Ley de Glaciares: entre tensiones ambientales y políticas el debate llega a Diputados

Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo aceleró este miércoles en Diputados el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que reconfigura la protección de suelos y ambiente periglacial y despierta preocupación entre ambientalistas.

Luego de que el Senado le diera media sanción a la reforma de la Ley 26.639 —la norma que protege los glaciares y áreas periglaciales—, la discusión parlamentaria dio un nuevo paso este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo impulsó el inicio del tratamiento en plenario de comisiones para avanzar con el dictamen.

El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, plantea cambios en la regulación del régimen de protección ambiental, delegando mayor potestad a las provincias para definir qué áreas deben permanecer protegidas, y ajustando la definición de glaciares y ambiente periglacial para permitir actividades económicas en zonas cuya función hídrica no esté comprobada.

La apertura del debate en Diputados se produjo en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo, que busca mostrar avances legislativos y atraer inversiones en minería e hidrocarburos, y sectores ambientalistas que advierten que las modificaciones podrían debilitar las garantías de protección de recursos estratégicos de agua dulce.

Organizaciones sociales y ambientales vienen reclamando la realización de audiencias públicas y una discusión más amplia antes de avanzar con el proyecto, argumentando que la reforma implicaría “una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes”, mientras que grupos políticos opositores también impulsaron la convocatoria a debattes más amplios en torno a la iniciativa.

El oficialismo busca que la normativa reformada sea sancionada antes de fin de mes, y las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales comenzarán a analizar el texto con el objetivo de cerrar dictamen en los próximos días, en un último round de la discusión que promete tener impacto en el acceso al agua, la protección de los bienes naturales estratégicos y la política ambiental del país

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