La noticia cayó como una bomba en Bahía Blanca y generó un profundo malestar entre los vecinos y las autoridades locales: el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, le está cobrando al municipio más de 50 millones de pesos por los puentes desmontables que el Ejército instaló tras el devastador temporal de marzo.

El hecho, revelado a través del Boletín Oficial Municipal, desató una ola de indignación y enojo. En un momento en que la ciudad aún intenta levantarse de los destrozos, el Gobierno nacional —que ya había recortado a la mitad la ayuda prometida— ahora le pasa una factura millonaria por lo que en su momento se presentó como un gesto de asistencia humanitaria.

Según se conoció, la Municipalidad deberá pagar más de 43 millones de pesos cada tres meses por los dos puentes Bailey, además de un seguro adicional superior a 8 millones. “Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía”, admitió con frustración el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, quien confirmó la medida en declaraciones radiales.

La indignación también alcanzó al arco político local. En el presupuesto nacional 2026, Bahía Blanca no figura con ninguna obra asignada, a pesar de que la reconstrucción de los puentes arrasados por el agua —en la Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 3— es una necesidad urgente.

La diputada bonaerense Natalia Dziakowski fue una de las voces más críticas. En redes sociales, denunció que el Gobierno nacional “factura la ayuda” mientras mantiene vetada la ley de emergencia y sigue recortando los fondos para la recuperación de la ciudad. “No hay federalismo sin justicia territorial”, escribió la legisladora, reclamando empatía e inversión real del Estado.

Los puentes modulares —de tipo COMPAC BAILEY, con rampas de 36,5 metros— fueron instalados sobre el canal Maldonado, en las avenidas Malvinas y Santa Cruz, para restablecer la conectividad entre barrios afectados. Hoy, esa infraestructura de emergencia se transformó en una nueva carga económica para una comunidad que aún llora a sus 18 víctimas fatales y lucha por reconstruirse.

La paradoja no pasa inadvertida: mientras Bahía Blanca enfrenta el peso del abandono y la factura de su propia desgracia, Javier Milei y La Libertad Avanza fueron la fuerza más votada en la ciudad. La pregunta resuena entre vecinos y funcionarios por igual:
¿cómo se puede cobrar lo que se prometió como ayuda solidaria?
Y, quizás la más punzante de todas:
¿a quién votarán los bahienses el 26 de octubre?

El Foro Permanente Discapacidad llamó a una nueva concentración, esta vez en la sede de ANDIS, para reclamar por el ajuste que lleva a cabo Javier Milei.

El Foro Permanente Discapacidad convocó a una nueva movilización, esta vez a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en reclamo por la crisis que atraviesa el sector por el ajuste que lleva a cabo el Gobierno y que perjudica a miles de personas con discapacidad.

Denunciaron desde el Foro que “la inacción de la Agencia Nacional de Discapacidad pone en riesgo derechos, trabajos y vidas”, por lo que convocaron para el viernes a las 11 horas en la sede central de ANDIS, ubicada en Dragones 2200, de la Ciudad de Buenos Aires.

“Llamamos a un cese de actividades en sede para exigir: cumplimiento de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único, Aumento de aranceles YA y pago sin demoras de compensaciones atrasadas establecido por la Ley 27.793”, reclamaron.

En el marco de las protestas y continua lucha que vienen llevando a cabo desde hace meses, semanas atrás personas con discapacidad, familiares, organizaciones, prestadores, profesionales y personas comprometidas con el sector volvieron a manifestarse en Plaza de Mayo para expresar el rechazo absoluto a la decisión del Gobierno Nacional de no ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad, por lo que entregaron una carta al presidente Javier Milei.

Las personas convocadas en esa oportunidad hicieron una caminata alrededor de la Plaza con una consigna clara: “Ejecución ya de la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Esta nueva y masiva manifestación contó con réplicas en distintos puntos del país.

De esta manera, durante dicha movilización, el FORO entregó al presidente Javier Milei una nota en la que reclama la implementación inmediata de la ley.

“Esperamos que no dilate más la ejecución de la ley y se pase a cumplir lo establecido por el Congreso de la Nación”, concluye la carta dirigida hacia el mandatario.

El exembajador argentino en Estados Unidos y China, y actual candidato a senador porteño por la Ucedé, Diego Guelar, lanzó duras críticas contra Mauricio Macri al acusarlo de “disolver” al PRO tras el acuerdo electoral con La Libertad Avanza. En declaraciones al portal CORTA, Guelar aseguró que el expresidente “está más dedicado al Bridge que a la política” y cuestionó su rol en la alianza con Javier Milei.

