Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela.
El Gobierno nacional avanza en un nuevo recorte estructural del sistema público de salud y estudia aplicar un esquema de gestión privada en cinco hospitales estratégicos de la provincia de Buenos Aires, cuatro ubicados en el Conurbano y uno en el interior. La iniciativa, impulsada bajo la lógica de la “motosierra” libertaria, implicaría tercerizar la administración y establecer el pago de cápitas para acceder a la atención, un cambio que encendió alarmas en el sector sanitario y desató un fuerte rechazo gremial.
Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema de gestión mixta entre Nación y Provincia que garantiza atención pública de alta complejidad a millones de bonaerenses.
Aunque no hubo un anuncio oficial, el propio Gobierno admitió que evalúa “opciones de administración” y que la alternativa más firme es la aplicación del denominado “modelo español”, que supone concesionar la gestión hospitalaria a privados, financiados a través de aportes de obras sociales, prepagas y un sistema de cápitas. En los hechos, se trata de un avance privatizador que pone en cuestión el principio de acceso universal y gratuito a la salud.
Un ajuste con impacto directo en la atención
La iniciativa responde al objetivo central del Gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público, incluso en áreas sensibles. Actualmente, el financiamiento de estos hospitales recae mayoritariamente en Nación: aporta el 80% del presupuesto del hospital de Cañuelas y el 70% de los otros cuatro, mientras que la Provincia y, en un caso, el municipio de La Matanza, completan el esquema.
El ministro de Salud, Mario Lugones, no descarta otras salidas —como el traspaso total de los hospitales a la órbita provincial—, pero en el propio sector sanitario aseguran que la decisión política apunta a avanzar con la tercerización, bajo la premisa de que los hospitales podrían “autosustentarse” con fondos del sistema privado. Una visión que, advierten especialistas y trabajadores, desdibuja el rol del Estado y profundiza la segmentación del sistema de salud.
Persisten además dudas sobre el camino legal para implementar la medida. Dado que los hospitales SAMIC fueron creados por ley, cualquier cambio de este calibre debería pasar por el Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartan un decreto presidencial para evitar un debate legislativo que podría resultar costoso, como ya ocurrió con el conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan.
Tensiones políticas y rechazo sindical
El trasfondo incluye además una fuerte disputa entre Nación y Provincia. Lugones reclama a la gestión de Axel Kicillof una deuda que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, cifra que el ministro bonaerense Nicolás Kreplak rechaza, aunque admite la existencia de desfasajes en partidas. En este escenario, también se evaluó la posibilidad de provincializar los cinco hospitales, una opción sobre la que el gobierno bonaerense aun no se pronuncio.
La reacción más contundente llegó desde el ámbito gremial. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció que el plan oficial “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud” y advirtió que pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad.
“El avance sobre los hospitales SAMIC se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema público”, alertó el secretario general de la Federación, Pablo Maciel, quien remarcó que la alta dependencia de estos centros del financiamiento nacional vuelve particularmente grave cualquier intento de privatización. “Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, concluyó.