La interrupción del servicio alcanza a 26 líneas del AMBA y podría ampliarse si no se acreditan los haberes adeudados. La medida es por tiempo indeterminado y no fue alcanzada por ninguna conciliación obligatoria.

Un cese de actividades dispuesto por choferes de al menos 26 líneas de colectivos dejó este jueves sin servicio a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de un reclamo por salarios impagos.

La medida comenzó a la medianoche y fue adoptada por trabajadores que denunciaron la falta de acreditación de los sueldos correspondientes al mes vencido. Según delegados gremiales, el servicio no se restablecerá hasta que los haberes estén depositados en las cuentas, independientemente de anuncios oficiales o compromisos empresariales.

El conflicto se produce en paralelo a tensiones en el sistema de transporte público. Mientras el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el ámbito ferroviario —lo que dejó sin efecto un paro de trenes previsto para esta semana—, la disposición no alcanza al sector de colectivos involucrado en esta protesta.

Entre las empresas afectadas se encuentran MOQSA (líneas 159, 219, 300, 382, 584, 603 y 619), San Juan Bautista (383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513), MOGSM (333, 407, 437 y 707) y la línea 22. También se encuentran paralizadas las líneas 236, 504 y 634.

En el caso de la línea 216, el servicio funciona de manera parcial: el ramal 166 (Gaona–Aeroparque) opera con normalidad, mientras que los trayectos hacia Palermo permanecen suspendidos.

Desde el sector advirtieron que, de persistir la falta de pago, la protesta podría extenderse a otras líneas en las próximas horas, lo que profundizaría el impacto sobre millones de pasajeros que dependen del transporte público para trasladarse hacia sus lugares de trabajo y estudio.

El conflicto vuelve a exponer la fragilidad del esquema de subsidios y financiamiento del sistema de transporte urbano, en un contexto de ajuste presupuestario y demoras en la transferencia de fondos a las empresas prestatarias.

El entendimiento bilateral prioriza exportaciones primarias y amplía el acceso estadounidense a sectores industriales, energéticos y normativos. Deberá pasar por el Congreso y comenzará a regir 60 días después de completados los trámites legales.

El acuerdo comercial suscripto por los presidentes Javier Milei y Donald Trump configura un esquema de intercambio que, según surge del texto oficial, otorga ventajas concentradas en productos primarios argentinos mientras habilita una apertura más profunda en áreas industriales, mineras y regulatorias en favor de Estados Unidos.

El tratado contempla reducciones o eliminación de aranceles para 1.675 posiciones arancelarias argentinas, principalmente vinculadas a alimentos y bienes primarios. Entre ellas figuran frutas, infusiones, especias, ceras y productos panificados, además de carnes, pescados, lácteos y otros derivados de origen animal. En el caso del sector cárnico, el cupo de exportación al mercado estadounidense se ampliará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, con una proyección oficial de ingresos adicionales cercana a los 800 millones de dólares.

No obstante, el propio documento aclara que, fuera de esos beneficios específicos, las exportaciones argentinas seguirán sujetas al arancel general del 10% dispuesto por Washington en 2025. En los hechos, parte de las concesiones implica restituir condiciones previas al endurecimiento comercial adoptado por la administración Trump, más que establecer ventajas nuevas y permanentes.

El acuerdo entrará en vigencia 60 días después de que ambas partes notifiquen el cumplimiento de sus procedimientos legales internos. En el caso argentino, requerirá aprobación parlamentaria.

En paralelo a las mejoras para el complejo agroexportador, el tratado incorpora compromisos que impactan directamente sobre el mercado interno. Argentina habilitará la importación de 80.000 toneladas de carne bovina estadounidense en 2026, además de cuotas para lácteos, frutos secos, azúcar, chocolates, papas y vino, entre otros productos, lo que podría intensificar la competencia sobre economías regionales.

En materia industrial, el país se compromete a no prohibir el ingreso de bienes de capital usados provenientes de Estados Unidos, incluidos equipos agrícolas, maquinaria de construcción y tecnología para minería. Asimismo, aceptará certificaciones técnicas estadounidenses para vehículos y autopartes, eliminando instancias de homologación local.

Un punto de especial sensibilidad es el reconocimiento de estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el ingreso de productos farmacéuticos, lo que supone un alineamiento regulatorio con la normativa estadounidense.

El capítulo minero y energético profundiza ese sesgo. El texto establece que Argentina “permitirá y facilitará” la inversión estadounidense en exploración, extracción y exportación de minerales críticos y recursos energéticos, y que priorizará a Estados Unidos como socio en cobre, litio y otros minerales estratégicos. También prevé agilizar proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y promover infraestructura que facilite la participación de empresas norteamericanas. No se consignan cláusulas de reciprocidad equivalentes para firmas argentinas.

