El presidente anunció el cambio a través de sus redes sociales luego de meses de versiones sobre la salida del ahora exministro. El nombramiento del actual fiscal porteño se definió en el marco de la disputa por el poder entre la hermana del mandatario y el asesor presidencial.

Tal como se rumoreaba en los pasillos de la Casa Rosada en los últimos días, el presidente Javier Milei anunció este miércoles la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia de la Nación y su reemplazo por Juan Bautista Mahiques. La decisión se oficializó a través de la cuenta del mandatario en la red social X, donde agradeció al ahora exfuncionario por “más de dos años de incansable trabajo” y dio la bienvenida a su sucesor.

Detrás del nombramiento de Mahiques hubo una larga y sorda puja entre Karina Milei y Santiago Caputo por imponer en el cargo gente propia, una disputa que finalmente se decantó en favor de la hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia. El asesor sin cargo oficial impulsaba el nombre del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, pero la balanza se inclinó una vez más hacia la influencia de Karina en el armado político del Gobierno.

Cúneo Libarona estuvo al frente del ministerio desde el inicio de la gestión libertaria hace poco más de dos años y desde hacía meses se venía especulando con su salida. De hecho, se daba por descontado que el cambio se produciría tras las elecciones legislativas de octubre pasado, pero desde la Casa Rosada le pidieron que continuara hasta poder ordenar la transición. Durante ese tiempo se gestó un nuevo capítulo de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, que terminó con un nuevo triunfo de la primera.

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se desempeña actualmente al frente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Es hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, quien recientemente se apartó de la sala que tiene a su cargo una de las causas que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Resta confirmar si también será designado como segundo del Ministerio el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei.

La cartera de Justicia acumula varios pendientes estructurales que se espera que Mahiques, por sus aceitados vínculos políticos, pueda destrabar. El Gobierno no logró nombrar jueces, fiscales ni defensores en los últimos años, lo que dejó un número creciente de cargos vacantes en distintos tribunales del país. Como resultado de esa parálisis, hoy existen más de 200 pliegos judiciales que todavía no fueron remitidos por el Poder Ejecutivo al Senado para su tratamiento, una situación que impacta especialmente en la Justicia federal y nacional, donde numerosos juzgados funcionan con subrogancias o cargos interinos.

La crisis del consumo y el freno de la actividad siguen profundizando una ola de despidos que se expande por todo el país y golpea con fuerza al sector del comercio y la industria alimenticia.

ChangoMás acelera el ajuste: estiman hasta 300 despidos

La cadena de supermercados controlada por Dorinka, del grupo del empresario Francisco de Narváez, inició un nuevo plan de ajuste que podría alcanzar entre 200 y 300 despidos en todo el país, según estimaciones de fuentes mercantiles.

El viernes pasado fueron notificados 11 trabajadores de la sucursal de la capital de San Juan, mientras que en La Pampa también hubo cesantías, incluso entre personal jerárquico. Los gremios provinciales ya intervienen para verificar las condiciones de las desvinculaciones y exigir precisiones sobre el pago de indemnizaciones.

Desde los sindicatos advierten que el recorte “llegará a todo el país” y que la cifra final podría superar ampliamente las primeras estimaciones. “Como mínimo fueron tres empleados por tienda y la empresa tiene más de 90 sucursales”, señalaron fuentes del sector. Muchos de los despedidos serían trabajadores con poca antigüedad, especialmente de líneas de cajas.

El antecedente inmediato no es alentador: en mayo de 2024 la firma ya había despedido al menos 152 empleados en ocho sucursales, también bajo el argumento de la caída de ventas. Hoy, con 93 sucursales y unos 8.600 trabajadores, la compañía vuelve a aplicar un ajuste más profundo, en un contexto de retracción del consumo que afecta a todo el rubro supermercadista.

Cierre del frigorífico San Roque en Morón: 140 familias sin trabajo

La crisis también impacta con fuerza en la industria cárnica. El frigorífico Ganadera San Roque cerró definitivamente su planta en Morón y despidió a sus 140 trabajadores, alegando caída del consumo interno y un fuerte incremento de las importaciones.

La empresa encuadró las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Los telegramas comenzaron a llegar mientras se desarrollan audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social.

El establecimiento era considerado uno de los históricos del distrito y su clausura profundiza la preocupación en el conurbano bonaerense, donde el sector ya venía golpeado por suspensiones y conflictos.

La Anónima y otras cadenas, en alerta

La situación también genera inquietud en La Anónima, cadena con fuerte presencia en la Patagonia, que enfrenta una caída de ventas de hasta el 25% y problemas financieros vinculados al aumento de la morosidad en su tarjeta propia. En los últimos meses redujo decenas de puestos de trabajo y no se descartan nuevas medidas.

