Los propios libertarios habían señalado a Espert por sus vínculos con un narco antes de sumarse a Javier Milei y La Libertad Avanza.

Los vínculos entre José Luis Espert y el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado no son un invento opositor ni una denuncia aislada: fueron expuestos por referentes de La Libertad Avanza mucho antes de que el diputado libertario se sumara a las filas de Javier Milei. Es decir, el propio espacio que hoy lo cobija había advertido sobre sus contactos turbios, sus manejos dudosos y su oportunismo político.

En octubre de 2023, el entonces candidato del PRO a diputado bonaerense y actual presidente del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, lo acusó públicamente de ser un “valijero” y de “subirse al avión de un narcotraficante”. Las palabras no dejaban margen a la duda: dentro del mileísmo sabían de la relación con Machado y lo señalaban como alguien dispuesto a negociar con cualquiera para asegurarse un lugar en la política.

Aún más dura fue la diputada Lilia Lemoine, que en febrero de 2023 denunció que a Espert “lo bancaba un narco” en 2019, lo acusó de haberse metido a hacer política solo por dinero, de ser misógino y hasta de robarse fondos de boletas en 2021. Sus declaraciones no fueron aisladas: también lo describió como “una persona traicionera” con “problemas con narcos” y hasta vinculó un atentado contra su camioneta con el financiamiento de campaña de Machado.

Lo llamativo es que, pese a estas advertencias públicas y documentadas, Espert terminó siendo integrado al oficialismo libertario como si nada hubiera pasado. Las denuncias de sus propios compañeros quedaron enterradas bajo la conveniencia política de sumar figuras, incluso con un pasado rodeado de sospechas.

Lejos de la transparencia y la “lucha contra la casta” que proclama Milei, el caso de Espert revela la doble vara del oficialismo: mientras se jactan de mano dura contra los narcos, no tienen reparo en abrir las puertas a un dirigente que sus propios referentes asociaron con el financiamiento oscuro del narcotráfico. Una muestra más de la hipocresía y la falta de coherencia que atraviesa a La Libertad Avanza.

La nueva restricción del Banco Central limita el acceso a los dólares financieros y castiga a pequeños ahorristas, mientras los analistas advierten que la presión se trasladará al mercado paralelo.

El Gobierno de Javier Milei volvió a cerrar el grifo cambiario con una norma que restringe aún más la operatoria de divisas para individuos. La Comunicación “A” 8336 del Banco Central inhabilita durante 90 días a toda persona que compre dólar oficial para operar con MEP o CCL, y viceversa. En la práctica, la medida acorrala a los pequeños ahorristas y empuja a miles de demandantes hacia el circuito informal.

Especialistas consultados señalan que la decisión reducirá la liquidez en los dólares financieros y abrirá la puerta a movimientos bruscos de precios, con un riesgo creciente de presión sobre el tipo de cambio oficial. La brecha cambiaria, advierten, quedará aún más atada a la dinámica del blue, que aparece como la única válvula de escape frente a un mercado formal cada vez más clausurado.

En agosto, las compras de particulares ya habían caído casi 40 % por el encarecimiento del “dólar ahorro” y las trabas crecientes. Ahora, la restricción se profundiza y consolida un esquema en el que la mayoría de la población queda excluida del acceso a divisas legales, mientras las grandes empresas encuentran resquicios para seguir operando.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró la medida con la frase “se cortó un kiosco de unos pocos”. Sin embargo, el trasfondo muestra otra realidad: un gobierno que preserva las reservas a fuerza de castigar a los sectores medios, mientras la dolarización de la economía avanza por canales paralelos y sin control.

El rescate financiero que negocia el Gobierno con Washington incluye exigencias sobre recursos estratégicos, lo que alimenta las críticas de quienes denuncian una entrega de soberanía a cambio de dólares.

El Gobierno nacional intensifica sus gestiones para obtener apoyo económico de Estados Unidos, pero la ayuda viene acompañada de condiciones que despiertan fuertes cuestionamientos. Detrás del salvavidas financiero aparece el interés norteamericano por los minerales críticos de Argentina, con el litio en primer plano.

Según trascendió, los acuerdos contemplan la apertura de licitaciones provinciales a empresas estadounidenses, exigencias de transparencia en los contratos y un rol de supervisión sobre la gobernabilidad interna. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el respaldo de Washington “es una decisión geopolítica” y admitió que el desembolso de fondos estará ligado a inversiones en el “sector real”.

La hoja de ruta no es nueva: en agosto de 2024 se firmó un Memorándum de Cooperación con EE.UU. que habilita a ese país a acceder a información sobre cadenas de suministro de minerales críticos. En la práctica, esto implica que las provincias deberán compartir datos sensibles de sus recursos, especialmente litio, tierras raras y cobre.

Especialistas advierten que Argentina, pese a poseer más del 50 % de las reservas mundiales de litio, solo obtiene alrededor del 10 % del valor agregado. El esquema que propone el acuerdo refuerza el lugar de proveedor subordinado de materia prima, mientras la transformación industrial y las mayores ganancias seguirán quedando fuera del país.

