La difusión de los últimos datos de inflación desató un fuerte escándalo en el INDEC y expuso una crisis interna sin precedentes en el organismo estadístico nacional.
En medio de tensiones crecientes por la implementación de una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el recambio en la cúpula del instituto la cual fue descabezada y anunció la postergación del índice renovado que debía estrenarse con el dato de enero.
Caputo blanqueó la injerencia directa del Gobierno en el organismo y admitió que la renuncia de Marco Lavagna estuvo vinculada al desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei de frenar la actualización del sistema de medición. Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la salida de Lavagna, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de las estadísticas oficiales.
El nuevo modelo buscaba actualizar la canasta de consumo, incorporando con mayor peso los servicios —que hoy representan una porción creciente del gasto de los hogares— y corrigiendo distorsiones del esquema vigente, basado en ponderaciones de 2008. Entre los ejemplos más citados aparece la permanencia de la telefonía fija en la canasta, mientras quedan relegados consumos actuales como las plataformas de streaming.
La metodología descartada por Milei y Caputo contaba incluso con el aval del FMI, ya que se apoyaba en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y permitía reflejar con mayor precisión los patrones reales de consumo de la población. Además, el índice actualizado se asemeja al que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que suele arrojar valores más elevados debido al mayor peso de los servicios en la Canasta Básica Total.
Sin embargo, Caputo justificó la postergación asegurando que el cambio podría “opacar” el proceso de desinflación que el Gobierno intenta consolidar. “No hay necesidad de cambiar el índice ahora, da prácticamente lo mismo”, afirmó, aunque reconoció que se mantendrá la medición actual “hasta que el proceso esté consolidado”.
La decisión oficial de intervenir en el INDEC y frenar un cambio metodológico ya preparado reavivó temores históricos: economistas y sectores de la oposición advierten que el Gobierno busca evitar el riesgo de que la inflación arroje cifras más altas en los próximos meses, aun al costo de erosionar la credibilidad política y técnica del organismo con impacto en otros datos cruciales como los de la pobreza.
Con el desplazamiento de Lavagna y la suspensión del nuevo IPC, el escándalo vuelve a instalar una pregunta sensible: ¿se trata de una decisión técnica o de un intento de control político sobre un dato clave para millones de argentinos?