Organizaciones sociales y asambleas ambientalistas denunciaron una fuerte represión policial durante las manifestaciones realizadas tras la aprobación del proyecto en el Senado provincial. Trece personas fueron detenidas en operativos que incluyeron golpes y derivaciones hospitalarias.

Las protestas contra la habilitación del proyecto minero San Jorge volvieron a copar este miércoles las calles de Mendoza, horas después de que el Senado provincial aprobara la iniciativa que, según denuncian las organizaciones ambientalistas, pone en riesgo el acceso al agua y habilita una explotación sin controles suficientes.

De acuerdo con referentes de diversas asambleas, la respuesta del gobierno provincial fue una serie de operativos policiales que incluyeron detenciones, agresiones y dispersión violenta de manifestantes en distintos puntos del territorio. La capital provincial concentró los incidentes más graves.

Tras un ruidazo en el centro mendocino, un grupo de jóvenes se movilizó para denunciar lo que consideran un bloqueo informativo por parte de los principales medios locales. La marcha fue interceptada por fuerzas de seguridad que realizaron detenciones y avanzaron con golpes y balas de goma. Según el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), varias de las personas reprimidas tuvieron que ser trasladadas a los hospitales Carrillo y Central.

Las autoridades provinciales informaron que fueron detenidos trece manifestantes, entre ellos Renzo Goyano, Facundo Goyano, Santiago Algarrobo, Enzo Puebla, Luis Pinti, Facundo Goya, Ema Garbo, Máximo Astorga, Sol Alex Díaz y Bautista Franco.

Las protestas se extendieron por Uspallata, el Valle de Uco, Lavalle y Luján de Cuyo, y continuarán durante el fin de semana con nuevas movilizaciones. Las asambleas ambientalistas anunciaron que mantendrán el plan de lucha y reclamaron que el Ejecutivo de Alfredo Cornejo “escuche a la población y detenga el avance de un modelo extractivo que pone en riesgo los recursos naturales de la provincia”.

Con aumentos por encima del IPC, más familias quedaron al borde de la pobreza en plena recesión.

El INDEC confirmó este jueves que tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron en noviembre por encima de la inflación, profundizando el deterioro social en plena recesión. Más adelante, el organismo informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no caer en la indigencia, cifras que vuelven a poner en el centro del debate el impacto del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.

En el mismo tono, la CBA subió 4,1% y la CBT avanzó 3,6% en noviembre, muy por encima del IPC del mes, que fue de apenas 2,5%. Con el mismo ímpetu, las canastas acumularon en el año incrementos del 26,1% y 22,7% respectivamente, mientras que en términos interanuales aumentaron 28,9% y 25,5%. En ambos casos, los alimentos —que representan el gasto más sensible— continúan creciendo por encima del promedio general.

Más adelante, la comparación con octubre exhibe otro dato preocupante: en ese mes, una familia necesitaba $1.213.798 para no ser pobre y $544.304 para no ser indigente. Es decir, la suba mensual de las canastas volvió a ser mayor que los ajustes salariales y dejó a miles de hogares un escalón más cerca de la pobreza estructural. En paralelo, el Gobierno mantiene sin actualizar la estructura de gastos con la que se calculan las canastas, basada en datos de 2004/05, pese a contar con una encuesta más reciente realizada en 2017/2018.

En el mismo sentido, la Ciudad de Buenos Aires reveló que su inflación de noviembre fue del 2,4%, con subas más fuertes en servicios por contar con una estructura de gastos actualizada. Si se toma ese esquema, el panorama es aún más crítico: en septiembre, una familia porteña necesitó $1.255.933, sin contar alquiler, para no ser pobre; y casi $2 millones para cubrir el nivel de “clase media”, también sin vivienda incluida. La diferencia entre los ingresos reales y el costo de vida crece cada mes.

Finalmente, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, la brecha entre salarios y necesidades básicas sigue ensanchándose mientras el Gobierno festeja desaceleraciones del IPC que no se traducen en alivio real para la población. Con canastas que suben más que la inflación y un ajuste que recae sobre los trabajadores, la supuesta estabilidad macroeconómica convive con una fragilidad social cada vez más evidente.

El proyecto oficial debilita sindicatos, extiende jornadas, abarata despidos y deja a miles de trabajadores sin protección. Todos los detalles.

En un clima social cada vez más tenso, el Gobierno finalmente presentó en el Senado su esperada reforma laboral, una iniciativa que estira los tiempos de negociación para definir hasta dónde avanzar en su ofensiva contra trabajadores y sindicatos. Más adelante, el texto ingresado retoma lo peor de todas las versiones previas y lo condensa en 191 artículos que, bajo el disfraz de una “modernización”, pulverizan límites históricos como la jornada de ocho horas y restringen incluso el derecho a huelga.

En el mismo tono, la reforma libertaria que Javier Milei rubricó incorpora beneficios explícitos para grandes empresas y plataformas digitales, incluida la posibilidad de pagar salarios en pesos, dólares o incluso en especie. Con el mismo ímpetu, habilita cambios unilaterales por parte del empleador, reduce el cálculo de indemnizaciones y permite que las pymes paguen en cuotas, todo en un contexto de destrucción de empleo formal y cierre masivo de empresas. Los laboralistas coinciden: se trata de una transferencia regresiva del trabajo hacia el capital.

