La directora del FMI elogió el rumbo del Gobierno libertario, mientras en Argentina se multiplican los escándalos de corrupción y el malestar social por el ajuste.

El Fondo Monetario Internacional, a través de su directora gerente Kristalina Georgieva, salió a respaldar al presidente Javier Milei y celebró las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bressent. Según Georgieva, Argentina “necesita políticas sólidas de estabilización” para sostener la credibilidad de su plan económico.

El aval internacional, sin embargo, contrasta con la realidad local. El gobierno de Milei acumula derrotas en el Congreso, enfrenta fracturas con los gobernadores y está atravesado por denuncias de coimas que involucran a funcionarios de su círculo íntimo. La situación política deja en evidencia que los aplausos desde afuera no logran frenar la crisis interna.

Desde Washington, el FMI repite el mismo libreto de siempre: ajuste, disciplina fiscal y “estabilidad” como receta para el crecimiento. Pero en Argentina esas medidas se traducen en inflación persistente, recortes en áreas sensibles como discapacidad y universidades, y un creciente descontento social.

Lejos de fortalecer a Milei, el respaldo de Georgieva muestra hasta qué punto el Gobierno se sostiene en el visto bueno de los organismos internacionales y no en el consenso interno. La foto de Milei con el FMI podrá servir para los mercados, pero no resuelve la pérdida de legitimidad política ni el deterioro de la vida cotidiana de millones de argentinos.

Obligado por el Congreso, Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero lo hizo con una trampa para que no se aplique.

El Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, oficializó la promulgación de la norma. Sin embargo, el artículo 2 suspendió su aplicación hasta que el Congreso “incluya las partidas presupuestarias”, es decir, el Ejecutivo trasladó la responsabilidad y dejó la ley en suspenso de manera indefinida. De este modo, Milei convirtió un triunfo popular en un texto vacío.

La ley había sido votada por amplia mayoría en ambas cámaras, con el objetivo de declarar la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y garantizar los recursos mínimos para sostener un sistema al borde del colapso. El Gobierno, en cambio, argumentó que costaría “3 billones de pesos”, apenas el 0,35% del PBI, un monto ínfimo si se compara con los recursos que Milei destina al pago de deuda y beneficios a sectores concentrados.

Entre las medidas más importantes que ahora quedan frenadas figuran la creación de una pensión no contributiva, el acceso garantizado al Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles, compensaciones económicas de emergencia a prestadores y beneficios fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad. En otras palabras, derechos concretos que Milei decidió bloquear.

El mensaje político es claro: por más que el Congreso le haya marcado el límite, Milei se niega a ceder en su plan de ajuste y prefiere desconocer la voluntad popular antes que garantizar derechos básicos. Con esta maniobra, el Presidente no solo ataca a las personas con discapacidad, sino que también erosiona la institucionalidad y convierte a la ley en papel mojado.

La última encuesta nacional de Zuban Córdoba, titulada “Lo peor ya pasó”, muestra que el oficialismo atraviesa su etapa más crítica desde el inicio de la gestión. El 60,9% de los argentinos cree que el país va en la dirección incorrecta y un 61,6% desaprueba el desempeño del Gobierno.

En cuanto a las figuras principales de La Libertad Avanza, el estudio refleja un marcado deterioro:

• Javier Milei: el 59,6% tiene una opinión negativa de su gestión, confirmando una caída sostenida desde principios de año.
• Karina Milei: la 68,2% de imagen desfavorable ubica a la secretaria general de la Presidencia como una de las dirigentes más cuestionadas, a pesar de su rol clave en la estructura de poder libertaria.

Voto castigo y debilidad electoral

La encuesta revela que la derrota en Buenos Aires fue vista por el 60,2% de los encuestados como un voto castigo por corrupción y economía, mientras que solo el 7,2% lo atribuyó a la calidad de los candidatos. En ese marco, el 63,8% reclama un cambio de rumbo político y económico.

De cara a las legislativas, el panorama es adverso para el oficialismo:

• El 57% asegura que votará para castigar al Gobierno, contra un 33,7% que lo apoyaría.
• El 68,6% percibe que el Ejecutivo salió debilitado tras el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpica a Karina Milei y Lule Menem.

Además, un 64,7% desaprueba el estilo de liderazgo presidencial y un 65,9% cree que la gestión manejó mal las últimas crisis. Para la consultora, lejos de haberse superado la etapa más difícil, “lo peor no pasó”.

En este día de la primavera @Zuban_Cordoba nos comparte la última encuesta nacional sobre la gestión del presidente Milei. 👎 pic.twitter.com/NcpATnBKwF

— Aԃɾιáɳ Uɾɾυƚια 🇦🇷 (@AdrianUrrutia0k) September 21, 2025

Escenario en Buenos Aires

En el distrito más decisivo del país, donde vota más del 38% del padrón, la oposición aparece fortalecida: el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, lidera con 41,8%, superando por 10 puntos al oficialista José Luis Espert, que alcanza el 31,9%.

El informe advierte, sin embargo, que el peronismo tampoco debería caer en el triunfalismo, ya que si bien el 54,2% mantiene una visión crítica del kirchnerismo, el rechazo hacia Milei resulta aún mayor: 56,1% se declara antimileísta, frente al 44,5% que se identifica como antikirchnerista.

Una alarma para octubre

Con un 61% que cree que el Gobierno perderá las elecciones si no corrige el rumbo, los datos de Zuban Córdoba colocan al oficialismo en una situación de vulnerabilidad inédita. El contraste entre el eslogan oficial de que “lo peor ya pasó” y los números de rechazo ciudadano configuran un escenario de incertidumbre creciente rumbo a octubre.

