La dirigente libertaria defendió al gendarme procesado por herir de gravedad al fotoperiodista y volvió a justificar la violencia estatal como herramienta de gobierno, en línea con la política de seguridad del oficialismo.

Patricia Bullrich volvió a colocarse del lado de la represión y del relato oficial antes que de la Justicia. Al defender al gendarme acusado de disparar a quemarropa un cartucho de gas lacrimógeno que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo al borde de la muerte, la exministra ratificó una concepción del orden público en la que las víctimas pasan a ser daños aceptables.

En declaraciones radiales, Bullrich desestimó el procesamiento judicial del efectivo y aseguró que el disparo se realizó “correctamente”, apoyándose en supuestas pericias propias y no en las que obran en la causa. La gravedad del ataque, que mantuvo a Grillo semanas en terapia intensiva, fue relativizada bajo una lógica que reduce la violencia institucional a un efecto secundario inevitable.

Lejos de mostrar cautela, la senadora de La Libertad Avanza volvió a apelar a un lenguaje beligerante para describir las protestas frente al Congreso y sostuvo que la represión es el precio a pagar para evitar el “caos”. En esa ecuación, la integridad física de un trabajador de prensa quedó subordinada a una idea abstracta de orden, administrada por las fuerzas federales sin margen para el control democrático.

La dirigente también incurrió en contradicciones al ser consultada por la aplicación selectiva del protocolo antipiquetes, especialmente en movilizaciones afines al oficialismo. Entre negaciones, excusas y desmentidas frente a imágenes públicas, terminó por evidenciar un doble estándar que refuerza la idea de una seguridad aplicada según conveniencia política.

El respaldo explícito a un agente procesado y la descalificación implícita de la Justicia consolidan una línea dura que no distingue entre manifestantes, periodistas o transeúntes. En nombre del orden, Bullrich volvió a justificar un modelo en el que la violencia estatal no solo se ejerce, sino que se celebra desde el poder.

El presidente estadounidense insistió en que Groenlandia es vital para la “seguridad nacional” de Estados Unidos y no descartó explorar opciones, incluida la fuerza, para ejercer control sobre ese vasto territorio autónomo danés, generando rechazo entre aliados europeos y líderes groenlandeses.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a situar a Groenlandia en el centro de un foco de crisis internacional al reafirmar que su país “necesita” ese territorio ártico por motivos de seguridad nacional, una postura que ha tensado las relaciones con Dinamarca y otras capitales europeas que rechazan cualquier intento de control unilateral.

Trump, en declaraciones recogidas en múltiples medios, subrayó que el archipiélago, perteneciente al Reino de Dinamarca, es estratégico frente a la presencia de potencias como Rusia y China en el Ártico, y consideró que Washington debe asegurar su posición allí incluso si eso requiere asumir un papel directo.

La Casa Blanca confirmó que se evalúan “diversas opciones” para avanzar en ese objetivo, con funcionarios señalando que el uso de las fuerzas armadas no está descartado como herramienta para responder a lo que describen como una amenaza a la seguridad estadounidense.

Estas declaraciones provocaron una rápida reacción desde Europa. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, insistió en que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que cualquier decisión sobre su estatus debe ser tomada por Dinamarca y la propia Groenlandia, respaldando firmemente la vigencia del derecho internacional.

En Dinamarca y Nuuk, las autoridades han rechazado de plano los planteos estadounidenses, calificándolos de inaceptables y una amenaza a la soberanía territorial. El primer ministro groenlandés llamó a mantener la calma mientras se busca “restablecer un diálogo constructivo” con Washington, pero reafirmó que Groenlandia no está en venta ni dispuesta a ser objeto de presiones externas.

La polémica por Groenlandia se produce en paralelo a otros focos de fricción entre Estados Unidos y sus aliados, y plantea cuestionamientos sobre el futuro de la cooperación estratégica en el Ártico, así como sobre la credibilidad de las instituciones multilaterales que tradicionalmente han regulado estas disputas.

Analistas internacionales consideran que la insistencia de Trump, además de poner en jaque las normas de soberanía que rigen las relaciones entre Estados, también pone a prueba la cohesión dentro de la OTAN y la capacidad de Europa para responder colectivamente a la presión política y militar de Washington en una región de creciente importancia geopolítica

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de colectivos y evitar que el aumento de los costos operativos impacte directamente en el valor del boleto que pagan las y los usuarios.

La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, surge como respuesta a la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país y a la supresión del Fondo Compensador del Interior, decisión que obligó a las provincias a absorber desde 2024 una parte sustancial del financiamiento del sistema. Frente a este escenario, la administración bonaerense avanzó con un esquema propio para proteger a millones de usuarios del AMBA.

