Por Lois Pérez Leira
La “Declaración de Nuestra América” no es un pronunciamiento más en la larga lista de comunicados regionales: es una toma de posición política explícita frente a la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela. El texto denuncia las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y el despojo de activos venezolanos, y expresa una coordinación que el movimiento comunista latinoamericano no exhibía con esta nitidez desde hace varios años.
Desde el Partido Comunista Mexicano hasta el Partido Comunista de la Argentina y el de Uruguay, el documento articula una respuesta continental que asume una premisa clara: lo que está en juego en Venezuela no es un conflicto interno, sino un ensayo de dominación aplicado a escala regional.
En Centroamérica y el Caribe, partidos como el del Pueblo de Panamá, el Guatemalteco del Trabajo, Vanguardia Popular de Costa Rica y el Partido Comunista de Honduras —junto al Partido de la Revolución Morazanista— sostienen una lectura sin eufemismos: la presión sobre Caracas funciona como advertencia para cualquier país que intente salirse del alineamiento estratégico con Washington.
Esa misma lógica aparece en el Caribe insular. El Movimiento Caamañista de República Dominicana, RASIN Kan Pèp La de Haití y el Consejo Nacional de Comités Populares de Martinica (CNCP, por sus siglas en español) advierten que la militarización de la cuenca caribeña no es defensiva ni circunstancial, sino parte de un dispositivo de control político y territorial.
En el eje andino-amazónico, el respaldo adquiere mayor densidad política. El Partido Comunista Colombiano, de Ecuador, Perú y Bolivia coinciden en señalar que las sanciones no solo buscan asfixiar a Venezuela, sino disciplinar a toda la región mediante el colapso inducido y la manipulación de la crisis migratoria.
La adhesión del Partido Comunista do Brasil introduce un elemento estratégico adicional: la discusión sobre soberanía financiera y la necesidad de romper la dependencia estructural del dólar como instrumento de castigo político.
En el texto, los firmantes sostienen que “la defensa de Venezuela no es asunto de una sola nación: es la defensa del derecho de todos nuestros pueblos a decidir su camino”, en una formulación que resume el eje político del documento.
De la denuncia a la acción
El documento, coordinado técnicamente por el dirigente chileno Daniel Jadue, evita el error habitual del progresismo declarativo. No se limita a denunciar, sino que plantea iniciativas concretas: un Mecanismo de Cooperación Humanitaria Soberana, la defensa del Partido Comunista de Venezuela en su propio territorio y una interpelación directa a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) para que abandonen la inercia diplomática.
El mensaje es claro y contundente: no hay neutralidad posible frente al cerco sobre Venezuela. Callar es convalidar.
Más allá de las siglas, la firma de todas estas organizaciones expresa la reactivación de un internacionalismo político que vuelve a leer la región como un campo de disputa geopolítica y no como un mosaico de crisis aisladas.
La arquitectura política de América Latina empieza a discutir, otra vez, la necesidad de romper con la tutela de Washington. Y una vez más, lo hace de forma valiente y consecuente con la historia de la liberación latinoamericana.