En una decisión que vuelve a poner bajo la lupa judicial al jefe de Gobierno porteño, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a la adquisición de un departamento en Miami en 2011 por más de US$400.000.

Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez, el máximo tribunal dejó sin efecto el cierre del expediente —que había sido confirmado en tres instancias— y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo fallo contemplando los planteos del Ministerio Público Fiscal. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La investigación se centra en la compra de un inmueble en el edificio Icon, ubicado en Brickell Avenue, por US$402.963,62. La operación se realizó a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la adquisición. Según el expediente, los fondos provinieron de dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por US$219.000 y otro de US$184.000 otorgado por la firma uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal de San Isidro, dictó el sobreseimiento al considerar acreditado el origen y la documentación de los préstamos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y luego por Casación, que entendió que los cuestionamientos de la fiscalía no justificaban reabrir la investigación.

Maniobras sospechosas

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que no se había profundizado adecuadamente en medidas de prueba clave. Cuestionó especialmente la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al sugerir que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se acreditó de manera suficiente su cancelación. También señaló la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría del tribunal consideró que la sentencia de Casación no respondió de manera suficiente a esos argumentos y que algunos planteos fueron “dogmáticamente soslayados”. Si bien la Corte recordó que no le corresponde revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, afirmó que puede intervenir cuando detecta arbitrariedad o falta de fundamentación adecuada.

En disidencia, Rosenkrantz sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma y defendió el criterio de las instancias anteriores, que descartaron la hipótesis delictiva tras analizar la prueba documental y pericial. También señaló que los fondos fueron declarados ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con esta resolución, el sobreseimiento pierde efecto y la Cámara de Casación deberá emitir un nuevo pronunciamiento. La causa, iniciada hace más de una década tras una denuncia de la Procelac, vuelve así al centro de la escena judicial y política, reabriendo el debate sobre el alcance de la investigación en casos de presunto lavado de activos que involucran a funcionarios públicos.

Por ​Lois Pérez Leira*

En un escenario marcado por la desconfianza hacia la política tradicional y el avance de expresiones de derecha, emergen dirigentes que desbordan los formatos convencionales. En Argentina, Myriam Bregman; en España, Gabriel Rufián. Ambos lograron reinstalar un discurso de izquierda con capacidad de interpelación, impacto mediático y coherencia política.

Más allá de sus bancas en el Congreso y sus trayectorias partidarias, comparten una estrategia: intervenir con claridad en debates atravesados por tecnicismos y ambigüedades. En contextos sociales tensionados por la crisis económica y la fragmentación política, apelan a un lenguaje directo, reconocible y con anclaje ideológico explícito.

Rufián se consolidó en la política española a partir de intervenciones irónicas y de fuerte síntesis, cuestionando a las élites políticas y económicas desde una narrativa disruptiva. Bregman, por su parte, combina su trayectoria como abogada en causas de derechos humanos con una presencia parlamentaria firme, centrada en la denuncia de políticas regresivas y en la defensa de garantías constitucionales.

La exposición constante también los convirtió en blancos habituales de sectores conservadores y mediáticos. Sin embargo, su proyección pública no se apoya exclusivamente en estructuras partidarias tradicionales, sino en una construcción de identidad política que conecta con segmentos militantes y votantes desencantados.

El desafío, no obstante, excede la retórica. En España, Rufián ha planteado la necesidad de articular mayorías amplias frente al crecimiento de fuerzas reaccionarias. En Argentina, el debate en torno a la unidad y la construcción de una alternativa con capacidad competitiva atraviesa a todo el espectro progresista.

En ambos casos, la discusión de fondo es estratégica: si esa capacidad de interpelación logra traducirse en construcción política sostenida y en opción real de gobierno. La eficacia del discurso, en definitiva, se medirá en su posibilidad de convertirse en poder.

*Periodista, escritor y dirigente político gallego-argentino.

Un trabajador de A24 fue golpeado y detenido por efectivos de la fuerza de seguridad en la previa al debate de la Ley de Glaciares.

