Mientras brigadistas enfrentan incendios con recursos escasos en el sur del país, organizaciones sociales y ambientales advierten que el recorte estatal y la ofensiva legislativa del Gobierno nacional abren la puerta a la especulación sobre tierras, bosques y agua.

Los incendios que se expanden en distintas zonas de la Patagonia volvieron a poner en primer plano algo más que la emergencia ambiental. En Chubut, Río Negro y Neuquén, el fuego avanza en un contexto marcado por el ajuste presupuestario, el debilitamiento de políticas públicas y una agenda legislativa que, según denuncian organizaciones sociales, amenaza la soberanía sobre recursos estratégicos.

Aunque la Justicia investiga posibles focos intencionales y no hay imputaciones confirmadas, el eje de las críticas no pasa solo por el origen de las llamas sino por el escenario político que las rodea. Brigadistas y autoridades locales trabajan con medios limitados, mientras desde la Casa Rosada se impulsa un esquema de reducción del Estado que impacta de lleno en la prevención y el control de incendios.

Asambleas ambientales, sindicatos y organizaciones territoriales sostienen que el fuego se inscribe en una matriz conocida: desprotección estatal, tierras degradadas y posterior avance de intereses privados. En ese marco, advierten que varias leyes clave quedaron bajo presión o directamente vaciadas de contenido.

La Ley de Bosques Nativos es uno de los ejemplos más citados. El fondo destinado a compensar a las provincias por tareas de conservación y control viene siendo subejecutado desde hace años, una situación que se profundizó con el actual Gobierno. Sin recursos, alertan, la prevención se vuelve testimonial y el territorio queda librado a su suerte.

También genera alarma el debate en torno a la Ley de Manejo del Fuego. Proyectos que buscan flexibilizar la prohibición de vender o cambiar el uso de suelos incendiados son leídos por las organizaciones como una señal peligrosa: el incendio pasaría de tragedia a oportunidad de negocio.

La Ley de Glaciares y la de Tierras Rurales completan el cuadro. En el primer caso, se denuncia el intento de recortar áreas protegidas para habilitar emprendimientos extractivos, principalmente mineros. En el segundo, el cuestionamiento apunta al virtual congelamiento del registro que debería controlar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, lo que facilita operaciones opacas y la concentración de grandes extensiones.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos socioambientales describen un patrón repetido en la región: incendios en zonas de alto valor ecológico, caída del precio de la tierra y posterior adquisición por grupos económicos para desarrollos inmobiliarios, turísticos o extractivos. Un esquema que se repite, aseguran, allí donde el Estado se retira.

En ese contexto, también circularon versiones sin respaldo judicial sobre la presencia de extranjeros en áreas afectadas antes de algunos incendios. Especialistas advierten que ese tipo de denuncias, sin pruebas, desvían la atención del problema central: la extranjerización de la tierra y la falta de control público, fenómenos ampliamente documentados.

El caso de Lago Escondido aparece como antecedente inevitable. La apropiación de tierras estratégicas y el control privado del acceso al agua expusieron, una vez más, las dificultades del Estado para hacer cumplir la ley incluso cuando existen fallos judiciales firmes.

Para las organizaciones, el núcleo del conflicto es el agua. En una región donde nacen ríos y se concentran reservas hídricas clave, la combinación de megaminería, negocios inmobiliarios y ajuste estatal configura un escenario de alto riesgo.

Mientras el fuego sigue activo y las investigaciones avanzan lentamente, las preguntas se acumulan: por qué no funcionan los organismos de control, quiénes impulsan los cambios legales y, sobre todo, quién gana cuando la Patagonia se quema. Para los sectores críticos, la respuesta apunta menos al azar y más a un modelo de país que, bajo el discurso de la libertad de mercado, vuelve a poner en venta el territorio.

Organizaciones comunistas y obreras de América Latina y el Caribe denunciaron una “agresión imperialista” de Estados Unidos contra Venezuela, repudiaron bombardeos y reclamaron la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Partidos Comunistas y Obreros de América Latina y el Caribe difundieron una declaración conjunta en la que condenaron con dureza la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y la región, a la que calificaron de “colonialista” y orientada a la apropiación de recursos estratégicos.

En el comunicado, las fuerzas firmantes denunciaron a la administración estadounidense por reivindicar la Doctrina Monroe y considerar a los países de América Latina como su “patio trasero”, lo que —advirtieron— pone en riesgo la soberanía de los pueblos del continente.

