La posición de José Luis Espert quedó en el centro de la tormenta tras confirmarse que la empresa que le giró 200.000 dólares está directamente vinculada al empresario argentino detenido en EE.UU. por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.
En un intento de despejar dudas, el candidato de La Libertad Avanza admitió haber cobrado esa suma, aunque aseguró que fue producto de un contrato de consultoría con Minas del Pueblo S.A.. Sin embargo, publicaciones de 2020 y 2021 de CMI-Guatemala y del Ministerio Público de ese país derrumban esa línea de defensa: ambas fuentes señalan a la minera como parte de la estructura de lavado y narcotráfico de Machado, e incluso la vinculan con una avioneta y una pista de aterrizaje clandestina investigadas judicialmente.
El problema para Espert es que su explicación se desmorona frente a la evidencia documental. Mientras él insiste en que se trató de un trabajo profesional independiente y que “no pecó más que de ingenuidad”, la información guatemalteca lo deja sin margen: la empresa que lo contrató era de Machado.
El golpe es doble. Por un lado, reaviva las sospechas de posibles conexiones financieras entre un dirigente político argentino y redes criminales internacionales. Por otro, deja a Espert en una posición sumamente frágil, ya que sus aclaraciones resultaron poco convincentes y hasta contradictorias frente a los antecedentes públicos.
Lo que buscaba ser un descargo para cerrar el tema terminó abriendo más preguntas: ¿cómo pudo desconocer la relación de Minas del Pueblo con Machado si ya había publicaciones oficiales y periodísticas que lo señalaban? ¿Y por qué aceptó un pago millonario de una firma con semejante prontuario?
Las revelaciones desde Guatemala no solo complican al candidato libertario: también profundizan la crisis de credibilidad que lo rodea.