Efectivos de la Policía Federal agredieron y detuvieron a un camarógrafo de A24 en la previa al debate de la Ley de Glaciares en el Congreso. Toda la brutal secuencia fue registrada en vivo por las cámaras de televisión.

Si bien la sesión está prevista para las 11, los incidentes comenzaron desde temprano con la detención de activistas ambientales que habían saltado las rejas del Congreso para realizar una protesta.

Minutos más tarde, la Policía Federal agredió a trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar. “Nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando. Lo acaban de golpear, tiene la cara ensangrentada, muy lastimada”, relató Agustina Binotti, cronista de A24, respecto a la situación de Facundo, su camarógrafo, .

"Antonio Laje":
Por la detención de un camarógrafo de A24 durante las protestas en el Congreso pic.twitter.com/jjzS0JNWIy

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 26, 2026

Según detalló, se encontraban trabajando en vivo junto a colegas de otros canales cuando los efectivos les solicitaron que se movieran hacia otro sector. Sin embargo, sin darles tiempo a que corrieran los trípodes, cables y cámaras, les arrojaron gas pimienta y los agredieron “a palazos”.

“Es muy preocupante lo que acaba de suceder. Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo e inmediatamente nos tiraron gas pimienta y nos corrieron a palazos. (Al camarógrafo) lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron dentro del estacionamiento donde están los demás detenidos”, comentó la periodista en vivo desde el lugar del hecho.

Todo ocurrió mientras se llevaba a cabo la detención de varios activistas de Greenpeace que, minutos antes, habían logrado saltar las rejas del Congreso de la Nación para manifestarse sobe la escalinata sentados sobre inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción hoy en el Senado.

Cambios en la Ley de Glaciares

El oficialismo cuenta con los avales justos para avanzar con la reforma: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa. Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

El Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.

Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.

Si el proyecto se convierte en ley la relevancia hídrica pasarán a determinarla las provincias, a la que se les otorgaría mayor poder de decisión para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.

Mientras el Senado debate cambios a la Ley de Glaciares, ambientalistas y sectores sociales advierten sobre posibles riesgos para las reservas de agua y la biodiversidad en Salta, donde existen 646 cuerpos de hielo catalogados en el marco de la normativa vigente.

La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) se volvió uno de los principales focos de debate ambiental y productivo en el país. En la provincia de Salta, donde se identifican 646 cuerpos de hielo inventariados por la legislación actual, la tensión se acentuó entre quienes defienden la protección del agua y quienes impulsan la explotación de recursos como el litio y otros minerales.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial —considerados reservas estratégicas de agua dulce— y prohíbe actividades extractivas en esas zonas para preservar los recursos hídricos. El Senado puso en agenda una modificación de esa normativa que podría redefinir los criterios de protección, en especial en territorios con potencial minero.

Quienes impulsan la reforma argumentan que una redefinición de la ley permitiría atraer inversiones mineras significativas, particularmente en el litio y el cobre, sectores que han cobrado importancia en la agenda económica por su rol en la transición energética global y las cadenas productivas. El debate en el Senado se da en simultáneo con otras discusiones legislativas, como la reforma laboral y acuerdos internacionales, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con su proyecto.

Por su parte, ambientalistas, organizaciones sociales y expertos advierten que los cambios propuestos podrían debilitar la protección del agua y del ambiente periglacial, otorgando mayor poder de decisión a las provincias para determinar qué geoformas deben ser incluidas o excluidas del Inventario Nacional de Glaciares, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas hasta ahora protegidas.

La polémica se intensificó también en las calles y frente al Congreso, donde grupos ambientalistas realizaron protestas y expresaron su rechazo a la modificación del marco normativo que vela por la conservación de los ecosistemas de alta montaña y las fuentes de agua que sostienen tanto poblaciones como actividades productivas.

En Salta, donde la presencia de glaciares es un componente clave del equilibrio hídrico, la pulseada entre la protección ambiental y los intereses de la industria minera se volvió ejemplar de una discusión mayor: cómo equilibrar la preservación de recursos estratégicos con la búsqueda de inversiones y desarrollo productivo en regiones con reservas minerales.

