La sentencia se conocerá este viernes, pero ya hay tres magistrados que votaron en contra del expresidente. Sólo resta que vote un quinto juez.

La Corte Suprema de Brasil reunió la mayoría necesaria para condenar a Jair Bolsonaro por golpismo: tres de cinco jueces ya votaron en contra del exmandatario por su rol en lo que fue entendido como un golpe de Estado fallido contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, perpetrado tras las elecciones generales de 2022. En tanto, otro magistrado votó en contra de que sea condenado el expresidente y pidió la nulidad del juicio.

Si bien la sentencia se conocerá este viernes y aún resta que un juez vote, la Corte ya tiene la mayoría necesaria para que Bolsonaro sea ajusticiado, por lo que podría recibir una condena de 40 años de prisión.

Cabe señalar que fue la jueza Cármen Lúcia Antunes quien votó a favor de una condena este jueves en un pronunciamiento que selló el destino del expresidente: “Querían dañar y secuestrar el alma de la República” al “desmoralizar el proceso electoral”, indicó la magistrada al expresar su voluntad.

La jueza Carmen Lucia Antunez (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

Las votaciones de los otros jueces

Estos fueron los magistrados que ya habían emitido su voto:

• Alexandre de Moraes: fue el primer juez en votar. Se pronunció a favor de condenar a Bolsonaro, argumentando que existía una “organización criminal” liderada por el expresidente que no supo aceptar el resultado electoral.
• Flávio Dino: también votó a favor de la condena. Coincidió en que Bolsonaro fue la “figura dominante” en la conspiración y tenía “dominio sobre todos los hechos”.
• Luiz Fux: sorprendió con su voto en contra, pidiendo la absolución de Bolsonaro y la anulación del proceso. Fux argumentó que no se probó de forma “más allá de toda duda razonable” la responsabilidad criminal del exmandatario y que el tribunal no tiene la jurisdicción para juzgar los hechos, ya que ocurrieron cuando Bolsonaro ya no estaba en el poder.
•  Cármen Lúcia Antunes: votó este jueves, a favor de condenar al exmandatario.

Aún resta que vote Cristiano Zanin. Su decisión no será crucial, dado que ya hay tres de cinco jueces que coincidieron en que Bolsonaro debe ser condenado.

El vocero presidencial reconoció fallas de comunicación tras la derrota en Buenos Aires, pero afirmó que el Ejecutivo no alterará su rumbo económico ni político, a pesar de la disconformidad social.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció este miércoles que el Gobierno cometió “errores” en la comunicación de sus políticas tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, aunque aseguró que la administración de Javier Milei mantendrá su rumbo económico y político.

En declaraciones a A24, Adorni calificó de “error político” la manera en que se transmitieron las medidas oficiales y defendió el legado del Ejecutivo: “Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. No vamos a ceder a volvernos Venezuela”.

El funcionario señaló que, pese a la caída en las urnas, el oficialismo confía en consolidar su apoyo para las elecciones de octubre. “La gente nos va a acompañar. En octubre vamos a ganar, pero no solo ganar, queremos arrasar”, afirmó.

Adorni también responsabilizó al oficialismo provincial por los resultados y cuestionó el sistema electoral bonaerense, criticando la negativa a implementar la Boleta Única de Papel. Además, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por la reciente aplicación de un impuesto sobre Mercado Pago, que afecta a comerciantes e informales.

En materia económica, el vocero reconoció que hay sectores que enfrentan dificultades y admitió que la gestión “no logró explicar de manera sencilla” algunos logros, como la reducción de la pobreza. Sin embargo, reiteró que las políticas del Ejecutivo continuarán “con el sacrificio que un montón de gente viene haciendo, hacia un país próspero, sin inflación y con mejores salarios”.

Un contingente de connacionales llegó esta madrugada desde Texas bajo un operativo estadounidense que los dejó en situación de vulnerabilidad. El retorno reaviva críticas a la política migratoria de Washington.

Diez ciudadanos argentinos fueron deportados desde Estados Unidos y arribaron en la madrugada de este miércoles al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de la empresa Omni Air International procedente de Texas. El operativo, parte de la política de expulsiones masivas aplicada por Washington, los dejó en condiciones precarias y con escasa asistencia estatal tras el reencuentro con sus familias.

El avión, un Boeing 767-300, despegó de Perot Field (Texas) y realizó escalas en Bogotá y Belo Horizonte antes de tocar suelo argentino cerca de las 3.15. Entre los deportados figuran Daniel Rodrigo Céspedes, Maximiliano García, Luciana Lopresti y Sandra Márquez, junto a otros seis compatriotas que pasaron de ser “números” en el sistema migratorio norteamericano a historias de desarraigo en su regreso forzoso.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que la política migratoria de EE.UU. “castiga a los más vulnerables” y que estas deportaciones constituyen una práctica rutinaria que desconoce los vínculos familiares y las trayectorias personales de los expulsados.