Las organizaciones también repudiaron los recientes bombardeos, que consideraron una “violación criminal” del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos, y exigieron la “libertad inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro y de Cilia Flores, a quienes definieron como víctimas del asedio y la persecución de la política exterior estadounidense.

En ese marco, hicieron un llamado a las clases trabajadoras y a los sectores progresistas de la región a movilizarse para rechazar las agresiones y defender la dignidad continental, al tiempo que reafirmaron su respaldo a la Revolución Bolivariana.

La declaración fue suscripta, entre otros, por los partidos comunistas de Venezuela, Argentina, Brasil (PCdoB), Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Honduras, Guatemala y Panamá, además de organizaciones políticas y sociales de Costa Rica, Haití y República Dominicana.

El texto cuenta además con adhesiones individuales de dirigentes políticos, exfuncionarios, legisladores, periodistas e intelectuales de distintos países de la región y de Europa, quienes coincidieron en rechazar lo que calificaron como una nueva escalada imperialista contra Venezuela.

Un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 expone que, mientras el gasto social se desploma, el Gobierno prioriza el financiamiento de inteligencia y mecanismos de control, con consecuencias profundas para áreas esenciales como salud, educación y desarrollo.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la gestión 2025 de Javier Milei reveló una profunda reasignación de recursos que refleja las prioridades del Gobierno: áreas esenciales como salud, educación, ciencia y obra pública sufrieron fortes recortes, mientras que los fondos destinados a organismos de inteligencia y seguridad crecieron de manera significativa.

Según el informe, el gasto público total cayó de manera real respecto a años anteriores, producto de un ajuste generalizado. Sin embargo, en medio de esa contracción, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, incrementó sus recursos de manera notable, en un contraste que plantea una pregunta central: ¿quién sale beneficiado con esta asignación de recursos?

En el área social, los recortes fueron severos. Hospitales nacionales, servicios de salud esenciales, y programas de prevención y atención territorial perdieron gran parte de sus partidas, paralizando en muchos casos su funcionamiento. Lo mismo sucedió en educación, donde iniciativas clave como becas, infraestructura escolar y programas de formación docente enfrentaron ejecuciones prácticamente nulas, dejando a escuelas y estudiantes sin herramientas básicas.

El desfinanciamiento también se extendió a la ciencia y la innovación, con organismos estratégicos como el CONICET y servicios meteorológicos recortando sus presupuestos, lo que dificulta la continuidad de investigaciones y proyectos vitales para el desarrollo del país. En simultáneo, la obra pública, el transporte y las transferencias a provincias y municipios registraron caídas bruscas, afectando la gestión local y el sostenimiento de infraestructura.

Mientras tantas áreas esenciales quedan desguazadas, la expansión de recursos para inteligencia revela una apuesta del Gobierno por reforzar mecanismos de control y vigilancia, en vez de invertir en servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta reasignación de fondos plantea un patrón preocupante: el Estado vuelve su mirada hacia el mantenimiento de estructuras de poder y control, en detrimento del bienestar social.

Lejos de un equilibrio responsable en la asignación de recursos, esta política presupuestaria proyecta un cambio de rol del Estado, priorizando vigilancia y seguridad sobre salud, educación y desarrollo humano, con efectos que ya se hacen sentir en todo el territorio nacional.

El gobernador visitó Miramar y fue consultado por los tres asesinatos que conmueven a Mar del Plata. “La falta de gobierno nacional se nota”, cuestionó.

El gobernador Axel Kicillof aseguró estar viendo con “mucha preocupación” la ola de violencia en Mar del Plata, que culminó con tres asesinatos en tres días, en el marco de una visita a Miramar, donde apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento de áreas como la seguridad.

“La falta del gobierno nacional se nota en todo: se nota en rutas, se nota, por supuesto, en instrumentos e inversiones en materia de seguridad”, sostuvo el mandatario bonaerense al ser consultado por la prensa sobre cómo observa la seguidilla de crímenes en la ciudad y qué respuestas se dan desde el Estado ante ese escenario.

“Invirtiendo más, con presencia del Estado, repito la palabra para que se entienda bien: sin Estado no hay seguridad”, dijo Kicillof sobre la intervención que considera necesaria, en una respuesta en la que por momentos se apartó del tema estrictamente vinculado a la seguridad y mencionó distintas políticas provinciales en materia turística, sanitaria y educativa.

