Un tribunal federal de Bahía Blanca dispuso que el tradicional diario local rectifique sus publicaciones de la última dictadura, luego de considerar que reprodujeron versiones falsas que encubrieron crímenes de lesa humanidad, en una decisión sin precedentes sobre responsabilidad mediática.
La Justicia federal que intervino en la megacausa Zona V por delitos de lesa humanidad dictó un fallo que, además de imponer condenas a represores, incluyó una orden inédita: el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca deberá corregir sus notas publicadas durante la última dictadura cívico-militar.
Según la resolución, el medio deberá rectificar artículos y coberturas en los que se presentaba a personas secuestradas, torturadas o asesinadas por el terrorismo de Estado como supuestos supuestos “abatidos en enfrentamientos” o como delincuentes muertos en combate. La decisión se basa en que esas publicaciones fueron falacias y difamaciones que ayudaron a encubrir crímenes de lesa humanidad.
El tribunal entendió que no se trató de simples errores aislados, sino de prácticas periodísticas que replicaron comunicados militares sin cuestionamiento y emplearon un lenguaje diseñado para legitimar la violencia estatal y deshumanizar a las víctimas. Por eso, sostuvo que mantener ese archivo sin rectificaciones prolonga el daño causado y consolida una versión falsa de los hechos que afecta la memoria social.
La orden de rectificación, que se deberá cumplir una vez que la sentencia quede firme, busca corregir el archivo periodístico del diario y restituir la verdad histórica, estableciendo que no hubo enfrentamientos sino secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos sistemáticos, como ya quedó probado en el juicio.
Los jueces destacaron que la reparación no se agota en las penas impuestas a los represores, sino que debe alcanzar también el plano simbólico y comunicacional, donde se construyen las percepciones colectivas sobre el pasado reciente de Argentina.
Este fallo marca un precedente sin antecedentes en la responsabilidad mediática durante la dictadura, al ordenar que un medio de comunicación actualice su propio archivo para reflejar la verdad de lo ocurrido y contribuir a la memoria social en lugar de perpetuar relatos falseados.