Docentes y estudiantes iniciaron un paro de 72 horas en defensa de la universidad pública y contra el ajuste del Gobierno, que alega falta de fondos pese al respaldo financiero internacional que recibió.
Las casas de altos estudios iniciaron este miércoles una huelga nacional como respuesta al incumplimiento del Ejecutivo del Ley de Financiamiento Universitario sancionada el 21 de octubre, y a las dilaciones para recomponer salarios docentes y defender la educación pública. Sin embargo, el Gobierno insiste con la excusa de la “falta de recursos”, a pesar de que existen paquetes multimillonarios de apoyo financiero internacional que podrían aliviar la crisis.
Los gremios universitarios denuncian que los salarios “no fueron recompuestos” y que la universidad pública está al borde del colapso. Como afirmó la secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas: “Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales…”.
Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) se agregó que los docentes ya acumulan una deuda de aumento del 44% que la ley les reconoció. Mucho más que una espera: es un incumplimiento estructural.
Mientras tanto, desde el plano internacional aparece un dato incómodo para la versión oficial: la U.S. Treasury Department está trabajando en un respaldo para Argentina por hasta US$ 40 mil millones (un swap de US$ 20 mil millones más un paquete privado de igual monto) según informes de octubre de 2025.
Si hay respaldo externo de ese calibre, ¿por qué las universidades “no tienen plata”? ¿Dónde fueron esos recursos y por qué no se destinan a la educación pública y al salario docente?
Además, los datos oficiales de ayuda exterior muestran que en 2023 la ayuda directa de EE. UU. a Argentina ronda apenas unos pocos millones de dólares.
El paro de 72 horas no solo es un reclamo salarial, sino una advertencia de que la educación pública está siendo arrinconada por la política de ajuste del Gobierno. Los docentes no solo exigen la aplicación de la ley, sino que alertan que la universidad se vacía, se cargan tareas en menos personas y se incrementan los ad honorem.
La frase de la diputada Mercedes de Mendieta sintetiza el hartazgo: “Estamos ante salarios de miseria… la universidad argentina se sostiene gracias al esfuerzo tremendo de docentes, no docentes y estudiantes”.
En resumen: mientras la versión oficial habla de “recursos insuficientes”, los hechos sugieren otra cosa. Hay apoyos internacionales millonarios, legislaciones aprobadas que quedan sin cumplir, y una educación pública que sigue perdiendo terreno. El paro es más que una protesta: es un llamado urgente a que el Estado cumpla con su responsabilidad antes de que la universidad deje de ser un derecho para pasar a ser un lujo.