“Estuvimos el otro día lanzando el Operativo Sol, en términos de esfuerzo de la provincia de Buenos Aires. Es el más grande de la historia. El Operativo Sol a Sol cuenta con 20.000 efectivos, hemos traído 200 patrulleros e incluye actividades que no tienen que ver solo con la seguridad estrictamente policial, sino que también participa el área de Salud, con postas sanitarias en toda la provincia de Buenos Aires”, remarcó sobre el tradicional operativo de seguridad de verano.

Tres homicidios en tres días: Mar del Plata sacudida por la violencia.

En ese marco, diferenció el rol de su gobierno y el de la administración nacional, con un reclamo reiterado por el desfinanciamiento de áreas estratégicas y el ahogo presupuestario hacia la Provincia. “En un fin de año complicado por la situación económica general, estamos gastando muchísimo sin apoyo, sin asistencia del gobierno nacional, en lo concreto y en lo financiero, sobre todo”, apuntó Kicillof.

“Así que estamos tratando de sustituir y recomponer lo que el Gobierno Nacional, entre el problema económico y la ausencia del Estado, todo el tiempo se agrava”, añadió.

Sobre los tres homicidios ocurridos en los últimos días en el marco de conflictos personales, el gobernador concluyó que “es algo que todos vemos con mucha preocupación”, mientras cuestionó lo que definió como un “Estado nacional ausente”, al que acusó de estar “borrado, festejando invasiones, tomando deuda, lo de siempre, lo de siempre, y sometiéndose, por supuesto, a los dictados del gobierno de Trump”.

El Gobierno nacional convocó a su mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia de la controvertida reforma laboral, pero la jugada expone una interna con gobernadores y demuestra que la iniciativa no busca proteger el empleo sino abrir puertas a más endeudamiento y beneficios para sectores empresariales.

Javier Milei decidió poner el foco de su regreso de las vacaciones en intentar encaminar la aprobación de la reforma laboral en el Senado durante las sesiones extraordinarias, aunque lo que está en juego es mucho más que una discusión técnica sobre temas de trabajo: se trata de habilitar un paquete de cambios que profundiza la flexibilización laboral y -en los hechos- alimenta nuevas fuentes de endeudamiento sin respuestas reales a la crisis de empleo.

La reunión convocada en Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la presencia del jefe de Gabinete y otros referentes oficialistas, tiene como objetivo introducir modificaciones tácticas al dictamen original con tal de seducir a gobernadores y aliados para que acompañen el tratamiento de la ley. Pero la negociación expone que la reforma no fue diseñada para generar más trabajo estable, ni para fortalecer derechos laborales; su esencia está orientada a favorecer a los grandes empleadores y al mercado financiero, con el argumento falaz de que así se incentiva la inversión.

Lo que el Gobierno presenta como “modernización laboral” esconde una agenda mucho más amplia: reducción de cargas patronales, apertura a convenios por empresa con menos protecciones, y una drástica debilitación del poder de negociación de los sindicatos frente al capital. Y si bien el oficialismo promete que “bajar el riesgo país” facilitará el rolleo de deuda provincial, la verdad es que la reforma termina financiando un esquema donde el capital financiero y los sectores más poderosos salen ganando mientras los trabajadores pierden derechos adquiridos.

El nerviosismo por asegurar votos llevó al Gobierno a negociar con gobernadores aliados la forma en que se repartirán las cargas tributarias y los capítulos de Ganancias, coparticipación e impuestos internos, una señal más de que la reforma tiene implicancias fiscales profundas que terminarán ampliando el espacio para la toma de deuda pública. Gobernadores alertan que la caída de la recaudación tendrá efectos negativos netos en sus distritos, lo que pone al descubierto que la iniciativa tiene más que ver con trasladar costos al conjunto de la población que con generar empleo genuino.

Lejos de un debate transparente sobre el impacto real en el mercado laboral y en la vida de millones de trabajadores, la Casa Rosada negocia bajo perfil, ajustando la letra del proyecto para “no complicar” su sanción en febrero, en un escenario donde la oposición y organizaciones sindicales ya cuestionan duramente que la reforma privilegie intereses empresariales y financieros.

