Martín Varsavsky, inversor cercano al presidente, admitió que la extensión del horario laboral forma parte de un borrador oficial “negociable y opcional”. La aclaración generó mayor preocupación entre gremios y sectores opositores, que advierten un intento de retroceso en derechos laborales básicos.
El empresario Martín Varsavsky, uno de los referentes del círculo económico más próximo a Javier Milei, buscó poner paños fríos a la controversia sobre la reforma laboral que el Gobierno prepara para 2026, pero terminó confirmando lo que muchos sospechaban: la Casa Rosada estudia permitir jornadas de hasta 13 horas diarias.
Según Varsavsky, la medida “no sería obligatoria”, sino una “opción negociable” entre empleadores y trabajadores, inspirada en el reciente modelo implementado en Grecia. El argumento oficial apunta a “aumentar la productividad” y “flexibilizar” el mercado laboral, aunque la propuesta desató una ola de críticas por su evidente sesgo en favor del empresariado.
Los borradores filtrados incluyen además la eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese; la posibilidad de pactar salarios en cualquier moneda —incluido el dólar— y la creación de un “banco de horas” para compensar tiempo libre en lugar de pagar horas extras.
“Es apenas una idea en evaluación, no una decisión del Presidente”, aclaró Varsavsky. Sin embargo, el reconocimiento de que se estudia formalmente un esquema de 60 horas semanales bastó para encender las alarmas en los sindicatos, que lo consideran un ataque frontal al corazón de las conquistas laborales argentinas.
Desde la CGT advirtieron que la iniciativa representa “una vuelta al siglo XIX disfrazada de modernización”. En redes sociales, miles de usuarios replicaron el rechazo con el hashtag #13HorasNo, denunciando lo que definen como “un nuevo experimento libertario sobre el cuerpo de los trabajadores”.
Mientras el Gobierno insiste en presentar la reforma como un paso hacia “la libertad económica”, la oposición y el movimiento obrero ven en la propuesta un intento de reinstalar condiciones laborales propias del pasado. En un país donde la informalidad ya supera el 50%, el anuncio se lee menos como un proyecto de modernización y más como una advertencia sobre el rumbo que Milei pretende imponer.