En una decisión que vuelve a poner bajo la lupa judicial al jefe de Gobierno porteño, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a la adquisición de un departamento en Miami en 2011 por más de US$400.000.
Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez, el máximo tribunal dejó sin efecto el cierre del expediente —que había sido confirmado en tres instancias— y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo fallo contemplando los planteos del Ministerio Público Fiscal. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La investigación se centra en la compra de un inmueble en el edificio Icon, ubicado en Brickell Avenue, por US$402.963,62. La operación se realizó a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la adquisición. Según el expediente, los fondos provinieron de dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por US$219.000 y otro de US$184.000 otorgado por la firma uruguaya Fawsley S.A.
En primera instancia, la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal de San Isidro, dictó el sobreseimiento al considerar acreditado el origen y la documentación de los préstamos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y luego por Casación, que entendió que los cuestionamientos de la fiscalía no justificaban reabrir la investigación.
Maniobras sospechosas
Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que no se había profundizado adecuadamente en medidas de prueba clave. Cuestionó especialmente la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al sugerir que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se acreditó de manera suficiente su cancelación. También señaló la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.
La mayoría del tribunal consideró que la sentencia de Casación no respondió de manera suficiente a esos argumentos y que algunos planteos fueron “dogmáticamente soslayados”. Si bien la Corte recordó que no le corresponde revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, afirmó que puede intervenir cuando detecta arbitrariedad o falta de fundamentación adecuada.
En disidencia, Rosenkrantz sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma y defendió el criterio de las instancias anteriores, que descartaron la hipótesis delictiva tras analizar la prueba documental y pericial. También señaló que los fondos fueron declarados ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.
Con esta resolución, el sobreseimiento pierde efecto y la Cámara de Casación deberá emitir un nuevo pronunciamiento. La causa, iniciada hace más de una década tras una denuncia de la Procelac, vuelve así al centro de la escena judicial y política, reabriendo el debate sobre el alcance de la investigación en casos de presunto lavado de activos que involucran a funcionarios públicos.