Otro aspecto polémico es la exigencia de “orden institucional” y de disciplina en el Congreso como condición para liberar fondos. Caputo confirmó que esta cláusula forma parte de las conversaciones, lo que en la práctica subordina decisiones políticas locales a la agenda de Washington.

En un contexto de vencimientos de deuda que superan los USD 65.000 millones entre 2026 y 2027, críticos sostienen que el Gobierno de Milei se coloca contra la pared y acepta concesiones que hipotecan soberanía sobre los recursos estratégicos.

El hecho generó un fuerte malestar en el cuerpo diplomático argentino, dado que nuestro país no reconoce la independencia de Kosovo y que, además, ese Estado ha desplegado efectivos militares en las Islas Malvinas en abierta complicidad con el Reino Unido, contribuyendo a la usurpación británica en el Atlántico Sur.

El presidente argentino Javier Milei fue fotografiado en Nueva York junto a la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, en lo que constituye la primera imagen pública de un contacto oficial entre mandatarios de ambos países. El hecho generó un fuerte malestar en el cuerpo diplomático argentino, dado que nuestro país no reconoce la independencia de Kosovo y que, además, ese Estado ha desplegado efectivos militares en las Islas Malvinas en abierta complicidad con el Reino Unido, contribuyendo a la usurpación británica en el Atlántico Sur.

Kosovo en Malvinas: un antecedente hostil hacia Argentina

La Asamblea kosovar aprobó un acuerdo militar con Londres que habilitó la participación de soldados de la Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF) en la Roulement Infantry Company (RIC), unidad británica rotativa en el archipiélago. El propio Ministerio de Defensa de Kosovo difundió imágenes del contingente tras cumplir funciones en Malvinas, en un rol de apoyo e interoperabilidad con tropas británicas.
En 2023, la Cancillería argentina condenó con firmeza esta decisión, señalándola como un “acto unilateral incompatible con las resoluciones de Naciones Unidas”, que instan a no alterar la situación mientras persista la disputa de soberanía.

Desde 2008, Argentina sostiene el no reconocimiento de la independencia kosovar, en línea con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda la integridad territorial de Serbia. La posición argentina obedece, además, a un criterio estratégico: aceptar una secesión unilateral como la de Kosovo equivaldría a debilitar la causa Malvinas y dar argumentos a la ocupación británica.
Este alineamiento diplomático ha sido compartido con socios clave como Brasil, Rusia, China e India, y reforzado por el propio apoyo de Serbia al reclamo argentino en foros internacionales.

Malestar en la diplomacia argentina

En este marco, la foto de Milei con Osmani es interpretada como un gesto de imprudencia diplomática que erosiona la posición histórica de Argentina en materia de posicionamiento internacional y soberanía. Para el cuerpo diplomático, se trata de un error que envía una señal contradictoria al mundo: mientras Argentina reclama contra la ocupación británica en Malvinas, el Presidente aparece sonriente con la mandataria de un Estado que aporta tropas a esa misma ocupación.
El malestar es profundo porque la reunión no solo contradice la política exterior argentina de larga data, sino que se produce en un contexto de tensiones globales donde el Reino Unido y la OTAN buscan nuevas alianzas para legitimar su presencia colonial en el Atlántico Sur.

El décimo mes del año arranca con subas en servicios clave que impactarán de lleno en la inflación y en la economía familiar. Una encuesta reveló que la mayoría de los trabajadores agota su salario en apenas dos semanas.

Octubre no da respiro al bolsillo. Este mes habrá aumentos en alquileres, prepagas, colegios privados, transporte público y servicios de cable y telefonía, a los que podrían sumarse nuevas subas en combustibles, luz y gas.

El golpe llega en un contexto en el que ocho de cada diez argentinos no logran llegar a fin de mes: según un informe de la plataforma Bumeran, los salarios alcanzan en promedio sólo para dos semanas, dejando a la mayoría de los trabajadores sin recursos a mitad de mes.

Uno por uno, los aumentos de octubre

• Alquileres: los contratos alcanzados por la derogada Ley de Alquileres subirán 46,1%.
• Prepagas: las cuotas aumentarán entre 1,9% y 2,4%, con impacto también en copagos.
• Colegios privados: en CABA, las cuotas de instituciones con subvención estatal se incrementarán 2,1%, con valores que irán de $37.649 a $259.072 según el nivel.
• Transporte: en provincia, los colectivos aumentarán 3,9% y el mínimo costará $550,09. En CABA, el boleto mínimo ascenderá a $546,66 y el Subte pasará a $1.112,76.
• Cable y telefonía: las empresas anticiparon subas de hasta 3%.
• Combustibles: se espera un ajuste parcial en el impuesto a los combustibles líquidos, mientras las petroleras ya aplicaron incrementos de hasta 7% en los últimos meses.
• Luz y gas: aunque aún no se oficializó, analistas prevén aumentos cercanos al 1,9%.

