El presidente se vio obligado a promulgar la norma aprobada por amplia mayoría en el Congreso, pero dispuso que no entre en vigencia hasta que se definan las fuentes de financiamiento.
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso tras el veto de Javier Milei, pero al mismo tiempo trabó su aplicación. El decreto publicado en el Boletín Oficial posterga de manera indefinida la entrada en vigencia de la norma, bajo el argumento de que el Congreso debe establecer las partidas presupuestarias correspondientes.
La ley, aprobada con un fuerte respaldo opositor y también de sectores aliados, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo es garantizar los fondos necesarios para sostener un sistema que atraviesa una grave crisis, con prestadores al borde del colapso y beneficiarios que denuncian la falta de cobertura.
Sin embargo, el Decreto 681/2025 establece que la aplicación queda en suspenso “hasta tanto el H. Congreso de la Nación incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley”. En los hechos, la decisión convierte la norma en letra muerta, al menos por el momento.
Desde la Casa Rosada calcularon que la implementación plena demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35% del PBI. El monto no contempla la ampliación de beneficiarios ni la extensión del Programa Incluir Salud, que también forma parte de la ley.
Entre los puntos centrales se destacan la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad, el acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones, compensaciones económicas de emergencia a prestadores y beneficios impositivos para empleadores que contraten personas con discapacidad.
Con esta maniobra, Milei intenta sostener su política de ajuste en un área especialmente sensible y a contramano de lo que votó el Congreso, que había respondido con firmeza al veto presidencial.