Mientras brigadistas enfrentan incendios con recursos escasos en el sur del país, organizaciones sociales y ambientales advierten que el recorte estatal y la ofensiva legislativa del Gobierno nacional abren la puerta a la especulación sobre tierras, bosques y agua.
Los incendios que se expanden en distintas zonas de la Patagonia volvieron a poner en primer plano algo más que la emergencia ambiental. En Chubut, Río Negro y Neuquén, el fuego avanza en un contexto marcado por el ajuste presupuestario, el debilitamiento de políticas públicas y una agenda legislativa que, según denuncian organizaciones sociales, amenaza la soberanía sobre recursos estratégicos.
Aunque la Justicia investiga posibles focos intencionales y no hay imputaciones confirmadas, el eje de las críticas no pasa solo por el origen de las llamas sino por el escenario político que las rodea. Brigadistas y autoridades locales trabajan con medios limitados, mientras desde la Casa Rosada se impulsa un esquema de reducción del Estado que impacta de lleno en la prevención y el control de incendios.
Asambleas ambientales, sindicatos y organizaciones territoriales sostienen que el fuego se inscribe en una matriz conocida: desprotección estatal, tierras degradadas y posterior avance de intereses privados. En ese marco, advierten que varias leyes clave quedaron bajo presión o directamente vaciadas de contenido.
La Ley de Bosques Nativos es uno de los ejemplos más citados. El fondo destinado a compensar a las provincias por tareas de conservación y control viene siendo subejecutado desde hace años, una situación que se profundizó con el actual Gobierno. Sin recursos, alertan, la prevención se vuelve testimonial y el territorio queda librado a su suerte.
También genera alarma el debate en torno a la Ley de Manejo del Fuego. Proyectos que buscan flexibilizar la prohibición de vender o cambiar el uso de suelos incendiados son leídos por las organizaciones como una señal peligrosa: el incendio pasaría de tragedia a oportunidad de negocio.
La Ley de Glaciares y la de Tierras Rurales completan el cuadro. En el primer caso, se denuncia el intento de recortar áreas protegidas para habilitar emprendimientos extractivos, principalmente mineros. En el segundo, el cuestionamiento apunta al virtual congelamiento del registro que debería controlar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, lo que facilita operaciones opacas y la concentración de grandes extensiones.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos socioambientales describen un patrón repetido en la región: incendios en zonas de alto valor ecológico, caída del precio de la tierra y posterior adquisición por grupos económicos para desarrollos inmobiliarios, turísticos o extractivos. Un esquema que se repite, aseguran, allí donde el Estado se retira.
En ese contexto, también circularon versiones sin respaldo judicial sobre la presencia de extranjeros en áreas afectadas antes de algunos incendios. Especialistas advierten que ese tipo de denuncias, sin pruebas, desvían la atención del problema central: la extranjerización de la tierra y la falta de control público, fenómenos ampliamente documentados.
El caso de Lago Escondido aparece como antecedente inevitable. La apropiación de tierras estratégicas y el control privado del acceso al agua expusieron, una vez más, las dificultades del Estado para hacer cumplir la ley incluso cuando existen fallos judiciales firmes.
Para las organizaciones, el núcleo del conflicto es el agua. En una región donde nacen ríos y se concentran reservas hídricas clave, la combinación de megaminería, negocios inmobiliarios y ajuste estatal configura un escenario de alto riesgo.
Mientras el fuego sigue activo y las investigaciones avanzan lentamente, las preguntas se acumulan: por qué no funcionan los organismos de control, quiénes impulsan los cambios legales y, sobre todo, quién gana cuando la Patagonia se quema. Para los sectores críticos, la respuesta apunta menos al azar y más a un modelo de país que, bajo el discurso de la libertad de mercado, vuelve a poner en venta el territorio.