La profunda crisis que atraviesa la industria automotriz argentina sumó un nuevo capítulo con la decisión de Renault de despedir a 300 trabajadores de su histórica planta de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba.
El caso expone con crudeza el deterioro de la producción nacional, afectada por la caída de la demanda interna, el avance de los vehículos importados y el creciente reemplazo de empleados con antigüedad por mano de obra más barata y precarizada.
Durante los últimos días, numerosos operarios denunciaron haber recibido llamados de la empresa para comunicarles que no continuarían en sus puestos. Según relataron, las autoridades ofrecen “acuerdos” o “retiros voluntarios” como una forma encubierta de despido, buscando evitar que las cesantías figuren oficialmente como tales.
Desde la firma, sin embargo, aseguran que las desvinculaciones fueron “de común acuerdo” y justifican la medida en el final de la producción de la Nissan Frontier, que arrastra también al modelo Renault Alaskan, además de un “reordenamiento productivo” que concentrará la fabricación en un utilitario pequeño previsto para 2026.
Un reflejo de una crisis más amplia
Más allá de los argumentos empresariales, los trabajadores afirman que los despidos alcanzaron a diferentes áreas de la planta y no solo a los sectores vinculados a los modelos discontinuados. Denuncian que la empresa está reemplazando empleados con larga trayectoria por contratados, con el fin de reducir costos laborales. “Con uno de nosotros pagan hasta tres contratados”, señaló uno de los despedidos, quien acusó a la automotriz de “hacer un colador para quedarse solo con la gente que quiere y bajar el costo humano”.
El caso Renault se inscribe en un contexto de fuerte recesión industrial. El sector automotriz, históricamente motor de la producción nacional, enfrenta una caída sostenida en la demanda interna, mientras los vehículos importados ganan mercado por sus precios más bajos. Esta situación ha provocado una cadena de suspensiones, cierres parciales y despidos en distintas terminales y autopartistas del país.
Trabajadores de la planta cordobesa recordaron además que existe un recurso de amparo presentado ante la Justicia para frenar los despidos, aunque la empresa no reconoce su vigencia. En paralelo, reclamaron medidas que impidan que las automotrices utilicen estrategias de reemplazo de personal “viejo” por contratados temporarios.
“La prioridad debería ser mantener la fuente laboral de los empleados de planta. No podemos permitir que el ajuste se haga sobre los trabajadores con más años y más derechos”, concluyeron.