Organizaciones sociales, políticas y derechos humanos consolidaron un pedido masivo para exigir la libertad de Milagro Sala, al cumplirse una década de su detención en Jujuy en un caso que diversas entidades consideran un montaje político y una violación de derechos fundamentales.
Milagro Sala, dirigente social y fundadora de la organización Tupac Amaru, lleva diez años detenida en la provincia de Jujuy, en un proceso que para numerosas organizaciones de derechos humanos, gremios y referentes políticos constituye una detención arbitraria e ilegal, sin que se hayan agotado todas las instancias de defensa ni se hayan garantizado sus derechos constitucionales.
A lo largo de estos años, se sumaron múltiples pronunciamientos internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalaron irregularidades y cuestionaron la proporcionalidad y legalidad de la prisión preventiva prolongada aplicada en su contra.
En las últimas semanas, miles de ciudadanos, agrupaciones sociales y figuras del ámbito político y cultural firmaron un petitorio colectivo que reclama la libertad de Sala, subrayando que su detención superó ampliamente los plazos razonables de prisión preventiva y que su situación representa una afrenta al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.
Los impulsores de la iniciativa señalan que, más allá de las causas judiciales específicas, el caso de Milagro Sala se ha convertido en un símbolo de persecución política y de uso abusivo del sistema penal para silenciar a voces críticas y referentes comunitarios que tenían un rol activo en la articulación social y política.
Este décimo aniversario de detención coincide con llamados a una revisión exhaustiva de su situación procesal, así como con reclamos para que se cumplan las recomendaciones de organismos internacionales y se garantice el acceso a la justicia sin demoras indebidas.
Para quienes firman la petición, la liberación de Milagro Sala no solo responde a un caso particular, sino que también representa una reivindicación más amplia del estado de derecho, la equidad procesal y la protección de los derechos civiles y políticos en Argentina.