El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva pulseada social y política. Aún duramente golpeado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, deberá definir si veta dos normas claves aprobadas con amplio consenso en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica.
El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva pulseada social y política. Aún golpeado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, deberá definir mañana si veta dos normas claves aprobadas con amplio consenso en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica. Ambas apuntan a garantizar fondos para el sistema universitario y para hospitales pediátricos como el Garrahan, que hoy funcionan con recursos al límite.
En caso de que el Presidente avance con el veto, docentes, trabajadores y profesionales de la salud confirmaron un plan de lucha inmediato. La CONADU resolvió por unanimidad que habrá un paro nacional al día siguiente, acompañado de una protesta frente al Palacio Pizzurno. A esto se sumaría la convocatoria a una nueva Marcha Federal, que coincidiría con la sesión parlamentaria donde el Congreso podría insistir en la sanción con los dos tercios de ambas cámaras.
“Hay que consolidar y ampliar el respaldo social en las calles. La próxima Marcha Federal debe presionar para que diputados y senadores rechacen el veto y pongan un freno a la política de ajuste que destruye la universidad”, sostuvo Carlos De Feo, secretario general de CONADU.
Los decanos de las 13 facultades de la UBA también hicieron un llamado público al Ejecutivo para que reglamente la ley aprobada. En un video institucional, junto al rector Ricardo Gelpi, pidieron: “Cuidemos la educación pública. Cuidemos lo que funciona”.
El conflicto involucra no solo a los trabajadores y estudiantes, sino también a miles de pacientes que dependen de los hospitales universitarios y pediátricos. La ley de emergencia sanitaria, aprobada con 62 votos positivos en el Senado, garantiza recursos extra, recomposición salarial y el sostenimiento pleno del Hospital Garrahan, considerado referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.
De confirmarse el veto presidencial, los gremios ya anticiparon que la movilización será de carácter federal, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Con un amplio respaldo social y político, el oficialismo se arriesga a quedar aislado frente a un reclamo que une a la comunidad universitaria, al personal de salud y a la sociedad en general.