El nuevo régimen alcanza a las líneas de transporte urbano y suburbano de jurisdicción provincial y municipal que operan en el AMBA, y fue diseñado para evitar que los mayores costos operativos se trasladen automáticamente a las tarifas, en un contexto en el que el boleto de colectivo ya supera los $1.000 en algunos tramos, representando un fuerte impacto en la economía cotidiana de las familias bonaerenses.

La iniciativa se inscribe en un proceso que la Provincia viene desarrollando desde 2018, cuando comenzó a asumir parte del financiamiento del sistema de transporte tras sucesivos recortes en la política nacional de subsidios. Desde entonces, el gobierno bonaerense sostuvo mecanismos de compensación tarifaria y esquemas de gasoil a precio diferencial para contener el impacto de los costos sobre los usuarios, políticas que ahora se consolidan y amplían mediante un régimen con marco legal propio, criterios técnicos y herramientas de control.

Con la finalización del convenio vigente con el Estado nacional prevista para el 31 de diciembre de 2025, la Provincia decidió avanzar en una reglamentación que ordene y estabilice los mecanismos de financiamiento más allá de acuerdos transitorios. Para ello, el régimen se apoya en sistemas de información y control como el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el reporte electrónico de kilómetros recorridos y el monitoreo de la demanda real del servicio.

El decreto establece además que el Ministerio de Transporte bonaerense será la autoridad de aplicación, encargado de definir la metodología de cálculo, distribución y rendición de las compensaciones tarifarias, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos y evitar desequilibrios financieros que puedan poner en riesgo la prestación del servicio o presionar al alza las tarifas.

En el mismo marco, la Provincia aprobó un nuevo convenio con Nación Servicios S.A. para garantizar la continuidad del sistema SUBE, tanto como medio de pago como fuente central de información operativa. Su utilización permitirá un relevamiento más preciso de la cantidad de pasajeros, el uso del sistema y los costos reales de operación, datos clave para ajustar las compensaciones y evaluar el funcionamiento del régimen.

De esta manera, el Gobierno bonaerense busca asegurar la continuidad del transporte público en una región donde millones de personas dependen diariamente del colectivo para trabajar, estudiar y desplazarse, y ofrecer una respuesta concreta frente al retiro del Estado nacional, evitando que esa decisión derive en aumentos desmedidos del boleto o en una mayor carga sobre los bolsillos de los bonaerenses.

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país, un entendimiento que expone el trasfondo geopolítico de la intervención estadounidense en la nación sudamericana y que va más allá de las narrativas oficiales de defensa de la democracia o lucha contra el terrorismo.

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó.

Trump informó además que ya instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan de manera inmediata. Según precisó, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, consolidando un giro estratégico en la relación energética entre Washington y Caracas.

Negociaciones bajo presión y reconfiguración del mercado

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, funcionarios de ambos países mantienen conversaciones para reorganizar los flujos de exportación de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses. El objetivo sería redirigir cargamentos originalmente destinados a China y, al mismo tiempo, evitar nuevos recortes en la producción de la estatal PDVSA, seriamente afectada por el bloqueo.

Las negociaciones se intensificaron luego de que Trump exigiera la apertura del sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de una posible escalada militar en caso de negativa. En este contexto, Venezuela acumula millones de barriles sin poder exportar, tras el endurecimiento de las sanciones impuesto por Washington a mediados de diciembre.

Fuentes del sector energético citadas por Reuters señalaron que Trump busca concretar rápidamente el acuerdo para presentarlo como un logro político y estratégico, incluso a costa de desplazar a China, principal comprador del petróleo venezolano durante la última década.

Chevron, licencias especiales y control de ingresos

Actualmente, las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos se canalizan casi exclusivamente a través de Chevron, que opera bajo una licencia especial otorgada por el propio gobierno estadounidense. La compañía exporta entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, mientras el resto de las petroleras internacionales continúan limitadas.

El plan anunciado por Trump contempla que los ingresos por la venta del petróleo sean administrados directamente desde la presidencia de Estados Unidos, una medida que refuerza la dimensión política y estratégica del acuerdo. Paralelamente, Washington y Caracas analizan la posibilidad de realizar subastas para compradores estadounidenses y otorgar nuevas licencias a socios de PDVSA.

En el pasado, este esquema permitió la participación de empresas como Chevron, Eni, Repsol, CNPC y Reliance, algunas de las cuales ya se estarían preparando para recibir nuevos cargamentos.

PDVSA, sanciones y reordenamiento geopolítico

La estatal PDVSA se vio obligada a reducir su producción en los últimos meses debido a la saturación de sus depósitos. Según Reuters, si no logra exportar en el corto plazo, enfrentará nuevos recortes. En contraste, funcionarios estadounidenses celebraron la posibilidad de incrementar el suministro hacia refinerías del Golfo.

