Un verdadero terremoto político sacude a La Libertad Avanza en Salta. El diputado provincial Nicolás Arce confirmó que fue despedido con justa causa de la petrolera Refinor en medio de un escándalo explosivo.

La política salteña quedó sacudida por un escándalo que golpea de lleno a La Libertad Avanza. El diputado provincial Nicolás Arce confirmó que fue despedido con justa causa de la empresa petrolera Refinor, en medio de una denuncia interna de extrema gravedad.

De acuerdo al acta de despido, la compañía lo responsabilizó por la desaparición de 76.000 litros de combustible, un faltante millonario que la firma consideró inadmisible. El documento también señala que no se trató de un hecho aislado: Arce contaba con tres suspensiones previas, lo que habría llevado a Refinor a cortar el vínculo de manera inmediata.

Pese a la contundencia de la acusación, el legislador libertario se defendió públicamente y anunció que inició un juicio contra la empresa para exigir una indemnización, buscando revertir la decisión.

El caso genera un fuerte impacto político, ya que el espacio libertario salteño que se presenta como abanderado del “orden” y la “honestidad” queda ahora envuelto en una polémica difícil de explicar.

El Gobierno nacional volvió a quedar bajo la lupa tras nuevas contrataciones a la droguería Suizo Argentina, firma vinculada a las presuntas coimas investigadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A pesar de que su nombre permanece en el centro de una causa judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y desvío de fondos, la empresa de la familia Kovalivker reapareció en procesos de compra oficiales impulsados por el Ministerio de Salud.

La reaparición se conoció a través del portal estatal Comprar, donde figuran dos licitaciones recientes en las que Suizo Argentina presentó ofertas junto a otros proveedores. La situación cobra especial relevancia luego de los audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que advertía sobre un esquema interno de “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios”.

Una causa que sigue abierta

El caso estalló en agosto pasado, cuando se difundieron grabaciones adjudicadas a Spagnuolo —entonces funcionario nacional y representante legal del presidente Javier Milei— describiendo un presunto sistema de corrupción con licitaciones diseñadas a medida y desvío de fondos públicos. Suizo Argentina fue señalada como una de las principales beneficiarias.

Tras la difusión, el Gobierno mantuvo un cerrojo de casi tres meses sobre la firma: durante 89 días, desde el 22 de agosto, el CUIT de la empresa no volvió a figurar en el sistema Comprar. Sin embargo, la suspensión terminó y su regreso generó nuevas sospechas, especialmente considerando que en poco más de un año y medio de gestión libertaria la droguería acumuló contrataciones por más de 100 mil millones de pesos.

Según relevamientos oficiales, Suizo Argentina firmó acuerdos millonarios no solo con Salud, sino también con los ministerios de Seguridad y Defensa, además de PAMI y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), consolidando su peso dentro del entramado de compras públicas.

Nuevas licitaciones bajo cuestionamiento

De acuerdo con información oficial, la droguería volvió a presentarse en una licitación abierta el 15 de noviembre para la provisión de insumos de hemodinamia infantil destinados al Hospital Posadas. En ese proceso, Suizo Argentina fue una de las dos firmas que superaron el primer filtro técnico y su oferta, por 250 millones de pesos, figura como “disponible para adjudicar”.

En paralelo, su nombre también aparece en otra licitación impulsada el 26 de diciembre para la adquisición de insumos de neurocirugía con aparatología a préstamo. Allí ofertó casi 37 millones de pesos, logrando superar la primera instancia de evaluación entre diez oferentes.

Estas nuevas contrataciones se producen pese a que el fiscal Franco Picardi detalló en su dictamen irregularidades en la ANDIS, describiendo un funcionamiento atravesado por decisiones discrecionales, direccionamiento de licitaciones y sobreprecios sistemáticos, con participación central de determinados proveedores, entre ellos Suizo Argentina.

La decisión oficial de habilitar nuevamente a la empresa mientras la causa judicial sigue en curso vuelve a encender alarmas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos.

La Justicia frenó el ajuste en la ANDIS

En otro frente, en octubre pasado la ANDIS quedó obligada a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en los últimos meses, tras una medida cautelar de alcance nacional.

La orden fue formalizada mediante la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, quien hizo lugar a un amparo presentado por el Defensor del Pueblo provincial, Dalmacio Mera. La resolución exige reactivar en 24 horas todos los pagos interrumpidos desde 2024 y prohíbe avanzar con nuevas auditorías o suspensiones hasta una sentencia definitiva.

La ANDIS deberá notificar a los beneficiarios, asignar los fondos necesarios y comunicar la medida a la ANSES para garantizar la restitución inmediata. El magistrado consideró que la suspensión afectó de manera homogénea a miles de personas con discapacidad y aplicó la doctrina del caso “Halabi”, al tratarse de un derecho de incidencia colectiva.

La cautelar se dictó además en un contexto de creciente conflictividad social, con protestas de familiares y prestadores frente a la sede del organismo, denunciando recortes, demoras en los pagos y falta de respuestas oficiales.

La difusión de los últimos datos de inflación desató un fuerte escándalo en el INDEC y expuso una crisis interna sin precedentes en el organismo estadístico nacional.

