Organizaciones sociales, políticas y derechos humanos consolidaron un pedido masivo para exigir la libertad de Milagro Sala, al cumplirse una década de su detención en Jujuy en un caso que diversas entidades consideran un montaje político y una violación de derechos fundamentales.

Milagro Sala, dirigente social y fundadora de la organización Tupac Amaru, lleva diez años detenida en la provincia de Jujuy, en un proceso que para numerosas organizaciones de derechos humanos, gremios y referentes políticos constituye una detención arbitraria e ilegal, sin que se hayan agotado todas las instancias de defensa ni se hayan garantizado sus derechos constitucionales.

A lo largo de estos años, se sumaron múltiples pronunciamientos internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalaron irregularidades y cuestionaron la proporcionalidad y legalidad de la prisión preventiva prolongada aplicada en su contra.

En las últimas semanas, miles de ciudadanos, agrupaciones sociales y figuras del ámbito político y cultural firmaron un petitorio colectivo que reclama la libertad de Sala, subrayando que su detención superó ampliamente los plazos razonables de prisión preventiva y que su situación representa una afrenta al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.

Los impulsores de la iniciativa señalan que, más allá de las causas judiciales específicas, el caso de Milagro Sala se ha convertido en un símbolo de persecución política y de uso abusivo del sistema penal para silenciar a voces críticas y referentes comunitarios que tenían un rol activo en la articulación social y política.

Este décimo aniversario de detención coincide con llamados a una revisión exhaustiva de su situación procesal, así como con reclamos para que se cumplan las recomendaciones de organismos internacionales y se garantice el acceso a la justicia sin demoras indebidas.

Para quienes firman la petición, la liberación de Milagro Sala no solo responde a un caso particular, sino que también representa una reivindicación más amplia del estado de derecho, la equidad procesal y la protección de los derechos civiles y políticos en Argentina.

En medio de las alertas del Servicio Nacional Meteorológico por altas temperaturas, más de un millón de uuarios del AMBA se quedaron sin luz. Todavía hay más de 100 mil familias sin suministro. Tanto Edesur como Edenor recibieron ganancias extraordinarias gracias al tarifazo del gobierno de Javier Milei pero los cortes siguen aunque la justificación de los aumentos sea “aumentar la inversión en infrasestructura”.

Durante el gobierno de Mauricio Macri pasó lo mismo: se establecieron brutales tarifazos bajo el argumento de que eran necesarias para que las empresas pudieran mejorar el servicio. Pasó igual que ahora: las empresas aumentaron sus ganancias y para los usuarios la pérdida es doble, porque pagan más por un servicio muy malo.

El liberalismo argentino replica las recetas en todos los ámbitos con los mismos resultados. En los servicios públicos, promete mejoras en los servicios con tarifas dolarizadas. Pasa lo segundo pero nunca lo primero. Como cuando prometen mejorar el empleo si se reforman las leyes laborales. Suele pasar lo segundo pero lo primero siempre empeora. La historia siempre se repite.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado concretó el pasado jueves un gesto insólito: le entregó su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro tuvo lugar al mediodía en la Casa Blanca y fue presentado por la líder de Vente Venezuela como un reconocimiento al ” compromiso (de Trump) con la defensa de la libertad en Venezuela”. A Corina Machado solo le preocupa que Trump la elija como presidenta de Venezuela. Sabe que es la única manera de quedarse con el poder.

Pero el papelón no se detuvo ahí: “Hace doscientos años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington”, insistió Corina Machado, elogiando el ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela donde murieron más de 150 personas.

Como si no faltara ningún papelón por atravesar, la fundación sueca que entrega el premio rechazó la posibilidad de transferir el premio: “Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre”. Nada dijeron sobre el premio Nobel de la Paz que entregaron a una persona que defendió un brutal ataque militar contra su propio paz.

El último censo del Gobierno porteño sobre personas en situación de calle volvió a marcar un récord histórico, con un aumento sostenido tanto de quienes duermen en la vía pública como sobre todo de quienes necesitan asistencia estatal en los paradores.

Pese a los discursos oficiales que destacan una supuesta disminución de la pobreza, la realidad social en la Ciudad de Buenos Aires parece ir en sentido contrario. El último censo del Gobierno porteño sobre personas en situación de calle volvió a marcar un récord histórico, con un aumento sostenido tanto de quienes duermen en la vía pública como —sobre todo— de quienes necesitan asistencia estatal en los paradores.

El relevamiento, difundido por la gestión de Jorge Macri y realizado en noviembre pasado por 85 equipos oficiales, mostró un crecimiento general de la población en situación de calle respecto de la medición de mayo. Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, los datos exponen un deterioro social persistente en uno de los distritos más ricos del país.

Según el informe, la cantidad de personas que pernoctan en la vía pública aumentó un 3% en el último semestre. Sin embargo, el salto más pronunciado se dio en los Centros de Inclusión Social (CIS): la población alojada en estos paradores creció un 20% en el mismo período. De hecho, el 94% del incremento total de personas en situación de calle se explica por el aumento de quienes requieren alojamiento estatal, mientras que solo el 6% corresponde a nuevas personas registradas directamente en la calle.

La comparación histórica refuerza la dimensión del problema. En noviembre de 2017, cuando se realizó el primer censo con esta metodología, se habían contabilizado 636 personas durmiendo en la vía pública y 966 en paradores. Ocho años después, las cifras se multiplicaron: 1.613 personas pasan la noche en la calle y 3.563 dependen de los CIS, un crecimiento que contradice los relatos oficiales de mejora social.

Desde el Gobierno porteño explican parte de este aumento por la incorporación de diez nuevos Centros de Inclusión Social durante 2025, que ampliaron la capacidad del sistema en más de 4.900 plazas. No obstante, aun con mayor infraestructura, los números revelan que la demanda de asistencia no deja de crecer, en un contexto de creciente vulnerabilidad económica y social, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El censo también evidencia una fuerte concentración territorial: la mitad de las personas en situación de calle se encuentra en las comunas 1 y 3, que incluyen barrios como Constitución, Monserrat, San Telmo, Retiro, Balvanera y San Cristóbal. En cuanto al perfil etario, el 80% tiene entre 19 y 59 años y un 8% supera los 60, lo que refuerza la preocupación por el impacto del fenómeno en adultos mayores. Además, el 67,1% de las personas relevadas nació fuera de la Ciudad, mientras que el 31,9% es oriundo del distrito.

Así, mientras los indicadores macroeconómicos y los anuncios oficiales intentan instalar una narrativa de recuperación, la expansión de la población en situación de calle expone una realidad cotidiana que desmiente esa lectura y vuelve a poner en el centro el alcance real de la crisis social.