El acuerdo suma además compromisos en propiedad intelectual, con refuerzo de acciones contra mercadería que infrinja marcas o patentes, y la implementación de controles para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, considerando en ese punto las determinaciones del gobierno estadounidense.

El nuevo marco redefine la relación económica bilateral con una apertura que excede lo arancelario e incluye alineamientos normativos y estratégicos. Mientras el Ejecutivo destaca la ampliación de exportaciones alimenticias hacia un mercado de alto poder adquisitivo, distintos sectores productivos anticipan un debate sobre el impacto del tratado en la industria, la regulación interna y el control de recursos naturales

La inflación de alimentos y bebidas volvió a tomar impulso en el arranque de febrero al registrar, según una medición privada, el incremento semanal más elevado desde marzo de 2024, un movimiento que suma presión sobre el índice general de precios en un rubro clave del consumo cotidiano. ¿El INDEC seguirá mirando para el costado?

El relevamiento corresponde a la consultora LCG, que informó un aumento del 2,5% en la primera semana del mes, el registro más alto de 2025 y solo comparable con la segunda semana de marzo del año pasado, cuando la economía todavía acusaba el impacto pleno de la devaluación inicial aplicada por el gobierno de Milei.

Que la economía no levanta y la actividad real sigue parada no es una novedad. Tampoco que es cada vez mayor el cierre de empresas y los despidos masivos. Mientras, la inflación siga muy alta en términos récord para el mundo y para el siglo XXI en Argentina (es cierto que es menor a 2023). Por eso, el gobierno libertario decidió poner en el INDEC a alguien propio y canceló cualquier actualización de la metodología que pudiera poner en duda el relato de la “desinflación”.

El que las hace, no las paga. El presidente Javier Milei sacó un decreto para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis “Toto” Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa. La impunidad es total: Capuchetti tiene vínculos con el macrismo.

La jueza fue nombrada juez por el propio Macri y son conocidos sus contactos con importantes dirigentes del PRO. Es conocida su desida para investigar el intento de magnicidio contra Cristina, ahora decide no avanzar en la causa que involucró un crédito de 50 mil millones de dólares. Vale todo. Su decisión fue tan polémica que el fiscal Franco Picardi no dudó en apelar contra el cierre de la causa.

La medida de Milei favoreció a Macri y a sus actuales ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos formaron parte del gabinete de Macri y fueron claves en la negociación y manejo de aquel préstamo que se fugó. Nadie investigará y a nadie lo escandalizará.

En una carta publicada por La Nación, el empresario cuestionó con dureza la política industrial del Gobierno y advirtió que el Presidente no cuida a la industria nacional como sí lo hacen otros líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.

El dueño del grupo Techint, Paolo Rocca, salió a responder por escrito a los ataques del presidente Javier Milei luego de que la empresa perdiera la licitación para proveer los caños del gasoducto de Río Negro. En una carta publicada por La Nación, el empresario cuestionó con dureza la política industrial del Gobierno y advirtió que el Presidente no cuida a la industria nacional como sí lo hacen otros líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.

La reacción de Rocca llegó después de que Milei lo calificara como “Don Chatarrín” y le deseara la quiebra, tras conocerse que Techint había presentado una oferta significativamente más alta que la de la empresa ganadora, la india Welspun.

En su carta, Rocca defendió una apertura económica gradual y con reglas claras, y marcó diferencias con el enfoque libertario del Gobierno. “Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”, sostuvo. Y agregó: “La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor”.

Para reforzar su planteo, el empresario puso como ejemplo a Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes”, señaló, en contraste con la decisión del Gobierno argentino de favorecer a una empresa extranjera por sobre una local.

Rocca también expuso lo que consideró una contradicción del Ejecutivo: su alineamiento estratégico con Estados Unidos mientras celebra el triunfo de una firma india en una obra clave de infraestructura. En ese sentido, recordó que el reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos compromete a ambos países a coordinar políticas sobre control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión de aranceles.

En la carta, el titular de Techint detalló que las principales economías del mundo aplican fuertes medidas de protección para sus industrias. Además de los aranceles del 50% en Estados Unidos, mencionó las salvaguardas europeas —que combinan cuotas y aranceles—, las políticas de México y Canadá, y el caso de Brasil, que bajo el gobierno de Lula introdujo aranceles del 25% frente al aumento de importaciones de acero chino. Incluso la India, país de origen de la empresa ganadora, mantiene salvaguardas similares.

Según Rocca, estas barreras están generando un desvío de excedentes de acero a precios de dumping hacia países más abiertos, como la Argentina. “La defensa de la industria nacional es clave para sostener sectores estratégicos en los que el país tiene ventajas competitivas, como la agroindustria, la energía y la minería”, concluyó.

