El Gobierno de Milei se vio obligado a promulgar la Ley de Discapacidad, pero insiste en poner en duda su financiamiento mientras la Justicia lo frena por haber suspendido miles de pensiones de manera ilegal.
El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad, luego de que el Congreso revirtiera el veto de Javier Milei. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien, no obstante, volvió a poner en duda el financiamiento de la medida y acusó a la oposición de “atacar al equilibrio fiscal”.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley”, afirmó Francos, dejando en claro que el oficialismo buscará condicionar su implementación. Incluso llegó a deslizar que antes de pensar en nuevas pensiones habría que “resolver si las que se dieron fueron bien otorgadas”, en línea con las auditorías que derivaron en la suspensión masiva de beneficios a personas con discapacidad.
En paralelo, la Justicia volvió a ponerle freno al ajuste. El Juzgado Federal 2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituir las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas y pagar los haberes retenidos, al considerar que el procedimiento fue irregular y vulneró derechos. El fallo, firmado por el juez Guillermo Díaz Martínez, también prohibió continuar con las auditorías hasta que se aclare el mecanismo legal para realizarlas.
El magistrado advirtió sobre “el peligro de la demora” en la restitución de los haberes, al tratarse de un colectivo vulnerable que no puede esperar indefinidamente una resolución. La medida cautelar fue impulsada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo de Catamarca, quienes denunciaron la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, por establecer requisitos más restrictivos y regresivos para acceder a una pensión por discapacidad.