Un informe oficial reveló que más de 36.000 kioscos cerraron sus puertas en los últimos dos años, lo que derivó en la pérdida de alrededor de 72.000 empleos, un reflejo de la profunda crisis que atraviesa el sector minorista y el pequeño comercio en todo el país.

La actividad de los kioscos, uno de los pilares del comercio minorista en Argentina, sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años, según datos oficiales que dan cuenta de un deterioro sostenido de este segmento productivo. El informe indica que más de 36.000 locales cerraron definitivamente, dejando a su paso la pérdida de alrededor de 72.000 puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a este rubro.

Los cierres de kioscos se inscriben en un contexto de caída del consumo, aumento de costos operativos y presión inflacionaria que impacta de lleno en la rentabilidad de los comercios de proximidad. Factores como el aumento de tarifas, las tasas financieras y el encarecimiento de insumos y alquileres hicieron cada vez más difícil sostener estos negocios, que suelen funcionar con márgenes estrechos.

La pérdida de empleo en este sector no sólo representa una cifra cuantitativa significativa, sino que también tiene un fuerte impacto social y territorial, dado que los kioscos constituyen una fuente de ingresos para miles de familias y un punto de acceso cotidiano a bienes y servicios en barrios de todo el país.

Organizaciones del sector empresarial y cámaras que agrupan pequeños comerciantes advirtieron que la magnitud de los cierres pone en riesgo la sustentabilidad de un modelo comercial basado en la proximidad y que la situación podría profundizarse si no hay medidas de apoyo concretas para aliviar las cargas fiscales, facilitar el acceso al crédito y sostener la actividad productiva.

Además, el cierre de locales influye en la dinámica urbana y en la vida cotidiana de los vecindarios, ya que los kioscos suelen ser una pieza clave en la red de comercios barriales que abastecen desde productos básicos hasta servicios de pago y recarga.

La cifra de 72.000 empleos perdidos refleja que el impacto no se limita a la desaparición física de los locales, sino que afecta de manera directa la economía de cientos de miles de personas vinculadas a estos puestos de trabajo, agravando la ya delicada situación del mercado laboral en sectores informales y formales.

Con estos datos sobre la mesa, la discusión sobre la crisis del comercio minorista y las políticas de protección para los pequeños negocios se vuelve cada vez más urgente, en un escenario donde las cifras de cierre y desempleo ponen de manifiesto la profundidad de las dificultades económicas que atraviesa el sector.

Los industriales santafecinos aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

La crisis industrial en Santa Fe suma nuevos indicadores que confirman el paso de una situación de alerta a un escenario crítico. Los industriales aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en diciembre de 2025 la actividad manufacturera provincial registró una caída interanual del 9,8%, con más de dos tercios de las ramas mostrando bajas en su producción. El retroceso no es coyuntural: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una contracción del 4,9% en el entramado empresarial y del 5,6% en el empleo sectorial.

El deterioro impacta en un territorio históricamente industrializado y fuertemente vinculado a la producción metalmecánica, textil, plástica y papelera, rubros que hoy aparecen entre los más afectados por la competencia importada. Desde la asunción de Javier Milei, el sector denuncia un cambio en las condiciones macroeconómicas que tensiona al máximo la estructura productiva local.

En este contexto, la FISFE remarcó “la urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional” que promueva una inserción inteligente en los mercados globales, proteja a los sectores transables de la competencia desleal y corrija los principales factores de pérdida de competitividad: costos logísticos, financiamiento productivo, presión impositiva y costos laborales no salariales, además de impulsar la recuperación del mercado interno.

Javier Martín, presidente de la entidad, advirtió en diálogo con PERFIL que la industria santafesina enfrenta “un mercado interno que no reacciona; las cadenas de pago se estresan, muchas empresas están endeudadas y tienen que bajar su producción o cerrar”. Si bien señaló que no hubo grandes conflictos laborales porque los despidos se realizaron con indemnizaciones conforme a convenio, alertó que el empleo industrial es difícil de recomponer: “Por cada puesto directo hay tres indirectos vinculados a servicios como catering, limpieza o seguridad”.

