La jueza federal María Romilda Servini ordenó decenas de allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas por maniobras con el dólar blue durante el anterior gobierno. La maniobra consistía en conseguir que el Banco Central entregara dólaras a precio oficial y luego venderlos en el mercado blue, levantando de manera instanteanea ganancias de hasta un cincuenta por ciento, por la brecha en las cotizaciones.

Para la jueza Servini, las maniobras se habrían hecho con el Banco de Valores, señalado en la investigación como la vía para la articulación del negocio detectado en la causa de Financiera Sur. El banco pertenece a Juan Napolí, ex candidato a senador de Milei.

La causa está plagada de contaminación política porque la financiera se vincula, supuestamente, con la AFA, en guerra con el gobierno de Javier Milei. Casa Rosada quiere sacar a Chiqui Tapia de la presidencia para poner a un hombre proclive a las sociedades anónimas, viejo sueño de Mauricio Macri. Los clubes resisten.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaborada sobre la base de reportes del Banco Central de la República Argentina. 

Con el Presupuesto ya aprobado por ambas Cámaras del Congreso, el Gobierno de Javier Milei, ya pone el foco en el primer gran desafío que tendrá que afrontar en 2026: el pago de los vencimientos de deuda del 9 de enero, por un total de u$s4.225 millones.

Si bien el Tesoro ya cuenta con u$s1.800 millones destinados a ese fin, todavía debe conseguir los u$s2.400 millones restantes. Según Clarín, el gobierno no sabe de dónde sacar los dólares restantes más allá del optimismo del presidente Javier Milei como del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por eso, no sorprende la insistencia de Caputo con la ley de “inocencia fiscal” que busca que la gente entre millones de dólares del colchón al sistema bancario, algo que está por verse. ¿Hay plata, Toto?

Milagro Sala quedó internada en centro de salud de Gonnet a pocos días de mudarse a una nueva casa, donde cumple su arresto domiciliario.

La dirigente social jujeña Milagro Sala fue internada durante la tarde del sábado en el Hospital San Roque de Gonnet, a pocos días de haberse mudado a una nueva vivienda en esa localidad. Permanece bajo arresto domiciliario y el caso se maneja con fuerte hermetismo.

La internación se produjo alrededor de las 15.30 y fue derivada al área de salud mental. Calificadas fuentes indicaron que la dirigente permaneció varias horas en la guardia antes de ser trasladada al sector correspondiente, donde este lunes quedó alojada de manera definitiva.

La internación se da en un contexto de antecedentes médicos recientes. En diciembre de 2025, Sala había sido ingresada en terapia intensiva tras sufrir una trombosis venosa profunda en una pierna, una afección que sus allegados calificaron como seria y de tratamiento prolongado.

Sala cumple actualmente arresto domiciliario en La Plata, bajo monitoreo electrónico, en el marco de una pena unificada de 15 años de prisión. La condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó los recursos presentados por su defensa.

La mudanza a Gonnet, en el centro de la escena

En los últimos días, Sala dejó la vivienda de Villa Elvira donde cumplía prisión domiciliaria desde 2023 y solicitó autorización para mudarse a una casa ubicada en Gonnet, a pocas cuadras del Hospital, pedido que fue autorizado para atravesar allí las fiestas de fin de año.

El cambio de domicilio se produjo tras el vencimiento del contrato de alquiler del inmueble anterior. El propietario intimó la devolución de la vivienda y advirtió sobre la posibilidad de iniciar un desalojo.

En su presentación judicial, Sala sostuvo que la mudanza fue ajena a su voluntad y que la falta de un domicilio válido ponía en riesgo la continuidad del arresto domiciliario. Además, remarcó que su permanencia en La Plata es clave para sostener tratamientos médicos y psicológicos que, según argumentó, no podrían garantizarse en Jujuy.

Un tribunal federal de Bahía Blanca dispuso que el tradicional diario local rectifique sus publicaciones de la última dictadura, luego de considerar que reprodujeron versiones falsas que encubrieron crímenes de lesa humanidad, en una decisión sin precedentes sobre responsabilidad mediática.

La Justicia federal que intervino en la megacausa Zona V por delitos de lesa humanidad dictó un fallo que, además de imponer condenas a represores, incluyó una orden inédita: el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca deberá corregir sus notas publicadas durante la última dictadura cívico-militar.

Según la resolución, el medio deberá rectificar artículos y coberturas en los que se presentaba a personas secuestradas, torturadas o asesinadas por el terrorismo de Estado como supuestos supuestos “abatidos en enfrentamientos” o como delincuentes muertos en combate. La decisión se basa en que esas publicaciones fueron falacias y difamaciones que ayudaron a encubrir crímenes de lesa humanidad.

El tribunal entendió que no se trató de simples errores aislados, sino de prácticas periodísticas que replicaron comunicados militares sin cuestionamiento y emplearon un lenguaje diseñado para legitimar la violencia estatal y deshumanizar a las víctimas. Por eso, sostuvo que mantener ese archivo sin rectificaciones prolonga el daño causado y consolida una versión falsa de los hechos que afecta la memoria social.

