El caso deja en evidencia que el gobierno nacional utilizó una mentira deliberada como justificación para implementar un ajuste brutal sobre la población más vulnerable.
El gobierno de Javier Milei, con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse a la cabeza, construyó un relato: aseguraron que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores comunitarios eran “fantasmas”. Ese argumento fue utilizado para suspender la entrega de alimentos a miles de espacios de asistencia, mientras toneladas de comida permanecían almacenadas en galpones oficiales y estuvieron a punto de pudrirse.
Pero todo fue una mentira. Ahora, en un documento oficial, el propio Ministerio de Capital Humano reconoció que dicha auditoría nunca existió.
La revelación surge a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho, inmediatamente después de que Posse, en el Congreso, afirmara categóricamente: “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”. Ante la insistencia de Zaracho y luego de una batalla judicial, Pettovello se vio obligada a responder: no hubo auditoría alguna.
En la contestación oficial, el ministerio admitió que solo realizaron “supervisiones y verificaciones territoriales”, pero aclaró que estas “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría”. En otras palabras: lo que Posse, Pettovello y Milei presentaron como un informe contundente era, en realidad, un simple cruce de datos administrativos sin validez técnica ni legal. La propia cartera lo explicitó: “la referencia al Informe de Auditoría resulta ser inexistente”.
El relato oficial se desmorona aún más con los números. El gobierno solo relevó 2.193 espacios de los más de 35.000 inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM): apenas el 6%. Incluso si la mitad de esos casos relevados hubieran sido irregulares, la proporción real sobre el total sería mínima. Además, organizaciones sociales como La Poderosa señalan que en la práctica nunca hubo inspecciones presenciales: solo se revisaron formularios, sin pisar los comedores.
El caso deja en evidencia que el gobierno nacional utilizó una mentira deliberada como justificación para implementar un ajuste brutal sobre la población más vulnerable. Con el pretexto de una auditoría inexistente, suspendieron la asistencia alimentaria y profundizaron la crisis en barrios donde los comedores son el único sostén frente al hambre.