La Provincia de Buenos Aires sufrió en enero una caída de ingresos por más de $82.000 millones como consecuencia del derrumbe de la coparticipación federal, una situación que pone en evidencia el fuerte impacto del ajuste económico nacional sobre las finanzas provinciales.
El retroceso se explica, en gran medida, por la caída del consumo interno, que golpeó de lleno la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el principal tributo coparticipable. Según datos oficiales, la recaudación de este impuesto se desplomó un 12% interanual, arrastrando al conjunto de los recursos que la Nación distribuye automáticamente a las provincias.
El escenario es alarmante: durante el primer mes del año, las transferencias nacionales a las jurisdicciones provinciales se redujeron en promedio un 6,7% interanual, lo que representó un recorte global cercano a los $400.000 millones en comparación con enero de 2025. A este panorama se suma la baja del 2,1% en el resto de los tributos coparticipables, profundizando el deterioro de las cuentas públicas subnacionales.
Desde el Ministerio de Economía bonaerense advirtieron que la pérdida de recursos afecta de manera directa la capacidad financiera del Gobierno bonaerense, en un contexto marcado por el retiro del Estado nacional de áreas sensibles como la obra pública y la inversión en infraestructura. El ministro Pablo López fue categórico al señalar que la caída de la coparticipación “expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”, y remarcó que todas las provincias están perdiendo ingresos genuinos mientras se ven obligadas a asumir mayores responsabilidades.
En ese sentido, el funcionario subrayó que el ajuste sobre las transferencias automáticas fuerza a los distritos a suplir la ausencia de la Nación en áreas estratégicas, generando una presión adicional sobre presupuestos ya tensionados.
Crece la tensión entre Provincia y Nación
Los datos se conocen en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en el marco de las negociaciones por la reforma laboral que se debatirá en el Senado. Uno de los puntos de mayor conflicto es la reducción del impuesto a las ganancias de las sociedades comerciales, una iniciativa que las provincias rechazan por su impacto directo y negativo sobre la coparticipación, y que amenaza con profundizar aún más el desfinanciamiento del interior del país.