Desde el Gobierno argentino se activó un dispositivo de recepción limitado, sin anuncios de programas de reinserción ni medidas específicas para acompañar a los deportados en su retorno. La ausencia de políticas de contención refuerza el escenario de incertidumbre y marginación para quienes llegan con lo puesto.

El operativo de anoche vuelve a colocar en debate el alcance de la soberanía estatal frente a decisiones unilaterales de Washington y abre interrogantes sobre la capacidad de la Argentina para proteger a sus ciudadanos en procesos migratorios marcados por arbitrariedades y desequilibrios de poder.

El caso deja en evidencia que el gobierno nacional utilizó una mentira deliberada como justificación para implementar un ajuste brutal sobre la población más vulnerable.

El gobierno de Javier Milei, con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse a la cabeza, construyó un relato: aseguraron que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores comunitarios eran “fantasmas”. Ese argumento fue utilizado para suspender la entrega de alimentos a miles de espacios de asistencia, mientras toneladas de comida permanecían almacenadas en galpones oficiales y estuvieron a punto de pudrirse.

Pero todo fue una mentira. Ahora, en un documento oficial, el propio Ministerio de Capital Humano reconoció que dicha auditoría nunca existió.

La revelación surge a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho, inmediatamente después de que Posse, en el Congreso, afirmara categóricamente: “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”. Ante la insistencia de Zaracho y luego de una batalla judicial, Pettovello se vio obligada a responder: no hubo auditoría alguna.

En la contestación oficial, el ministerio admitió que solo realizaron “supervisiones y verificaciones territoriales”, pero aclaró que estas “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría”. En otras palabras: lo que Posse, Pettovello y Milei presentaron como un informe contundente era, en realidad, un simple cruce de datos administrativos sin validez técnica ni legal. La propia cartera lo explicitó: “la referencia al Informe de Auditoría resulta ser inexistente”.

El relato oficial se desmorona aún más con los números. El gobierno solo relevó 2.193 espacios de los más de 35.000 inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM): apenas el 6%. Incluso si la mitad de esos casos relevados hubieran sido irregulares, la proporción real sobre el total sería mínima. Además, organizaciones sociales como La Poderosa señalan que en la práctica nunca hubo inspecciones presenciales: solo se revisaron formularios, sin pisar los comedores.

El caso deja en evidencia que el gobierno nacional utilizó una mentira deliberada como justificación para implementar un ajuste brutal sobre la población más vulnerable. Con el pretexto de una auditoría inexistente, suspendieron la asistencia alimentaria y profundizaron la crisis en barrios donde los comedores son el único sostén frente al hambre.

El presidente decidió presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional grabada desde Casa Rosada, en lugar de concurrir al Congreso, como marca la tradición institucional. El mensaje se emitirá el próximo lunes a las 17, en el límite legal para el envío del proyecto.

La determinación de eludir el recinto legislativo ocurre en un contexto de extrema tensión con diputados y senadores, tras una dura derrota electoral y los sucesivos vetos presidenciales a leyes aprobadas por el Parlamento. El gesto refuerza la distancia con el Congreso y evidencia la fragilidad política del Ejecutivo en su vínculo con el resto de las fuerzas.

El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) September 10, 2025

En paralelo, el Gobierno busca recomponer su estrategia interna. Tras los comicios bonaerenses, decidió reactivar una “mesa de política nacional”, ampliar la de campaña provincial y devolver rango ministerial a Interior, con Lisandro Catalán al frente. Mientras tanto, Milei retomará su agenda internacional: tras suspender un viaje a España para atender la coyuntura local, partirá el martes rumbo a Paraguay.

Tres días después de la contundente derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, concejales del PRO que habían ingresado en las listas de La Libertad Avanza confirmaron que no formarán parte de los bloques libertarios y que mantendrán su identidad partidaria bajo el sello macrista. La debacle libertaria es total.

La decisión, que involucra a dirigentes cercanos a Cristian Ritondo, se produce en medio de la interna por el armado bonaerense de cara a octubre. En ese marco, Santiago Caputo mantuvo una cumbre con referentes del PRO con el objetivo de desplazar a Sebastián Pareja, operador clave del esquema libertario en la provincia. Se viene otra guerra en el oficialismo.

La primera en marcar distancia fue la concejal bahiense Gisela Caputo, quien renovó su banca desde el tercer lugar de la lista de La Libertad Avanza, vencedora en Bahía Blanca el último domingo.

“Hay dirigentes del PRO que optaron por afiliarse a LLA y es una decisión respetable. Pero nosotros preferimos mantener la identidad del PRO. No hay una fusión acá”, explicó Caputo en diálogo con LPO.