Más adelante, el proyecto también altera derechos clave como el descanso anual, habilitando que las vacaciones se fragmenten y se muevan fuera de temporada según “acuerdos” que, en la práctica, dependerán de la voluntad patronal. El retroceso es tan profundo que especialistas advierten que nos devuelve a un escenario anterior a la propia Ley 11.544, conquistada tras las huelgas y masacres de comienzos del siglo XX. En vez de reducir jornadas para crear empleo —como discuten hoy los países desarrollados— el Gobierno propone jornadas de hasta 12 horas.

En el mismo sentido, la reforma golpea de lleno a monotributistas y trabajadores “independientes” al invertir la presunción de laboralidad. Desde ahora, toda prestación con factura se considerará una simple locación de servicios, lo que deja a miles sin posibilidad de reclamar vínculos encubiertos. Las plataformas, lejos de ser incorporadas a la Ley de Contrato de Trabajo, quedan en un limbo jurídico ideal para las empresas, pero fatal para quienes ya trabajan en condiciones precarias.

Finalmente, el proyecto ataca la organización colectiva: amplía la definición de “servicios esenciales” para limitar la huelga, debilita la negociación por actividad, restringe la afiliación sindical y reduce la cuota solidaria. Lejos de ser una modernización, la reforma que impulsa Milei atrasa más de un siglo y reinstala un modelo en el que la relación laboral queda librada a la voluntad del más fuerte. Para los especialistas, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, se trata de una iniciativa antiderechos, antisindical y antiestatal que empuja a la Argentina hacia un pasado sin resguardo alguno.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció este jueves la puesta en marcha de un fondo de $3.000 millones destinado a financiar proyectos de investigación científica con impacto directo en pymes y cooperativas bonaerenses.

La medida, presentada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, corresponde a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Durante el acto, Kicillof subrayó la decisión provincial de sostener e incrementar la inversión en ciencia y tecnología frente al recorte nacional. “Mientras a nivel nacional asistimos a un proceso de destrucción sistemático de nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, en la provincia estamos convencidos de que hay que redoblar los esfuerzos: invertimos porque sabemos que sin investigación no hay posibilidades de desarrollo”, afirmó.

Una inversión estratégica y la consolidación del FITBA

El gobernador advirtió que el sistema científico “está en emergencia” tras dos años de ajuste presupuestario a nivel nacional y señaló que la paralización de proyectos “condena a nuestra sociedad a la dependencia tecnológica y económica”. En esta nueva edición del FITBA —que desde 2024 se consolidó como la principal política de financiamiento científico del país—, se financiarán 98 proyectos de instituciones bonaerenses, involucrando a más de 900 investigadores, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El ministro Costa destacó que esta herramienta “ha permitido acompañar al sistema científico-tecnológico, con el objetivo de brindar soluciones innovadoras a pymes y cooperativas bonaerenses y responder a problemáticas de interés provincial”.

Energías renovables: nuevos proyectos y financiamiento

Además del lanzamiento del fondo principal, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) presentaron los nueve proyectos seleccionados en la convocatoria “2025 Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses”, orientados al desarrollo de soluciones experimentales en energías renovables, especialmente solar y eólica.

El presidente de la CIC, Roberto Salvarezza, destacó la relevancia estratégica de estas iniciativas: “En este contexto de transformación energética que atraviesa el mundo, contar con este tipo de proyectos es fundamental para construir el futuro de la provincia”. Por su parte, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, anunció que la Provincia destinará $400 millones adicionales para fortalecer estas líneas de investigación y las cadenas productivas del sector energético.

“Seguimos invirtiendo todos los días”

Al cerrar el acto, Kicillof reafirmó la continuidad de la política científica provincial pese al contexto económico nacional: “Aunque es imposible compensar el daño que originan las políticas de Milei, seguimos adelante con un programa totalmente distinto, articulando con municipios, universidades y el sector productivo”. Y concluyó: “Vamos a seguir invirtiendo todos los días en apoyo de nuestro sistema científico y tecnológico”.

Del anuncio participaron ministros provinciales, intendentes y autoridades del sistema científico bonaerense.

La dirigente justicialista remarcó que ese nivel de precios es más alto que el que registraba su administración al finalizar su mandato en 2015 y lanzó una pregunta retórica dirigida al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar con dureza contra el gobierno de Javier Milei luego de que el INDEC informara que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%. La dirigente justicialista remarcó que ese nivel de precios es más alto que el que registraba su administración al finalizar su mandato en 2015 y lanzó una pregunta retórica dirigida al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

En un extenso mensaje publicado en redes, CFK subrayó que la cifra se conoció “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, al que sumó “un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares, la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares”, en un contexto de “consumo en caída libre y cierre de fábricas y comercios”.

Kirchner comparó el dato informado por el INDEC de Milei con el índice que exhibía su gobierno en noviembre de 2015. Recordó que en aquel momento la oposición impulsaba el “IPC Congreso”, que –según señaló– era “la repetición del índice de precios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri”. Con esa referencia, apuntó que la inflación que denunciaban entonces “era más baja que la de Milei”, a pesar de que “no le debíamos ni un dólar al Fondo” y de que su administración “había pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”.

La expresidenta también reivindicó logros de sus gestiones: “Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y poníamos satélites en el espacio”.

El mensaje fue rematado con ironía, al sostener que para enumerar esos programas “no alcanzan los caracteres de X”.
En su crítica central, volvió a insistir en su interrogante: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, poniendo en duda la estrategia económica del actual gobierno pese a los severos ajustes aplicados.