En medio de tensiones crecientes por la implementación de una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el recambio en la cúpula del instituto la cual fue descabezada y anunció la postergación del índice renovado que debía estrenarse con el dato de enero.

Caputo blanqueó la injerencia directa del Gobierno en el organismo y admitió que la renuncia de Marco Lavagna estuvo vinculada al desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei de frenar la actualización del sistema de medición. Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la salida de Lavagna, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de las estadísticas oficiales.

El nuevo modelo buscaba actualizar la canasta de consumo, incorporando con mayor peso los servicios —que hoy representan una porción creciente del gasto de los hogares— y corrigiendo distorsiones del esquema vigente, basado en ponderaciones de 2008. Entre los ejemplos más citados aparece la permanencia de la telefonía fija en la canasta, mientras quedan relegados consumos actuales como las plataformas de streaming.

La metodología descartada por Milei y Caputo contaba incluso con el aval del FMI, ya que se apoyaba en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y permitía reflejar con mayor precisión los patrones reales de consumo de la población. Además, el índice actualizado se asemeja al que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que suele arrojar valores más elevados debido al mayor peso de los servicios en la Canasta Básica Total.

Sin embargo, Caputo justificó la postergación asegurando que el cambio podría “opacar” el proceso de desinflación que el Gobierno intenta consolidar. “No hay necesidad de cambiar el índice ahora, da prácticamente lo mismo”, afirmó, aunque reconoció que se mantendrá la medición actual “hasta que el proceso esté consolidado”.

La decisión oficial de intervenir en el INDEC y frenar un cambio metodológico ya preparado reavivó temores históricos: economistas y sectores de la oposición advierten que el Gobierno busca evitar el riesgo de que la inflación arroje cifras más altas en los próximos meses, aun al costo de erosionar la credibilidad política y técnica del organismo con impacto en otros datos cruciales como los de la pobreza.

Con el desplazamiento de Lavagna y la suspensión del nuevo IPC, el escándalo vuelve a instalar una pregunta sensible: ¿se trata de una decisión técnica o de un intento de control político sobre un dato clave para millones de argentinos?

El gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó este lunes el envío de un contingente de 40 brigadistas y 17 vehículos de alta complejidad a Chubut para combatir los incendios forestales en Puerto Patriada y Laguna Villarino.

La provincia de Buenos Aires envió brigadistas y equipamiento pesado a Chubut en medio de los incendios forestales que no dan tregua. La medida responde a una solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se enmarca en el Sistema Federal de Manejo del Fuego. En una muestra de “solidaridad federal y compromiso con la preservación ambiental”, el Ministerio de Seguridad bonaerense desplegó este último fin de semana un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios que afectan al sur del país.

Tras la solicitud y la aprobación de los protocolos correspondientes, el gobernador Axel Kicillof dispuso el envío de recursos humanos y logísticos especializados. La decisión no es menor: ocurre en el mismo momento en que los brigadistas locales de Chubut reclaman por la falta de equipamiento nuevo y el retraso en el pago de fondos nacionales del ejercicio 2025, lo que convierte al contingente bonaerense en un refuerzo vital para la primera línea de fuego.

ESTAMOS DONDE TENEMOS QUE ESTAR 🇦🇷

Frente a la emergencia de incendios forestales en #Chubut, y respondiendo a la solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Gobernador @Kicillofok ordenó el despliegue inmediato de ayuda operativa.

Enviamos 40 brigadistas… pic.twitter.com/ziJIhLJQ76

— Javier Alonso (@JaviAlonsook) February 2, 2026

El contingente: Especialistas para el “terreno hostil”

El despliegue coordinado por la Dirección Provincial de Defensa Civil movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales. Este equipo no solo está compuesto por personal de apoyo, sino por cuadros técnicos críticos: motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados para operar en condiciones de fatiga extrema y topografía de montaña.

Dada la complejidad geográfica de la zona, se decidió el envío de una flota de 17 vehículos adaptados, diseñada para romper el aislamiento de las zonas de bosque cerrado:

• 14 camionetas (4×2 y 4×4): Destinadas al transporte rápido de personal y logística de suministros.
• Un Camión Autobomba 4×4 URO: Una unidad de gran potencia diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles donde el suelo es inestable.
• Dos Vehículos UTV con kit forestal: Equipos ligeros esenciales para llegar a las denominadas “zonas rojas”, donde las pendientes y la densidad de la vegetación impiden el paso de vehículos convencionales.

Objetivos tácticos: Puerto Patriada y Laguna Villarino

El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, dos de las zonas más críticas de la cordillera chubutense. En estos puntos, el comportamiento del fuego ha sido calificado como “extremo” debido a la acumulación de biomasa seca y los vientos cambiantes que han caracterizado este cierre de enero.

“Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica”, destaca el informe oficial de la operación. La llegada de los 40 especialistas bonaerenses busca dar un respiro a las cuadrillas locales que llevan casi 60 días de combate ininterrumpido. Este movimiento refuerza la idea de un sistema de defensa civil bonaerense con capacidad de proyección nacional, en un momento donde la descentralización de la respuesta a emergencias está en el centro del debate político.