“Macri disolvió el partido y lo eliminó de la oferta electoral para las próximas elecciones. En la política, Macri está en un cajoncito en la mesa de luz del presidente Milei”, afirmó Guelar desde el Coloquio IDEA, en Mar del Plata. Según el exembajador, el PRO perdió la oportunidad de sostener una fuerza propia de centro derecha y quedó subordinado al oficialismo libertario.

Las críticas de Guelar se suman a otras declaraciones recientes en las que había calificado al expresidente como un “reverendo hijo de puta” por su acuerdo con Milei. En esta ocasión, además, el dirigente vinculó la decisión de Macri con su caída en imagen pública: “Lo veo más moviéndose en la FIFA, en el Bridge o en el golf que en la política”, dijo, en línea con la percepción dentro del propio Gobierno sobre la alta negatividad que tendría el fundador del PRO, cercana al 70% según encuestas manejadas por la Casa Rosada.

Guelar también explicó por qué decidió competir desde la Ucedé: “Inventé una candidatura para estar presente, porque yo era precandidato a senador por el PRO. Durante ocho meses planteé que debía haber una interna para ganar o perder dentro del partido, con aliados de centro derecha. No ocurrió, y por eso decidí presentarme igual”.

El exembajador, que fue una figura clave durante el gobierno de Macri, se convirtió así en una de las voces más críticas dentro del antiguo espacio amarillo, hoy absorbido por la alianza con La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei fue sorprendido este miércoles por una pregunta directa del periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista en Radio Mitre. “Presidente, la gente no llega a fin de mes. ¿Qué le dice a esa gente?”, lanzó el conductor, en un momento de tensión que descolocó al mandatario.

Milei, que venía desarrollando su habitual defensa de la política de ajuste y de las metas fiscales, ensayó una respuesta evasiva. Sostuvo que “la inflación está bajando” y que “los salarios están empezando a recuperar poder adquisitivo”, aunque reconoció que “el proceso lleva tiempo”.

Feinmann insistió en que, más allá de los números, “la realidad es que la gente no llega”. El periodista recordó que los aumentos de tarifas, el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de poder de compra afectan incluso a sectores de clase media.

La escena marcó un cambio de tono en la relación entre Milei y uno de los periodistas que más lo respaldó durante la campaña. El intercambio se viralizó en redes y abrió un debate sobre el costo social del ajuste libertario.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la estabilización económica está “en marcha” y que “el sacrificio valdrá la pena”. Pero, como reflejó la pregunta de Feinmann, la paciencia social empieza a tensarse.

La profunda crisis que atraviesa la industria automotriz argentina sumó un nuevo capítulo con la decisión de Renault de despedir a 300 trabajadores de su histórica planta de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba.

El caso expone con crudeza el deterioro de la producción nacional, afectada por la caída de la demanda interna, el avance de los vehículos importados y el creciente reemplazo de empleados con antigüedad por mano de obra más barata y precarizada.

Durante los últimos días, numerosos operarios denunciaron haber recibido llamados de la empresa para comunicarles que no continuarían en sus puestos. Según relataron, las autoridades ofrecen “acuerdos” o “retiros voluntarios” como una forma encubierta de despido, buscando evitar que las cesantías figuren oficialmente como tales.

Desde la firma, sin embargo, aseguran que las desvinculaciones fueron “de común acuerdo” y justifican la medida en el final de la producción de la Nissan Frontier, que arrastra también al modelo Renault Alaskan, además de un “reordenamiento productivo” que concentrará la fabricación en un utilitario pequeño previsto para 2026.

Un reflejo de una crisis más amplia

Más allá de los argumentos empresariales, los trabajadores afirman que los despidos alcanzaron a diferentes áreas de la planta y no solo a los sectores vinculados a los modelos discontinuados. Denuncian que la empresa está reemplazando empleados con larga trayectoria por contratados, con el fin de reducir costos laborales. “Con uno de nosotros pagan hasta tres contratados”, señaló uno de los despedidos, quien acusó a la automotriz de “hacer un colador para quedarse solo con la gente que quiere y bajar el costo humano”.