En paralelo, otras firmas del sector como Cencosud —propietaria de Vea y Easy en Argentina— avanzaron con cierres de sucursales y despidos en distintas provincias. También se registran recortes en Libertad y ajustes en distintas plazas del interior.

El panorama general muestra un escenario de ajuste extendido, con empresas que reducen estructuras, aplican “dotaciones mínimas” y avanzan en despidos como respuesta a la caída del consumo. La preocupación crece entre los trabajadores y sus representantes gremiales, que advierten que el costo de la crisis vuelve a recaer, una vez más, sobre el empleo formal en todo el país.

Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo aceleró este miércoles en Diputados el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que reconfigura la protección de suelos y ambiente periglacial y despierta preocupación entre ambientalistas.

Luego de que el Senado le diera media sanción a la reforma de la Ley 26.639 —la norma que protege los glaciares y áreas periglaciales—, la discusión parlamentaria dio un nuevo paso este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo impulsó el inicio del tratamiento en plenario de comisiones para avanzar con el dictamen.

El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, plantea cambios en la regulación del régimen de protección ambiental, delegando mayor potestad a las provincias para definir qué áreas deben permanecer protegidas, y ajustando la definición de glaciares y ambiente periglacial para permitir actividades económicas en zonas cuya función hídrica no esté comprobada.

La apertura del debate en Diputados se produjo en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo, que busca mostrar avances legislativos y atraer inversiones en minería e hidrocarburos, y sectores ambientalistas que advierten que las modificaciones podrían debilitar las garantías de protección de recursos estratégicos de agua dulce.

Organizaciones sociales y ambientales vienen reclamando la realización de audiencias públicas y una discusión más amplia antes de avanzar con el proyecto, argumentando que la reforma implicaría “una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes”, mientras que grupos políticos opositores también impulsaron la convocatoria a debattes más amplios en torno a la iniciativa.

El oficialismo busca que la normativa reformada sea sancionada antes de fin de mes, y las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales comenzarán a analizar el texto con el objetivo de cerrar dictamen en los próximos días, en un último round de la discusión que promete tener impacto en el acceso al agua, la protección de los bienes naturales estratégicos y la política ambiental del país

Organizaciones políticas y especialistas jurídicos solicitaron formalmente que el presidente sea citado a indagatoria en la causa que investiga el escándalo de la criptomoneda que promocionó Milei.

Un grupo de organizaciones políticas y profesionales del derecho presentó un escrito ante la Justicia para que el presidente Javier Milei sea citado a declarar como imputado en la causa que investiga la conocida como estafa de Libra, un expediente judicial que sigue su curso tras denuncias de maniobras fraudulentas en torno a esa presunta operación engañosa.

La solicitud formal, que fue elevada ante el juez a cargo de la investigación, argumenta que existen elementos de prueba suficientes como para que Milei explique su rol y posibles vínculos con los hechos que se investigan, y sostienen que su declaración ante la Justicia resulta clave para avanzar en la determinación de responsabilidades.

Quienes impulsan el pedido señalaron que la investigación ya acumula indicios y testimonios que involucran a diferentes actores vinculados al caso Libra, en el que se denunciaron ofrecimientos de inversión con carácter de estafa y daños económicos a múltiples inversores particulares. En ese marco, consideran que la declaración de figura central de la vida política actual permitirá esclarecer puntos nodales de la causa.

El escrito judicial también menciona la necesidad de que Milei explique si tuvo algún tipo de participación, conocimiento o vínculo con personas o estructuras señaladas en la causa, así como su postura sobre las acusaciones que se han formulado en torno a las operaciones de Libra, que nuevamente volvieron al centro del debate público tras el avance de la investigación.

La presentación se produce en un contexto en el que la causa Libra sigue sumando pedidos, apelaciones y actuaciones judiciales, y ahora amplía el foco hacia figuras de relevancia pública, lo que eleva la expectativa sobre cómo se desarrollará el proceso en los próximos pasos procesales.

Quienes solicitaron la citación a indagatoria sostienen que la transparencia y el acceso a la verdad son fundamentales para reconstruir la confianza de los damnificados en el sistema judicial y para que se determinen con claridad las responsabilidades de todas las personas involucradas, sin importar su posición actual o pasada.

La decisión de avanzar con la citación de Milei quedará en manos del juez interviniente, quien evaluará los argumentos aportados y definirá si corresponde avanzar con la audiencia de indagatoria o si se requieren más elementos probatorios antes de dar ese paso procesal.

El argentino Rafael Grossi, actual titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y candidato impulsado por Javier Milei para conducir la Organización de las Naciones Unidas, puso en jaque el argumento con el que Donald Trump justificó el reciente ataque coordinado con Israel contra Irán.