La orden de rectificación, que se deberá cumplir una vez que la sentencia quede firme, busca corregir el archivo periodístico del diario y restituir la verdad histórica, estableciendo que no hubo enfrentamientos sino secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos sistemáticos, como ya quedó probado en el juicio.

Los jueces destacaron que la reparación no se agota en las penas impuestas a los represores, sino que debe alcanzar también el plano simbólico y comunicacional, donde se construyen las percepciones colectivas sobre el pasado reciente de Argentina.

Este fallo marca un precedente sin antecedentes en la responsabilidad mediática durante la dictadura, al ordenar que un medio de comunicación actualice su propio archivo para reflejar la verdad de lo ocurrido y contribuir a la memoria social en lugar de perpetuar relatos falseados.

En un descargo ante la Justicia, Calvete intentó despegarse del caso ANDIS tras el hallazgo de 700 mil dólares en su vivienda, aseguró que el dinero pertenecía a una empresa vinculada a su padre y sostuvo que la frase “karinear el 3%”, incluida en chats de la causa, fue solo una “broma”.

La imputada en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ornella Calvete, presentó un escrito para desligarse de los hechos investigados, en el que negó cualquier responsabilidad penal y afirmó que el dinero encontrado en su domicilio no le pertenecía.

Según su versión, los 700 mil dólares en efectivo hallados durante un allanamiento en su departamento eran propiedad de una empresa vinculada a su padre, Miguel Ángel Calvete, también imputado en la causa, y habrían sido dejados allí antes de que ella se mudara al inmueble en marzo de este año.

Calvete aseguró que desconocía la existencia y el monto del dinero, que nunca lo tocó ni lo administró y que el efectivo fue encontrado intacto semanas después de su mudanza, una explicación que dejó más interrogantes que certezas.

El descargo también se refirió a los chats incorporados al expediente judicial, donde aparece la frase “karinear el 3%”, una expresión que quedó bajo la lupa de los investigadores. Sobre ese punto, la exfuncionaria sostuvo que se trató de una “broma coyuntural”, sin relación con maniobras reales ni con el funcionamiento del organismo.

Además, afirmó que no mantiene vínculos societarios con la empresa dueña del dinero, que no es accionista, empleada ni apoderada, y que jamás administró ni dispuso de esos fondos, intentando despegarse por completo del entramado investigado.

Las explicaciones brindadas no lograron descomprimir el clima de escándalo que rodea al caso, que dejó una escena difícil de justificar: bolsos con cientos de miles de dólares en una vivienda particular y conversaciones sobre “karinear el 3%”, reducidas luego a una supuesta broma en una causa que sigue acumulando sospechas y rechazo social.

La Justicia federal ordenó un allanamiento sobre el titular del Servicio Penitenciario Federal en el marco de una investigación por la provisión de alimentos en mal estado a personas detenidas en el penal de Ezeiza, en una causa que apunta a posibles irregularidades en la contratación de proveedores.

El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue allanado este viernes por orden judicial en el marco de una causa que investiga la compra y distribución de comida en mal estado para los internos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, según confirmaron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta luego de denuncias reiteradas sobre la mala calidad de los alimentos suministrados en el penal, que habrían llegado a los detenidos en condiciones no aptas para el consumo humano, generando preocupación por la situación sanitaria dentro del establecimiento.

La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación de las empresas proveedoras del servicio de alimentación y si hubo responsabilidades directas de las autoridades del SPF en la supervisión y control de esos contratos.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que serán analizados para reconstruir el circuito de compras y establecer si se produjeron maniobras administrativas irregulares o beneficios indebidos a determinadas firmas.

La causa se encuentra en etapa inicial y no se descarta que en los próximos días se amplíen las medidas judiciales, tanto sobre funcionarios del organismo como sobre las empresas involucradas en la provisión de alimentos.

El caso volvió a poner en el centro del debate las condiciones de detención en las cárceles federales y el rol del Estado en garantizar derechos básicos, incluso para quienes se encuentran privados de la libertad, mientras avanza la investigación judicial.

Mientras avanza el ajuste presupuestario a la educación y las jubilaciones, Milei firmará un decreto para aumentar los abultados sueldos de los funcionarios de su gabinete.

Javier Milei firmará este martes un decreto que habilita el aumento de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía del Estado, en un contexto marcado por un brutal ajuste sobre la educación pública, las jubilaciones y el gasto social. La medida será publicada el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial y alcanzará a cargos como el presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según reconocen en la Casa Rosada, el decreto contemplará la recomposición salarial correspondiente a todo el período sin aumentos, aunque aclaran que no superará la actualización percibida por los empleados estatales. Aun así, la decisión contrasta con la continuidad de políticas de recorte que impactan de lleno en jubilados, universidades y sistemas educativos de todo el país.

Desde Balcarce 50 argumentan que los salarios de los altos funcionarios perdieron cerca del 60% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión. La inflación acumulada durante 2024 fue del 117,8% y, con los últimos datos disponibles, el IPC registra un 27,9% adicional en 2025 hasta noviembre.

Actualmente, el esquema salarial establece sueldos brutos mensuales de alrededor de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En el Congreso, los diputados perciben cerca de $7 millones y los senadores alcanzan los $9,5 millones.

