Con Federico Sturzenegger como principal impulsor técnico, el gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma estructural que limita la huelga, debilita la negociación colectiva y desfinancia al sistema previsional.
Este viernes se aprobó en el Senado la reforma laboral de La Libertad Avanza impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos centrales de la reforma laboral que el gobierno logró convertir en ley.
La iniciativa introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, redefine el esquema indemnizatorio, amplía las facultades empresarias en la organización del trabajo y altera el financiamiento del sistema de seguridad social. Para el oficialismo, se trata de una modernización necesaria; para amplios sectores sindicales y académicos, es la mayor regresión en derechos laborales desde 1976.
Entre los cambios más relevantes, la norma limita en los hechos el derecho de huelga en amplios sectores, prioriza acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad, habilita esquemas de jornada más flexibles mediante bancos de horas y reduce costos de despido a través de nuevos mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También flexibiliza modalidades de contratación y redefine el cálculo de indemnizaciones, con impacto directo en el poder de negociación de los trabajadores.
En diálogo con AM530, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, advirtió que la reforma “dialoga mucho más con las reformas impuestas por la dictadura en 1976 que con las de los años 90”. Según su análisis, el ataque a los derechos colectivos —en particular al ejercicio de la huelga y a la negociación colectiva— configura una regresión institucional comparable a las medidas adoptadas tras el golpe encabezado por Jorge Rafael Videla, cuando se prohibió la huelga y se modificaron por decreto decenas de artículos de la legislación laboral.
Campos también trazó una comparación con el ciclo de flexibilización de los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem, pero sostuvo que la reforma actual va incluso más allá. A diferencia de aquella etapa, explicó, hoy se parte de un mercado laboral ya precarizado, con cerca de la mitad de la fuerza de trabajo fuera del empleo formal, lo que facilita imponer cambios estructurales con menor resistencia institucional.
El impacto sobre el ANSES y el “ajuste por prestaciones”
Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el financiamiento del sistema previsional. La creación del FAL y la reducción de contribuciones patronales implican una merma de recursos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que paga jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo.
Según Campos, esta pérdida de ingresos no sería compensada por mayores transferencias del Tesoro en un contexto donde el gobierno de Milei tiene como eje central el recorte del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Allí aparece el concepto de “ajuste por prestaciones”: ante menos recursos, el sistema ajusta no por ingresos sino por lo que paga.
El ajuste por prestaciones puede aplicarse de distintas maneras. En el caso de las asignaciones, mediante el congelamiento o la desactualización de los montos frente a la inflación, lo que reduce su valor real mes a mes. En el sistema jubilatorio, a través del fin de las moratorias —que permitían jubilarse a personas sin los años completos de aportes— y eventualmente mediante el aumento de la edad jubilatoria, una posibilidad que ya fue puesta en discusión pública. En todos los casos, el resultado es una reducción efectiva de la cobertura o del poder adquisitivo de las prestaciones.
Para el investigador de la CTA, la reforma no debe analizarse como una medida aislada sino como parte de un modelo integral que redefine las relaciones entre capital y trabajo. “No es una foto, es una película”, planteó, al señalar que la limitación de derechos laborales, el desfinanciamiento del sistema previsional y la flexibilización de condiciones de empleo forman parte de una misma lógica.
En ese marco, la discusión sobre la judicialización de la ley aparece, según Campos, como secundaria frente a la necesidad de reconstruir la acción colectiva. A su entender, el verdadero límite a una reforma de esta magnitud no estará exclusivamente en los tribunales, sino en la capacidad social de resistencia frente a un esquema que, en su visión, consolida una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores y redefine el equilibrio de poder en el mundo del trabajo argentino por muchos años.