El avance de esta reforma pone en tensión no solo a los sindicatos, que rechazaron de plano medidas que limitan el derecho de huelga y reducen aportes patronales, sino también a gran parte de la sociedad que observa cómo, mientras se promete crecimiento, la verdadera agenda parece ser abrir espacios para más endeudamiento y beneficios para las élites económicas, sin garantías de creación de empleo de calidad ni protección de derechos laborales.

El gobierno bonaerense oficializó un mapa de riesgo que identifica zonas del Conurbano Sur con alta probabilidad de inundaciones, en un intento por planificar obras, mejorar la gestión de emergencias y mitigar los efectos de los desbordes hídricos que afectan a los vecinos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó este miércoles un plan que incorpora un mapa de riesgo hídricos para seis municipios del Conurbano Sur, con el objetivo de anticipar, manejar y prevenir futuras inundaciones en una región que históricamente sufre los efectos de lluvias intensas y desbordes de arroyos.

La iniciativa, impulsada por la administración bonaerense en conjunto con organismos técnicos, identifica sectores urbanos y rurales que, por su topografía y escasa infraestructura de drenaje, son susceptibles a acumular agua durante eventos climáticos extremos.

Los municipios incluidos en el nuevo mapa de riesgo son Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui, donde las autoridades proyectan priorizar inversiones en obras hidráulicas, limpieza de arroyos, mejoras en desagües y sistemas de alerta temprana para proteger a las comunidades más vulnerables.

Según fuentes oficiales, la herramienta servirá para planificar proyectos a corto, mediano y largo plazo, además de facilitar la articulación entre los gobiernos municipal, provincial y nacional. El mapa permitirá también una gestión más eficiente de recursos ante situaciones de emergencia, buscando minimizar los daños materiales y los riesgos para la población.

La medida fue bien recibida por algunos intendentes de la región, que destacaron la importancia de contar con datos técnicos para tomar decisiones y coordinar respuestas rápidas ante precipitaciones extraordinarias. Sin embargo, también fuentes comunales señalaron que es imprescindible avanzar con la ejecución de obras concretas, no solo con la elaboración de estudios.

Especialistas en gestión de riesgos e hidrología señalaron que la aprobación del mapa representa un paso hacia la planificación integral, aunque advirtieron que la efectividad de la medida dependerá de la velocidad y ejecución de las obras comprometidas, así como de la asignación de los recursos necesarios para llevarlas adelante.

Con la firma del decreto que oficializa el mapa de riesgo, la Provincia busca consolidar una política pública de largo alcance que reduzca la vulnerabilidad de miles de vecinos ante nuevas precipitaciones severas, un desafío que se agrava en el contexto de cambio climático y eventos meteorológicos cada vez más frecuentes.

Lo que comenzó como un rumor persistente a finales del año pasado terminó por confirmarse este fin de semana y finalmente fue la propia Juliana Awada quien ratificó que se separó del expresidente Mauricio Macri luego de una década y media de matrimonio.

Según el canal C5N habría una tercera en discordia, nada menos que Juana Viale.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió la ex primera dama en su cuenta de Instagram. No dijo nada más.

Mientras, en C5N aseguraron que “no está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, ironizaron.

La inflación porteña saltó al 2,7 por ciento y le pone presión al INDEC de Javier Milei: ¿mantendrá el rango del 2% o reconocerá que los precios se dispararon? El economista Marco Lavagna, titular del organismo público, viene siendo muy criticado por números cada vez más sorpresivos. La realidad: la desinflación se terminó.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes el informe sobre los precios en diciembre de 2025, con un salto del 2,7 por ciento en el cuarto mes consecutivo de tendencia alcista.

Con ese número, el 2025 cerró en 31,8 por ciento. A priori, se trata de un número positivo comparado con años anteriores, pero en el mercado ven luces rojas en el último cuatrimestre. Desde el 1,6% de agosto, el IPC porteño se mostró al alza y nunca bajó del 2 por ciento. La política de desinflación de Milei encontró un límite en un piso alto, en torno al 2% y pico. Y todavía faltan los tarifazos y el ajuste por inflación del dólar, que podría retroalimentar la suba de precios.

La actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) expone una realidad inflacionaria mucho más elevada durante la gestión de Javier Milei.

Con la entrada en vigencia del nuevo indicador elaborado por el INDEC, la inflación acumulada desde el inicio del actual gobierno se ubica en torno al 270%, unos diez puntos porcentuales por encima de lo que mostraba la medición anterior y muy por encima de las cifras que hasta ahora se sostenían en el discurso oficial.

