La Libertad Avanza busca retrasar la aprobación del proyecto hasta diciembre, confiando en un Congreso más favorable que le permita imponer su versión sin negociar con la oposición.
El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados buscan postergar el dictamen del Presupuesto 2026, previsto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados el próximo martes, hasta después de la renovación legislativa del 10 de diciembre. La estrategia apunta a consolidar un panorama parlamentario más dócil y minimizar la influencia de la oposición en el debate.
Fuentes parlamentarias señalan que el oficialismo teme que la oposición aproveche la oportunidad para introducir modificaciones al proyecto que podrían debilitar los planes del Gobierno. Por ello, la dilación no se presenta como un error de gestión, sino como una maniobra deliberada para asegurar un dictamen a medida, una práctica que genera cuestionamientos sobre transparencia y responsabilidad fiscal.
Desde la oposición, ya se anticipa la intención de presentar un dictamen alternativo antes del recambio de bancas, lo que tensiona la negociación y deja al oficialismo a la defensiva. Expertos parlamentarios alertan que la demora podría convertirse en un factor de conflicto político, donde los intereses del Ejecutivo priman sobre la planificación presupuestaria del país.
En paralelo, se buscó coordinar encuentros entre el titular de Diputados, Martín Menem; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y los jefes de los bloques aliados, mientras el propio presidente Javier Milei discutió la estrategia con gobernadores. A pesar de estos esfuerzos, las diferencias internas y la resistencia de bloques opositores como Encuentro Federal o Democracia para Siempre dificultan garantizar un dictamen sin confrontaciones.
El oficialismo apuesta a que los desacuerdos entre los opositores frenen cualquier iniciativa antes de diciembre. Mientras tanto, el tiempo corre y la dilación expone un patrón recurrente: la prioridad del Gobierno parece ser asegurar el control político por sobre un debate transparente y participativo sobre el presupuesto.