Antes del endurecimiento de las sanciones, Estados Unidos procesaba cerca de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano, un volumen que Washington ahora busca recuperar en un escenario de reconfiguración energética y geopolítica regional, donde el control de los recursos y de los flujos financieros vuelve a ocupar un lugar central.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo recorte estructural del sistema público de salud y estudia aplicar un esquema de gestión privada en cinco hospitales estratégicos de la provincia de Buenos Aires, cuatro ubicados en el Conurbano y uno en el interior. La iniciativa, impulsada bajo la lógica de la “motosierra” libertaria, implicaría tercerizar la administración y establecer el pago de cápitas para acceder a la atención, un cambio que encendió alarmas en el sector sanitario y desató un fuerte rechazo gremial.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema de gestión mixta entre Nación y Provincia que garantiza atención pública de alta complejidad a millones de bonaerenses.

Aunque no hubo un anuncio oficial, el propio Gobierno admitió que evalúa “opciones de administración” y que la alternativa más firme es la aplicación del denominado “modelo español”, que supone concesionar la gestión hospitalaria a privados, financiados a través de aportes de obras sociales, prepagas y un sistema de cápitas. En los hechos, se trata de un avance privatizador que pone en cuestión el principio de acceso universal y gratuito a la salud.

Un ajuste con impacto directo en la atención

La iniciativa responde al objetivo central del Gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público, incluso en áreas sensibles. Actualmente, el financiamiento de estos hospitales recae mayoritariamente en Nación: aporta el 80% del presupuesto del hospital de Cañuelas y el 70% de los otros cuatro, mientras que la Provincia y, en un caso, el municipio de La Matanza, completan el esquema.

El ministro de Salud, Mario Lugones, no descarta otras salidas —como el traspaso total de los hospitales a la órbita provincial—, pero en el propio sector sanitario aseguran que la decisión política apunta a avanzar con la tercerización, bajo la premisa de que los hospitales podrían “autosustentarse” con fondos del sistema privado. Una visión que, advierten especialistas y trabajadores, desdibuja el rol del Estado y profundiza la segmentación del sistema de salud.

Persisten además dudas sobre el camino legal para implementar la medida. Dado que los hospitales SAMIC fueron creados por ley, cualquier cambio de este calibre debería pasar por el Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartan un decreto presidencial para evitar un debate legislativo que podría resultar costoso, como ya ocurrió con el conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan.

Tensiones políticas y rechazo sindical

El trasfondo incluye además una fuerte disputa entre Nación y Provincia. Lugones reclama a la gestión de Axel Kicillof una deuda que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, cifra que el ministro bonaerense Nicolás Kreplak rechaza, aunque admite la existencia de desfasajes en partidas. En este escenario, también se evaluó la posibilidad de provincializar los cinco hospitales, una opción sobre la que el gobierno bonaerense aun no se pronuncio.

La reacción más contundente llegó desde el ámbito gremial. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció que el plan oficial “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud” y advirtió que pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad.

“El avance sobre los hospitales SAMIC se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema público”, alertó el secretario general de la Federación, Pablo Maciel, quien remarcó que la alta dependencia de estos centros del financiamiento nacional vuelve particularmente grave cualquier intento de privatización. “Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, concluyó.

Tras la caída de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump ya no considera como un grupo real al denominado “Cartel de los Soles” que supuestamente lideraba el expresidente y manejaba el narcotráfico en Venezuela. Payasesca, Patricia Bullrich los había declarado “organización terrorista”.

El diario The New York Times reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se retractó de la calificación sobre el llamado Cartel de los Soles, una de las excusas que utilizó Trump para atacar Venezuela y capturar a Maduro. El Departamento de Estado, que conduce Marco Rubio, lo había declarado el año pasado como una organización terrorista.

Tras la detención de Maduro, Justicia publicó una acusación en la que deja de lado sus postulados anteriores sobre el Cartel de los Soles y ya no habla de una organización narcocriminal si no de un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” alimentada por el dinero del narcotráfico.

El medio destaca que en su anterior acusación Justicia se refiere 32 veces al Cartel de los Soles y describe a Maduro como su líder, pero ahora sólo lo menciona dos veces. Expertos en seguridad consultados por NYT dicen que Cartel de los Soles es un término coloquial inventado por los medios venezolanos.

La presidenta en ejercicio de Venezuela, Delcy Rodríguez, brindó una entrevista a medios locales y se refirió a la situación que vive ese país luego del ataque norteamericano. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, dijo.

“Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional”, aclaró la mandataria.

“Los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque”, explicó. Durante los ataques murieron alrededor de 100 personas.

“El desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores”, agregó Delcy sobre la situación de Maduro que espera juicio en Estados Unidos. De modo increíble, la justicia de ese país decidió quitar la acusación de líder del cartel de los Soles, algo que no existe, luego de haberlo anunciado durante semanas. Vale todo.

“Ayer Maduro dijo que es un prisionero de guerra. Y se declararon como inocentes y personas decentes, cuya protección como jefe de Estado fue vulnerada”, cerró la mandataria.