Las discusiones internas por la actualización salarial atravesaron todo 2025, con reclamos directos al Presidente. En el Gobierno evitaron avanzar con la medida antes de las elecciones de octubre y resolvieron postergarla hasta el inicio del nuevo año.

Desde el Ejecutivo sostienen que el congelamiento salarial afectó el funcionamiento interno de la gestión y la conformación de equipos técnicos, al ampliarse la brecha con el sector privado. Sin embargo, la firma del decreto se produce mientras continúan los recortes presupuestarios y la pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y salarios docentes, profundizando el impacto social del ajuste.

El texto final fue consensuado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Un antecedente similar había sido revertido meses atrás tras el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y la derogación de la suba.

En el último año, el precio de la carne vacuna aumentó más del doble que la inflación minorista, consolidándose como uno de los principales factores de pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló un 31,4%, la carne vacuna trepó 72,8%, una dinámica que impacta de manera directa en el consumo y reconfigura de forma estructural la dieta familiar.

La persistencia de aumentos muy por encima de la inflación general empuja a las familias a optar por cortes más económicos o a reemplazar la carne vacuna por alternativas como el pollo o el cerdo, cuyos incrementos de precios se ubicaron más cerca del promedio inflacionario. En este contexto, los aumentos registrados en carnicerías de barrio fueron superiores a los observados en los supermercados.

En términos interanuales, los precios de la carne mostraron en noviembre un incremento del 53,2%, acelerándose respecto del 47,3% registrado en octubre. Entre los cortes que más subieron se destacan el asado (76,8%), cuadril (75,9%), nalga (73,7%), paleta (71,2%) y carne picada común (59,7%). En contraste, las hamburguesas congeladas aumentaron 42,7%, mientras que el pollo entero registró un alza anual del 21,1%.

En cuanto a la producción, durante los primeros once meses del año se mantuvo prácticamente estable, con un total de 2,881 millones de toneladas res con hueso. No obstante, en noviembre se verificó una caída del 6,3% respecto de octubre y del 6,7% en la comparación interanual.

Por su parte, las exportaciones de carne vacuna retrocedieron un 10% interanual, alcanzando 779,6 mil toneladas res con hueso en el mismo período. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), la baja se explica principalmente por la menor demanda de China durante el primer semestre del año. En noviembre, además, la caída estacional de los envíos a Israel (-71,6%) profundizó la contracción mensual. A nivel interanual, las menores ventas a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia superaron los aumentos registrados en los envíos a Países Bajos y Estados Unidos, mientras que Alemania, Brasil y España se mantuvieron estables.

La Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó un desplome de seis puntos en la actividad industrial durante noviembre, un dato que consolida un escenario de estancamiento productivo y anticipa un impacto directo sobre el empleo.

La caída va de la mano con la contracción del consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales, que registró una baja del 5,8%, un indicador clave del freno en el ritmo de producción de las fábricas. A esto se suman otros datos contundentes: los despachos de cemento se redujeron un 7,7% y la producción automotriz se desplomó un 22%, reflejando la magnitud de la parálisis en sectores estratégicos.

La construcción continúa entre los rubros más golpeados. Desde la UIA advirtieron que la demanda interna sigue debilitada, mientras que los niveles de despacho de cemento se ubican más de un 20% por debajo de los registros de 2022 y 2023, profundizando el deterioro de una actividad con fuerte capacidad de generación de empleo.

La industria automotriz tampoco logra revertir la tendencia negativa. La fuerte caída de las ventas en el mercado interno obligó a frenar la producción durante más de un mes en plantas como la de Peugeot-Citroën, mientras que el complejo metalmecánico mostró una contracción adicional del 0,5%.

Desde la entidad que preside Martín Rappallini señalaron que “la actividad industrial aún se encuentra estancada”, con niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y aproximadamente un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023, lo que confirma que la recuperación no logra consolidarse.

Impacto en las Pymes

El impacto más preocupante se registra en el entramado pyme. Según el informe de coyuntura de la Fundación Observatorio PyME, durante el tercer trimestre de 2025 las pequeñas y medianas empresas atravesaron una “situación crítica”, con una caída acumulada de la producción del 4,1% y una reducción del empleo del 4,6%, una combinación que anticipa mayores tensiones laborales.

El 81% de las pymes reportó una fuerte presión de costos, mientras que el 37% denunció una pérdida de participación en el mercado interno frente al avance de productos importados, principalmente de origen chino. En este contexto, más de la mitad de las empresas informó retrasos en los pagos por parte de sus clientes y un 35% admitió dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

El deterioro es transversal. Ya en octubre, once de los dieciséis sectores que componen el índice industrial registraron caídas interanuales. El sector textil encabezó el derrumbe, con una baja del 24%, consolidándose como uno de los focos más críticos de la crisis productiva.

Con estos indicadores, la industria argentina enfrenta un escenario de alta fragilidad que amenaza con traducirse en suspensiones, cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo, en un contexto donde la caída del consumo y el avance de las importaciones profundizan el riesgo de una nueva crisis de empleo.