin embargo, los analistas privados no solo son más cautelosos, sino que advierten que los aumentos de alimentos y servicios están presionando de manera sostenida. Esta diferencia entre el discurso oficial y la realidad de los bolsillos refleja la dificultad del Ejecutivo para sostener un relato económico creíble.

El malestar social se potencia porque el Gobierno prometió un derrumbe rápido de la inflación como prueba de su “plan motosierra” y su ajuste draconiano. No obstante, la aparente estabilidad se apoya en una fuerte recesión y en salarios que no logran recomponerse. La suba de precios en la canasta básica golpea de lleno a los sectores populares y pone en evidencia que el plan económico se sostiene más en recortes que en una estrategia de desarrollo sostenible.

En este contexto, el oficialismo corre el riesgo de que el leve repunte inflacionario erosione aún más su legitimidad política. La falta de resultados palpables en materia de crecimiento y poder adquisitivo deja a la gestión Milei con pocas cartas para mostrar. El discurso de que “la inflación está controlada” empieza a desdibujarse frente a la realidad de los aumentos cotidianos, y amenaza con convertirse en otro flanco de desgaste para un gobierno que ya enfrenta múltiples frentes de conflicto.