La Provincia de Buenos Aires sufrió en enero una caída de ingresos por más de $82.000 millones como consecuencia del derrumbe de la coparticipación federal, una situación que pone en evidencia el fuerte impacto del ajuste económico nacional sobre las finanzas provinciales.

El retroceso se explica, en gran medida, por la caída del consumo interno, que golpeó de lleno la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el principal tributo coparticipable. Según datos oficiales, la recaudación de este impuesto se desplomó un 12% interanual, arrastrando al conjunto de los recursos que la Nación distribuye automáticamente a las provincias.

El escenario es alarmante: durante el primer mes del año, las transferencias nacionales a las jurisdicciones provinciales se redujeron en promedio un 6,7% interanual, lo que representó un recorte global cercano a los $400.000 millones en comparación con enero de 2025. A este panorama se suma la baja del 2,1% en el resto de los tributos coparticipables, profundizando el deterioro de las cuentas públicas subnacionales.

Desde el Ministerio de Economía bonaerense advirtieron que la pérdida de recursos afecta de manera directa la capacidad financiera del Gobierno bonaerense, en un contexto marcado por el retiro del Estado nacional de áreas sensibles como la obra pública y la inversión en infraestructura. El ministro Pablo López fue categórico al señalar que la caída de la coparticipación “expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”, y remarcó que todas las provincias están perdiendo ingresos genuinos mientras se ven obligadas a asumir mayores responsabilidades.

En ese sentido, el funcionario subrayó que el ajuste sobre las transferencias automáticas fuerza a los distritos a suplir la ausencia de la Nación en áreas estratégicas, generando una presión adicional sobre presupuestos ya tensionados.

Crece la tensión entre Provincia y Nación

Los datos se conocen en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en el marco de las negociaciones por la reforma laboral que se debatirá en el Senado. Uno de los puntos de mayor conflicto es la reducción del impuesto a las ganancias de las sociedades comerciales, una iniciativa que las provincias rechazan por su impacto directo y negativo sobre la coparticipación, y que amenaza con profundizar aún más el desfinanciamiento del interior del país.

Se trata de Tecsesi S.A., firma dedicada a tareas de limpieza pesada y perteneciente al holding Techint, que empleaba a unos 280 trabajadores. La empresa dejó de operar en la planta y, si bien Ternium absorbió como personal propio a alrededor de 170 empleados, el resto quedó sin destino laboral claro.

La crisis que atraviesa la industria nacional vuelve a golpear con fuerza al empleo. El Grupo Techint cerró una de sus empresas tercerizadas en la planta General Savio y dejó a 110 trabajadores al borde del desempleo, en un escenario que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) define como “imposible” para su reubicación, debido al ajuste generalizado que atraviesa el sector.

Se trata de Tecsesi S.A., firma dedicada a tareas de limpieza pesada y perteneciente al holding Techint, que empleaba a unos 280 trabajadores. La empresa dejó de operar en la planta y, si bien Ternium absorbió como personal propio a alrededor de 170 empleados, el resto quedó sin destino laboral claro. Desde la UOM San Nicolás advierten que las chances de reubicación son mínimas, ya que otras contratistas también están reduciendo personal.

El cierre de la tercerizada se inscribe en un proceso de reducción de costos que tiene un impacto directo en el empleo industrial y que se profundizó hacia fines de 2024, cuando Ternium Argentina comenzó a aplicar una política de ajuste en toda su estructura. El conflicto ocurre, además, en medio del cruce público entre Paolo Rocca y el gobierno de Javier Milei, en un contexto de redefinición del modelo productivo.

Crece la preocupación sindical

Desde el gremio metalúrgico no ocultan la gravedad de la situación. “Estamos atravesando un momento muy complicado dentro de la planta General Savio. Una empresa grande como Tecsesi está saliendo del mercado. Algunos trabajadores serán absorbidos por Ternium, pero hay un número importante al que no le estamos encontrando ubicación”, señaló una alta fuente de la UOM San Nicolás al Diario El Norte. “Seguimos trabajando intensamente, pero el escenario es muy adverso”, agregó.

El riesgo de que estos despidos se traduzcan en desempleo efectivo es cada vez mayor, ya que la mayoría de las empresas del cordón industrial se encuentran en pleno proceso de ajuste. A esto se suma un contexto más amplio de incertidumbre productiva, marcado por la caída de la demanda interna y el ingreso de acero importado, especialmente de origen chino, que presiona sobre la producción local.

El caso de Tecsesi no aparece como un hecho aislado, sino como un síntoma de una crisis industrial más profunda, que avanza sobre el empleo, debilita el entramado productivo y enciende alarmas en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía argentina.