El caso Renault se inscribe en un contexto de fuerte recesión industrial. El sector automotriz, históricamente motor de la producción nacional, enfrenta una caída sostenida en la demanda interna, mientras los vehículos importados ganan mercado por sus precios más bajos. Esta situación ha provocado una cadena de suspensiones, cierres parciales y despidos en distintas terminales y autopartistas del país.

Trabajadores de la planta cordobesa recordaron además que existe un recurso de amparo presentado ante la Justicia para frenar los despidos, aunque la empresa no reconoce su vigencia. En paralelo, reclamaron medidas que impidan que las automotrices utilicen estrategias de reemplazo de personal “viejo” por contratados temporarios.

“La prioridad debería ser mantener la fuente laboral de los empleados de planta. No podemos permitir que el ajuste se haga sobre los trabajadores con más años y más derechos”, concluyeron.

El costo de viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a subir en noviembre, con un aumento del 4,1% en las tarifas de transporte público, un ajuste que supera a la inflación del mes pasado y se da en medio de una política oficial que apunta a reducir los subsidios al sector al nivel más bajo en dos décadas.

Este nuevo incremento llega en un contexto en el que los hogares del AMBA ya destinan cada vez más dinero al transporte: el gasto en movilidad creció 33% interanual, por encima de la inflación, mientras la cantidad de pasajeros sigue cayendo.

Tarifas que suben más que los salarios

Luego de que el INDEC informara una inflación de 2,1% en septiembre, se confirmó el porcentaje del aumento tarifario previsto por el esquema de actualización automática que rige para el subte y los colectivos de jurisdicción porteña: la suba será del doble, con un 4,1% que se aplicará desde noviembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, tanto el subte como los colectivos actualizan sus precios de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, con un plus de dos puntos porcentuales. En la provincia de Buenos Aires se toma el IPC del Gran Buenos Aires, que también fue de 2,1% en septiembre.

Así, los nuevos valores quedarán aproximadamente en:

• Subte: $1.114,91
• Colectivo mínimo en CABA: $547,57
• Colectivo mínimo en PBA: $550,69

Por ahora, los colectivos de jurisdicción nacional y los trenes metropolitanos no tendrán cambios: sus tarifas permanecen congeladas desde julio y septiembre, respectivamente.

Ajuste sobre subsidios y horizonte de aumentos

El aumento de noviembre no será el último. El Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso confirma que se mantendrá el recorte sobre las transferencias para subsidiar el transporte público, que caerían al nivel más bajo desde 2005 en relación al PBI.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), aunque nominalmente las partidas aumentan un 13% respecto a 2025, ese incremento no alcanza para cubrir los costos reales del servicio.

Los especialistas advierten que, salvo un fuerte recorte de frecuencias o un repunte inesperado en la cantidad de pasajeros, las tarifas deberían subir al menos 30% durante 2026 para que el sistema sea sustentable bajo la actual política de ajuste.

Más gasto, menos pasajeros

Mientras los subsidios se achican y las tarifas suben, los datos muestran que cada vez se viaja menos. Entre enero y julio, la cantidad de pasajeros transportados cayó 7,26% en trenes, 6,52% en subte, y 0,82% en colectivos, respecto al año pasado.

En comparación con 2019, la caída es todavía más pronunciada: casi 28% menos pasajeros en trenes y más del 40% menos en el subte.

Al mismo tiempo, los hogares del AMBA gastan cada vez más en moverse. En septiembre, un hogar promedio destinó $74.692 al mes al transporte público, un 33% más que un año atrás, y con salarios que siguen rezagados.

El ajuste que se siente en el día a día

El encarecimiento del transporte golpea directamente a los trabajadores, en un contexto de ingresos estancados y precios que no dejan de subir. El rubro transporte fue uno de los que más aumentó en el último índice de precios, con una suba promedio del 3% en septiembre y picos de hasta 4,6% en la Patagonia, empujado por el impuesto a los combustibles, la volatilidad del dólar y el alza internacional del petróleo.

Así, entre tarifas que se ajustan por encima de la inflación y subsidios que se reducen, cada viaje en el AMBA se convierte en un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que dependen del transporte público para llegar a sus empleos.

La defensa de José Luis Espert intentó que su caso por presunto lavado de activos pase de San Isidro a los tribunales federales porteños, pero el juez Martínez de Giorgi lo rechazó, dejando el expediente en su jurisdicción original.