El presidente se vio obligado a promulgar la norma aprobada por amplia mayoría en el Congreso, pero dispuso que no entre en vigencia hasta que se definan las fuentes de financiamiento.

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso tras el veto de Javier Milei, pero al mismo tiempo trabó su aplicación. El decreto publicado en el Boletín Oficial posterga de manera indefinida la entrada en vigencia de la norma, bajo el argumento de que el Congreso debe establecer las partidas presupuestarias correspondientes.

La ley, aprobada con un fuerte respaldo opositor y también de sectores aliados, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo es garantizar los fondos necesarios para sostener un sistema que atraviesa una grave crisis, con prestadores al borde del colapso y beneficiarios que denuncian la falta de cobertura.

Sin embargo, el Decreto 681/2025 establece que la aplicación queda en suspenso “hasta tanto el H. Congreso de la Nación incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley”. En los hechos, la decisión convierte la norma en letra muerta, al menos por el momento.

Desde la Casa Rosada calcularon que la implementación plena demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35% del PBI. El monto no contempla la ampliación de beneficiarios ni la extensión del Programa Incluir Salud, que también forma parte de la ley.

Entre los puntos centrales se destacan la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad, el acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones, compensaciones económicas de emergencia a prestadores y beneficios impositivos para empleadores que contraten personas con discapacidad.

Con esta maniobra, Milei intenta sostener su política de ajuste en un área especialmente sensible y a contramano de lo que votó el Congreso, que había respondido con firmeza al veto presidencial.

“Si no lo hacen, se van a desangrar”, advirtió uno de los ejecutivos presentes en la reunión realizada en una entidad financiera de Manhattan. Aunque la discusión se dio antes de que el Banco Central vendiera US$ 678 millones para sostener el techo de la banda, el consenso fue unánime: el esquema ya está agotado.

Tras la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, el futuro del dólar y de la política cambiaria argentina se convirtió en tema central en un encuentro privado de banqueros de Wall Street en Nueva York. Allí, el diagnóstico fue contundente: el ministro de Economía, Luis Caputo, se verá obligado más temprano que tarde a eliminar las bandas cambiarias y liberar el tipo de cambio.

“Si no lo hacen, se van a desangrar”, advirtió uno de los ejecutivos presentes en la reunión realizada en una entidad financiera de Manhattan. Aunque la discusión se dio antes de que el Banco Central vendiera US$ 678 millones para sostener el techo de la banda, el consenso fue unánime: el esquema ya está agotado.

El evento, que reunió a más de 150 referentes del sector, contó con la participación de voces influyentes como Armando Armenta (AllianceBernstein), Pablo Goldberg (BlackRock), Lucas Martin (BofA Securities) y Roberto Sifon-Arevalo (S&P Global Ratings). Todos coincidieron en que, tras la vulneración del sistema, las bandas cambiarias deben ser reconfiguradas o directamente eliminadas.

Pese a la tensión, algunos inversores internacionales mantienen una visión menos pesimista que los locales y creen que el Gobierno aún puede llegar bien a octubre. Sin embargo, remarcan que el esquema cambiario y monetario debe replantearse con urgencia.

En paralelo, la atención está puesta en las gestiones de Javier Milei y Caputo con el Tesoro de Estados Unidos para garantizar los pagos de deuda a futuro. En este marco, la reunión prevista entre Milei y Donald Trump en Nueva York, durante la Asamblea de la ONU, será observada como una prueba clave, así como los contactos con Scott Bessent, referente del Tesoro norteamericano.

El objetivo argentino es obtener un blindaje financiero para afrontar vencimientos por US$ 10.000 millones en 2026, con la posibilidad de acceder al Fondo de Estabilización Cambiaria de EE.UU., que en el pasado apoyó a países de la región como Brasil y México.

Por ahora, lo que quedó claro en Manhattan es que la paciencia de los mercados tiene un límite y que la presión del dólar vuelve insostenible el actual esquema de bandas cambiarias.

Desde comienzos de mes, la inestabilidad cambiaria se trasladó a surtidores con subas de entre 4% y 5% no anunciadas al público, mientras los alimentos aceleran. De acuerdo con Analytica, el rubro registra un alza del 0,2%, con picos en verduras (6,1%) y frutas (5,1%); en consumo masivo se observan incrementos más moderados en lácteos (0,5%) y café, té, yerba y cacao (0,8%). A esto se suma la presión de los servicios, con la medicina prepaga que ajusta entre 1,6% y 1,99%.

En una nota detallada de DataClave se dice que el antecedente inmediato también enciende alertas: los precios mayoristas de agosto subieron 3,1% y acumulan 15,7% en lo que va del año, por encima del 1,9% de la inflación minorista del mismo mes. El movimiento en mayoristas anticipa tensiones hacia adelante, sobre todo cuando la cadena de costos incorpora dólar y combustibles.

El propio Javier Milei reconoció en una entrevista con el Grupo Clarín que “habrá salto de precios” pero aclaró que “eso no es inflación, no hay que confundir”. El presidente parece cada vez más desconectado con la realidad que afecta a millones de argentinos que ven pulverizados sus salarios cada mes. ¿Está bien el presidente?

Totalmente desesperado por una posible catástrofe electoral, el gobierno de Javier Milei anunció que quitará todas las retenciones hasta el 31 de octubre, una semana después de las elecciones. Luego volverá a ponerlas. Plan platita para el campo.

En las recientes elecciones en provincia de Buenos Aires, el gobierno perdió por casi 15 puntos en una paliza fenomenal. Antes, había sacado solo 15% en Corrientes, donde salió cuarto. De repetirse ese escenario, el oficialismo quedaría en una posición todavía más debil de la que se encuentra hoy.

En las redes y con la soberbia habitual, el anuncio fue compartido por Manuel Adorni. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, aseguró el vocero.