El proyecto oficial debilita sindicatos, extiende jornadas, abarata despidos y deja a miles de trabajadores sin protección. Todos los detalles.
En un clima social cada vez más tenso, el Gobierno finalmente presentó en el Senado su esperada reforma laboral, una iniciativa que estira los tiempos de negociación para definir hasta dónde avanzar en su ofensiva contra trabajadores y sindicatos. Más adelante, el texto ingresado retoma lo peor de todas las versiones previas y lo condensa en 191 artículos que, bajo el disfraz de una “modernización”, pulverizan límites históricos como la jornada de ocho horas y restringen incluso el derecho a huelga.
En el mismo tono, la reforma libertaria que Javier Milei rubricó incorpora beneficios explícitos para grandes empresas y plataformas digitales, incluida la posibilidad de pagar salarios en pesos, dólares o incluso en especie. Con el mismo ímpetu, habilita cambios unilaterales por parte del empleador, reduce el cálculo de indemnizaciones y permite que las pymes paguen en cuotas, todo en un contexto de destrucción de empleo formal y cierre masivo de empresas. Los laboralistas coinciden: se trata de una transferencia regresiva del trabajo hacia el capital.
Más adelante, el proyecto también altera derechos clave como el descanso anual, habilitando que las vacaciones se fragmenten y se muevan fuera de temporada según “acuerdos” que, en la práctica, dependerán de la voluntad patronal. El retroceso es tan profundo que especialistas advierten que nos devuelve a un escenario anterior a la propia Ley 11.544, conquistada tras las huelgas y masacres de comienzos del siglo XX. En vez de reducir jornadas para crear empleo —como discuten hoy los países desarrollados— el Gobierno propone jornadas de hasta 12 horas.
En el mismo sentido, la reforma golpea de lleno a monotributistas y trabajadores “independientes” al invertir la presunción de laboralidad. Desde ahora, toda prestación con factura se considerará una simple locación de servicios, lo que deja a miles sin posibilidad de reclamar vínculos encubiertos. Las plataformas, lejos de ser incorporadas a la Ley de Contrato de Trabajo, quedan en un limbo jurídico ideal para las empresas, pero fatal para quienes ya trabajan en condiciones precarias.
Finalmente, el proyecto ataca la organización colectiva: amplía la definición de “servicios esenciales” para limitar la huelga, debilita la negociación por actividad, restringe la afiliación sindical y reduce la cuota solidaria. Lejos de ser una modernización, la reforma que impulsa Milei atrasa más de un siglo y reinstala un modelo en el que la relación laboral queda librada a la voluntad del más fuerte. Para los especialistas, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, se trata de una iniciativa antiderechos, antisindical y antiestatal que empuja a la Argentina hacia un pasado sin resguardo alguno.