Obligado por el Congreso, Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero lo hizo con una trampa para que no se aplique.
El Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, oficializó la promulgación de la norma. Sin embargo, el artículo 2 suspendió su aplicación hasta que el Congreso “incluya las partidas presupuestarias”, es decir, el Ejecutivo trasladó la responsabilidad y dejó la ley en suspenso de manera indefinida. De este modo, Milei convirtió un triunfo popular en un texto vacío.
La ley había sido votada por amplia mayoría en ambas cámaras, con el objetivo de declarar la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y garantizar los recursos mínimos para sostener un sistema al borde del colapso. El Gobierno, en cambio, argumentó que costaría “3 billones de pesos”, apenas el 0,35% del PBI, un monto ínfimo si se compara con los recursos que Milei destina al pago de deuda y beneficios a sectores concentrados.
Entre las medidas más importantes que ahora quedan frenadas figuran la creación de una pensión no contributiva, el acceso garantizado al Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles, compensaciones económicas de emergencia a prestadores y beneficios fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad. En otras palabras, derechos concretos que Milei decidió bloquear.
El mensaje político es claro: por más que el Congreso le haya marcado el límite, Milei se niega a ceder en su plan de ajuste y prefiere desconocer la voluntad popular antes que garantizar derechos básicos. Con esta maniobra, el Presidente no solo ataca a las personas con discapacidad, sino que también erosiona la institucionalidad y convierte a la ley en papel mojado.