Salarios en crisis

La encuesta de Bumeran mostró que el 86% de los consultados no logra cubrir sus necesidades básicas y que el 58% vio deteriorado su poder adquisitivo en los últimos meses.

El gasto principal señalado por los trabajadores es el alquiler (43%), seguido por alimentos (30%), pago de deudas (12%), educación (5%), transporte (3%) y salud (3%).

“Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores”, advirtió Federico Barni, CEO de la plataforma.

En este escenario, octubre arranca con más presión sobre los bolsillos, consolidando un clima de fuerte tensión entre la inflación oficial —que en agosto fue del 1,9% según el INDEC— y la realidad diaria de los hogares, donde la plata cada vez rinde menos.

La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 15 y el 24 de septiembre, confirma la abrupta caída del gobierno de Milei en la consideración de la ciudadanía. Dos de cada tres personas se manifiestan descontentas con la situación actual.

El relevamiento indica que el 66% de los consultados se declara insatisfecho con la marcha general de las cosas, mientras que solo un 32% manifiesta satisfacción. 

La aprobación al gobierno de Javier Milei se ubica en 39%, tres puntos menos que en la medición de julio, en tanto que la desaprobación asciende al 58%. 

La relación entre el diputado liberal José Luis Espert (es candidato ahora a renovar su banca) y el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos por una denuncia de narcotráfico y fraude, suma un nuevo capítulo.

De acuerdo con registros contables incorporados al expediente de tribunales federales de Texas, Estados Unidos, un fideicomiso manejado por Machado y su socia, la empresaria norteamericana Debra Lynn Mercer-Erwin, habría transferido 200 mil dólares a Espert en febrero de 2020. La anotación aparece en un documento validado por un gran jurado y fiscales del distrito Este de Texas, que procesaron a ambos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. ¿Espert y La Libertad Avanza no dirán nada?

Mercer-Erwin fue condenada en noviembre pasado a 16 años de prisión en Estados Unidos, mientras que Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma, a la espera de que la Corte Suprema defina su futuro. La operatoria de la que se lo acusa no es menor: un esquema Ponzi montado sobre la supuesta compraventa de aviones, donde naves inexistentes o ficticias se revendían una y otra vez para captar adelantos o préstamos.

El detalle del fideicomiso, llamado Aircraft Guarantee Corp, incluye cientos de movimientos entre 2016 y 2020. En el renglón 920 de un excel que contabiliza egresos (“wire out”), aparece consignada la transferencia a Espert. Ese dato vuelve a poner bajo la lupa al economista, que hasta ahora evitó responder consultas sobre el tema. Tampoco Machado ni su abogado quisieron hacer declaraciones, según reseñó una investigación del periodista Sebastián Lacunza.

El impacto político es evidente. En un contexto en el que La Libertad Avanza intenta mostrarse como fuerza adalid de la “transparencia” frente a la casta, la revelación de un vínculo financiero con un empresario procesado por narcotráfico y fraude internacional resulta explosiva. Más aún porque plantea una disyuntiva incómoda para Espert: explicar el origen y la justificación de esos fondos o cargar con el costo del silencio.

La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción de Petri, revelando la profundidad del derrumbe financiero.

Clínicas y sanatorios de Rosario suspendieron la atención a gendarmes, militares, prefectos y sus familias por la deuda acumulada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). En el sur de Santa Fe, el recorte afecta a casi 20 mil afiliados, que hoy se encuentran a la deriva en medio de una crisis sanitaria inédita.

La caída de las prestaciones golpea de lleno a quienes integran las fuerzas federales desplegadas en Rosario, epicentro de la lucha contra el narcotráfico. Mientras el gobierno de Luis Petri y Patricia Bullrich se muestra activo en lo discursivo en materia de seguridad, deja sin cobertura médica a quienes arriesgan su vida en el territorio más violento del país.

“Si tengo que llevar a mi hija a la guardia no sé a dónde ir”, expresó Alejandro Sortino, delegado de ATE en Iosfa, quien aseguró que en 35 años de trabajo jamás presenció una situación semejante. Casos críticos se multiplican: desde embarazadas que no pudieron acceder a una cesárea hasta pacientes oncológicos sin medicación.

La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción, revelando la profundidad del derrumbe financiero. Clínicas y sanatorios cortan convenios región por región según la tolerancia de los prestadores privados, dejando sin servicios básicos a miles de afiliados.

El próximo martes, trabajadores de ATE y familias de las fuerzas de seguridad se movilizarán en Rosario para reclamar el fin del vaciamiento. “Estamos mendigando salud”, denunció Sortino.

La obra social, que alguna vez fue referencia en orden administrativo y cobertura integral, hoy se hunde en un escenario de descontrol que expone la improvisación y el fracaso de la gestión Petri–Bullrich, incapaz de garantizar siquiera la atención médica mínima a quienes deberían estar protegidos por el Estado.