Las perspectivas tampoco son alentadoras. “Enero pinta mal y la mayoría de las regionales nos dio un panorama muy sombrío por lo que va de febrero”, sostuvo Martín al proyectar el inicio de 2026.

Uno de los focos más críticos es la cadena de pagos. El informe de la FISFE señala que en diciembre la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos creció un 205% interanual, mientras que el monto nominal involucrado se disparó un 311%. Además, el 23,7% de las empresas industriales considera que su situación financiera actual es mala.

Con empresas que cierran, producción en retroceso y un sistema financiero cada vez más tensionado, la crisis industrial golpea con fuerza a Santa Fe y profundiza el deterioro de uno de los principales motores productivos del país.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) definió este miércoles que el próximo lunes se movilizará hacia el Palacio de Tribunales para respaldar la presentación judicial que realizará contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. De este modo, la central descartó adherir al paro de 36 horas con movilización convocado por el sector más combativo agrupado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

La determinación fue adoptada en una reunión ampliada de la mesa chica cegetista que tuvo lugar en la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), ubicada en Moreno al 1300. Allí, los principales referentes sindicales debatieron la continuidad del plan de lucha y finalmente se impuso la postura de concentrar los esfuerzos en la vía judicial para cuestionar aspectos del proyecto oficial.

Al término del encuentro, el triunviro Jorge Sola explicó que la decisión fue “respaldar el análisis legal que se viene realizando y la presentación que hará la CGT sobre los puntos que consideramos inconstitucionales”. Con esa definición, la central optó por una estrategia más moderada: la movilización no incluirá una convocatoria masiva a trabajadores y afiliados, sino que estará integrada principalmente por dirigentes y delegados.

Durante el debate interno, no obstante, surgieron posiciones más confrontativas. Juan Carlos Schmid, referente de Dragado y Balizamiento y titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), propuso avanzar con paros sectoriales en reclamo de mejoras salariales y laborales. En la misma línea, Omar Maturano, líder de La Fraternidad, planteó convocar al Comité Central Confederal, máximo órgano ejecutivo de la CGT, para definir nuevas medidas de acción directa.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el rumbo económico del presidente Javier Milei durante la entrevista que brindó anoche en Cenital. “Lo que están haciendo no es un plan de estabilización, es un plan de ajuste”, afirmó, y sostuvo que “el equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo”. En ese sentido, advirtió que “cuando se frena la obra pública, cuando se paraliza el consumo y se destruye el salario, el impacto no es teórico: es concreto y se siente en cada barrio. El país que deja Milei es una mierda”, sentenció.

Kicillof remarcó que la provincia busca “amortiguar el golpe” de las políticas nacionales y señaló que “no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desfinancia la educación, la salud y la producción”. También denunció la caída de transferencias y fondos específicos: “Nos recortaron recursos que estaban destinados a infraestructura y programas sociales. Eso no es eficiencia, es deserción del Estado”. Y agregó: “La Provincia está haciendo un esfuerzo enorme para sostener lo que Nación abandona”.

En el plano político, el mandatario bonaerense llamó a construir una alternativa amplia y dejó definiciones con tono opositor. “No se trata de poner palos en la rueda, se trata de defender a nuestra gente”, aseguró. Además, consideró que “hay que discutir el modelo de país” y sostuvo que “no todo se resuelve con desregulación y motosierra”. Sin confirmar escenarios electorales, deslizó que “la sociedad está esperando una propuesta clara que enfrente este ajuste”.

Sobre el cierre, Kicillof planteó que el momento exige firmeza: “No es tiempo de especulaciones, es tiempo de responsabilidades”. Y concluyó con una advertencia política: “La historia argentina demuestra que los procesos de ajuste extremo terminan mal. Nosotros creemos en un Estado presente, en la producción y en el trabajo como motores del desarrollo”.

Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria impulsaron un proyecto de resolución para exigir información detallada y precisa sobre las implicancias y alcances del acuerdo de comercio e inversión firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, y solicitaron la presencia del canciller Pablo Quirno en el Congreso.

