La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción de Petri, revelando la profundidad del derrumbe financiero.
Clínicas y sanatorios de Rosario suspendieron la atención a gendarmes, militares, prefectos y sus familias por la deuda acumulada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). En el sur de Santa Fe, el recorte afecta a casi 20 mil afiliados, que hoy se encuentran a la deriva en medio de una crisis sanitaria inédita.
La caída de las prestaciones golpea de lleno a quienes integran las fuerzas federales desplegadas en Rosario, epicentro de la lucha contra el narcotráfico. Mientras el gobierno de Luis Petri y Patricia Bullrich se muestra activo en lo discursivo en materia de seguridad, deja sin cobertura médica a quienes arriesgan su vida en el territorio más violento del país.
“Si tengo que llevar a mi hija a la guardia no sé a dónde ir”, expresó Alejandro Sortino, delegado de ATE en Iosfa, quien aseguró que en 35 años de trabajo jamás presenció una situación semejante. Casos críticos se multiplican: desde embarazadas que no pudieron acceder a una cesárea hasta pacientes oncológicos sin medicación.
La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción, revelando la profundidad del derrumbe financiero. Clínicas y sanatorios cortan convenios región por región según la tolerancia de los prestadores privados, dejando sin servicios básicos a miles de afiliados.
El próximo martes, trabajadores de ATE y familias de las fuerzas de seguridad se movilizarán en Rosario para reclamar el fin del vaciamiento. “Estamos mendigando salud”, denunció Sortino.
La obra social, que alguna vez fue referencia en orden administrativo y cobertura integral, hoy se hunde en un escenario de descontrol que expone la improvisación y el fracaso de la gestión Petri–Bullrich, incapaz de garantizar siquiera la atención médica mínima a quienes deberían estar protegidos por el Estado.