A partir de enero de 2026, el INDEC comenzará a aplicar formalmente el nuevo IPC, basado en la actualización de los ponderadores de bienes y servicios según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). Sin embargo, estimaciones privadas que recalculan toda la serie con esta metodología ya permiten observar el impacto del cambio: mientras el esquema previo arrojaba una inflación acumulada cercana al 259% desde diciembre de 2023, el nuevo cálculo eleva esa cifra hasta aproximadamente el 270%.

El cambio metodológico no es menor. El nuevo índice otorga mayor peso a rubros como vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, sectores que registraron fuertes aumentos en los últimos años, y reduce la incidencia relativa de alimentos y vestimenta, cuyos precios mostraron una dinámica más contenida en el tramo reciente. De este modo, la medición se acerca más a la estructura real del gasto de los hogares argentinos, pero también deja al descubierto un proceso inflacionario más intenso del que reflejaban los indicadores oficiales anteriores.

En términos anuales, los datos oficiales disponibles hasta noviembre de 2025 muestran una inflación interanual del 27,9%, mientras que las proyecciones privadas estiman para diciembre un avance adicional de entre 2,3% y 2,5%, lo que llevaría el cierre del año a un nivel cercano al 31%. Recalculado con el nuevo IPC, ese desempeño anual se integra en un acumulado de gestión significativamente más alto, que reconfigura la evaluación del recorrido inflacionario del gobierno libertario.

Además de modificar ponderaciones, el nuevo índice amplía de manera sustantiva la base de información: se incrementa la cantidad de precios relevados —de 320.000 a 500.000— y se amplía el universo de informantes. Estas mejoras técnicas buscan mayor precisión estadística, aunque su efecto inmediato es mostrar con mayor crudeza el impacto de los aumentos de precios sobre el costo de vida.

¿Que esperar en 2026?

De cara a 2026, el cambio en la medición se da en un contexto de debate sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria. Mientras el Gobierno confía en que el ajuste fiscal y la restricción monetaria permitirán continuar reduciendo la inflación, economistas y actores del sector privado advierten que, sin señales claras en materia cambiaria y de acumulación de reservas, el nuevo IPC podría seguir reflejando niveles elevados de inflación, incluso cuando el relato oficial apunte a una normalización más rápida.

El análisis por rubros refuerza realizado por la CAME muestra un diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales.

El comercio minorista pyme cerró diciembre con una caída interanual del 5,2% a precios constantes, un dato que vuelve a poner en evidencia la persistente crisis del consumo y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Aunque el índice anual acumuló una suba del 2,5%, impulsada por el fuerte arranque del año, el sector arrastra ocho meses consecutivos de retrocesos que confirman un escenario de debilidad estructural de la demanda.

En la comparación desestacionalizada frente a noviembre, las ventas mostraron un repunte del 5,2%, explicado principalmente por factores estacionales como las fiestas de fin de año y el cobro de aguinaldos. Sin embargo, este alivio coyuntural no alcanzó para revertir la tendencia descendente que atraviesa al comercio pyme desde hace meses.

El análisis por rubros refuerza el diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. Las contracciones más profundas se observaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%), rubros estrechamente ligados al consumo discrecional y particularmente afectados por la pérdida de ingresos reales. La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una leve suba del 0,8%.

En cuanto a la situación de los negocios, más de la mitad de los comerciantes (55%) señaló que su actividad se mantuvo estable en relación al año anterior, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento. Si bien este último dato muestra una mejora relativa frente a noviembre, cuando el deterioro alcanzaba al 37%, sigue reflejando un contexto de fragilidad para una porción significativa del sector.

Diciembre volvió a mostrar un consumo contenido y altamente racionalizado. Las familias priorizaron promociones y gastos esenciales, limitando las compras no indispensables ante la persistente pérdida de poder adquisitivo. Ni siquiera el impulso estacional logró modificar sustancialmente este comportamiento defensivo.

De cara a los próximos meses, prevalece una cautela optimista entre los comerciantes: aunque muchos esperan una mejora económica hacia 2026, la inversión continúa frenada por los altos costos, la baja rentabilidad y la debilidad de la demanda. El desafío central para el sector será dejar atrás los rebotes estacionales y lograr una recuperación genuina y sostenida del consumo.