La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Valdés, acompañado por Jorge Taiana y Santiago Cafiero, entre otros legisladores del espacio opositor. El eje central del proyecto es que el funcionario explique en detalle el contenido del entendimiento bilateral, los compromisos asumidos por el Estado argentino y sus eventuales consecuencias económicas, regulatorias y estratégicas.

Pedido de información y advertencias legales

En los fundamentos, Valdés sostuvo que el contexto jurídico en Estados Unidos genera interrogantes sobre la solidez del acuerdo. Citó un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inválidas medidas arancelarias adoptadas durante la presidencia de Donald Trump, al considerar que la política comercial en materia de aranceles es una atribución del Poder Legislativo y no puede ser ejercida unilateralmente por el Ejecutivo.

Según el diputado, al momento de la firma del tratado —el 5 de febrero— ya existían decisiones judiciales que cuestionaban la legalidad de esas políticas, lo que, a su entender, podría modificar el marco legal del acuerdo bilateral. En ese sentido, reclamó saber si la Cancillería advirtió oportunamente al ministro sobre esa situación y qué evaluaciones jurídicas se realizaron antes de avanzar con la firma.

El proyecto solicita formalmente que el Ministerio de Relaciones Exteriores remita al Congreso el texto completo del acuerdo y sus anexos, así como informes pormenorizados sobre su posible impacto arancelario, productivo, laboral, regulatorio y ambiental.

Desde Unión por la Patria advirtieron que el entendimiento podría afectar sectores sensibles de la economía argentina —como la industria nacional y las economías regionales— y limitar la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas propias. Por ello, remarcaron que el Congreso debe ejercer sus facultades constitucionales de control sobre los tratados internacionales y evaluar si los compromisos asumidos podrían colocar al país en una posición de desventaja ante eventuales cambios en la política comercial estadounidense.

Apoyos al proyecto

La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados del bloque, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Nancy Sand y Aldo Leiva, quienes acompañaron el pedido de interpelación al canciller.

La medida de fuerza tendrá alcance nacional y alcanzará tanto a escuelas públicas como privadas, en medio de un fuerte conflicto con el Gobierno por la falta de acuerdo salarial y la ausencia de convocatoria formal a la paritaria nacional docente.

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, el arranque de clases del próximo 2 de marzo enfrenta un escenario cada vez más incierto y con altas probabilidades de verse afectado a nivel nacional. La confirmación de que los gremios docentes de la CGT se sumarán al paro convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) profundizó la tensión y dejó al sistema educativo al borde de una paralización masiva.

Reclamo salarial y paritaria nacional

La adhesión fue anunciada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), liderada por Fabián Felman, ambos sindicatos enrolados en la CGT. Desde hace semanas venían advirtiendo que el conflicto podía escalar si no había respuestas concretas.

Romero sostuvo que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”, mientras que Felman fue más tajante al afirmar que el 2 de marzo “se paraliza la educación en todo el país”, al considerar que el Gobierno obliga a los gremios a reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales.

El eje del reclamo es la falta de convocatoria a una paritaria nacional que establezca un salario mínimo docente y condiciones laborales comunes para todas las jurisdicciones, un punto que los sindicatos consideran clave para garantizar previsibilidad en el sistema.

Financiamiento, FONID y conflicto abierto

El paro fue definido días atrás en un congreso extraordinario de CTERA, encabezada por Sonia Alesso. Además de la cuestión salarial, el gremio exige una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para el sector.

Desde los sindicatos advierten que el sistema educativo atraviesa uno de los ajustes más severos de las últimas décadas y cuestionan el retiro del Estado nacional de compromisos que, aseguran, impactan directamente en salarios, infraestructura y calidad educativa.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) también anticipó su adhesión a la medida. Mientras continúan las negociaciones con la gestión de Axel Kicillof, los gremios rechazaron una propuesta de aumento del 3% y mantienen el diálogo en cuarto intermedio.

De concretarse el paro con el nivel de adhesión previsto, el inicio de clases podría verse seriamente afectado en gran parte del país, y solo en territorio bonaerense cerca de un millón de alumnos podrían no comenzar el ciclo lectivo el lunes, en un escenario que mantiene en vilo a familias y autoridades educativas.