El ex candidato de La Libertad Avanza había presentado un pedido de inhibitoria ante el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, para que esa causa se vea en Comodoro Py, argumentando que estaba vinculada con otra investigación en curso en el fuero porteño. Sin embargo, tanto el juez Martínez de Giorgi como la fiscal Alejandra Mángano consideraron que la solicitud era prematura y carecía de fundamentos sólidos para unificar o trasladar el expediente.

La defensa sostuvo que los dos procesos —el iniciado en San Isidro por denuncia de Juan Grabois y otro anterior que investiga vuelos vinculados al empresario Fred Machado— investigan hechos conexos, lo que justificaría que todo se tramite en Retiro. Pero el tribunal rechazó esa pretensión al entender que aún no hay pruebas suficientes que respalden la conexión entre ambos expedientes y que corresponde avanzar primero con las medidas iniciales de investigación.

El fallo obliga a que la causa por lavado de activos permanezca bajo competencia del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, lo que puede favorecer la estrategia defensiva del libertario y retrasar movimientos tácticos que buscaban reposicionar el caso en un ámbito más favorable. Este rechazo representa un golpe judicial para Espert y una señal de que las maniobras legales no serán suficientes para esquivar el proceso.

En el marco del escándalo por los vínculos con Machado, este revés se suma a un contexto de desgaste político y judicial. A medida que aumentan las pruebas, las decisiones de la Justicia muestran que no cederán ante la presión mediática ni los blindajes del oficialismo.

El empleo formal cayó en julio al nivel más bajo de toda la presidencia de Javier Milei, acumulando una pérdida superior a los 200.000 puestos desde noviembre de 2023.

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que en julio el empleo asalariado registrado alcanzó 10.096.200 puestos, cifra que representa el punto más bajo desde octubre de 2022 bajo la administración libertaria. Desde noviembre de 2023 hasta esa fecha se habrían perdido 205.500 empleos entre el sector privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares.

La destrucción del empleo formal golpea en todos los frentes: el sector privado perdió más de 127.000 puestos, el Estado absorbió casi 57.900 bajas y se cancelaron más de 20.600 empleos de casas particulares. Incluso actividades que no habían sufrido fuertemente bajo este gobierno —como el minero-petrolero y el financiero— muestran caídas sensibles.

Los sectores más afectados son la construcción, la industria manufacturera y el transporte/comunicación. En la industria, por ejemplo, se registraron pérdidas que representan su nivel más bajo desde mayo de 2022. Y en construcción, la caída fue abrupta con un fuerte recorte desde que comenzó la gestión de Milei.

Las caídas se profundizan en un contexto donde la precarización avanza y las promesas de crecimiento no ofrecen respuestas estructurales. Mientras tanto, el gobierno se enorgullece de su discurso de “libertad económica” y “mercados”, pero no logra frenar el deterioro del mercado laboral que golpea al bolsillo popular.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el cierre de campaña de “Provincias Unidas” y aprovechó su discurso para lanzar fuertes cuestionamientos al rumbo económico del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Cada 3 meses le golpea las puertas al FMI y cada 3 días a Estados Unidos”, disparó el mandatario santafesino, en una frase que marcó el tono de su intervención. Pullaro acusó al Gobierno de estar “enredado en el mundo financiero” y de haber dejado de lado las políticas de desarrollo productivo que, según él, el país necesita con urgencia.

“El desafío es corregir las variables macroeconómicas, pero sobre todo desarrollar la Argentina. Queremos generar trabajo y que el país crezca”, afirmó. En ese marco, llamó a construir “una alternativa real” desde Provincias Unidas para “sacar a la República Argentina adelante”.

"Cada 3 meses le golpea las puertas al FMI y cada 3 días a Estados Unidos porque alguien lo tiene que salvar"

Maximiliano Pullaro aseguró que Provincias Unidas es una "alternativa para sacar a Argentina adelante" y afirmó: "En esta elección se perfila el futuro de nuestro país". pic.twitter.com/wdQJD4jZVT

— Corta (@somoscorta) October 15, 2025

El gobernador también cuestionó la distribución de recursos y denunció que “ni el kirchnerismo cortó tanto el flujo de fondos al interior del país”. Recordó que Santa Fe ya ganó juicios en la Corte Suprema por la quita de fondos nacionales, pero advirtió que “esta vez los números son aún peores”.

Con un discurso que combinó crítica y convocatoria, Pullaro se posicionó como una de las voces más firmes dentro del espacio opositor que busca ofrecer una alternativa al actual modelo libertario.