En recientes declaraciones a la cadena NBC News y a la Española RTVE, Grossi fue categórico: el organismo dependiente de la ONU no había identificado “elementos de un programa sistemático y estructurado para fabricar armas nucleares” en Irán. Incluso recordó que el año pasado la AIEA ya había afirmado que no existían indicios en ese sentido.

“Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear”, remarcó el diplomático argentino.

Las afirmaciones chocan de frente con el discurso de Trump, quien tras el ataque aseguró: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, y sostuvo además que el régimen iraní estaba a punto de contar con misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Las palabras de Grossi no son menores: al provenir del jefe del organismo encargado de supervisar el uso pacífico de la tecnología atómica, debilitan el fundamento técnico de la ofensiva militar y tensan el relato de la Casa Blanca, ya que la mera sospecha no constituye validación formal por parte del sistema de verificación internacional.

El impacto político también alcanza a Milei. El Presidente argentino celebró el ataque y la “eliminación” del ayatola Jamenei —a quien calificó como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles de la historia”— y mantiene un alineamiento sin matices con Trump. En ese contexto, la posición técnica de su propio candidato a la ONU lo deja en una situación incómoda.

El respaldo oficial a la candidatura de Grossi fue formalizado en noviembre pasado, cuando el Gobierno destacó su “capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”. El diplomático, que asumió al frente de la AIEA en 2019 tras la muerte de Yukiya Amano, se convirtió entonces en el primer latinoamericano en dirigir el organismo.

Ahora, sus declaraciones vuelven a colocar en el centro del debate la diferencia entre evaluación técnica y narrativa política, justo cuando Milei profundiza su sintonía con la Casa Blanca y se prepara para nuevos encuentros con la administración estadounidense.

¿El gobierno de Javier Milei busca arrastrar al país al conflicto de Medio Oriente?

Mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifica con consecuencias aún inciertas con miles de civiles afectados, el precio del petróleo al alza y amplias repercusiones globales, la mayoría de las naciones del mundo han adoptado posturas de cautela o llamado a la diplomacia ante esta guerra. Muchos gobiernos optaron por condenar los ataques o pedir soluciones negociadas; incluso dentro de América Latina varios mandatarios expresaron distancia de la ofensiva impulsada por Washington y Tel Aviv.

En contraste con este enfoque mayoritario, Argentina rompió con la postura regional y su tradición diplomática. La cancillería del gobierno de Milei emitió un comunicado oficial respaldando públicamente las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmando que esas acciones buscan “neutralizar la amenaza que Irán representa para la estabilidad internacional”. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que optaron por la prudencia o por enfatizar soluciones políticas, Argentina se destacó como el único país de la región en adoptar esta posición de apoyo explícito a la campaña bélica.

Horas después, la propia Oficina del presidente ratificó y amplió ese respaldo, celebrando la eliminación del líder iraní Alí Jamenei con términos moralizadores y confrontativos que subrayan una identificación ideológica con Estados Unidos e Israel más allá de intereses tradicionales de política exterior.

Este alineamiento de Buenos Aires con la Casa Blanca y Tel Aviv no es un hecho aislado, sino parte de un giro estratégico desde la llegada de Milei al poder que lo ha llevado a convertir a Argentina en uno de los pocos países del mundo que se coloca tan abiertamente junto a Washington e Israel en el conflicto, en sintonía con figuras como el expresidente Donald Trump y enfrentando así no solo a Irán sino también a las posturas diplomáticas mayoritarias en América Latina y el mundo.

En un contexto donde la mayoría de gobiernos aboga por la desescalada, el rechazo a la violencia y el respeto al derecho internacional, la decisión argentina —única en la región— de respaldar estos ataques militares refleja una política exterior que muchos críticos ven como un intento de arrastrar al país hacia una guerra ajena, alineándose con potencias globales y apartándose de la tradición diplomática latinoamericana centrada en la neutralidad y la resolución pacífica de conflictos

Brasil devaluó y la Argentina tembló. El dólar volvió a cruzar los 1.400 pesos, en la suba más fuerte desde el 9 de febrero. En medio del tembladeral de los mercados globales por la guerra en Medio Oriente, el Citi advirtió que Argentina está en la lista corta de los cuatro países más expuestos a una devaluación. El modelo de Javier Milei y Luis Caputo se basa en la entrada de fondos – reservas prestadas – para la bicicleta financiera. ¿Qué pasa si se van?

“Países con bajas reservas de divisas, como la Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas”, advirtió el Citi, en un informe elaborado en su casa central. 

El dólar sintió el golpe de la devaluación del 2% que instrumentó Brasil. El oficial cerró en $1.435, el Tarjeta en $1.865,50, el blue en $1.425, el MEP en $1.438 y el contado con liqui en $1.481. El Central compró apenas USD 17 millones, cuando venía con un promedio diario superior a los USD 70 millones desde que arrancó el año. Y el dato más delicado fue otro: las reservas brutas cayeron USD 378 millones en una sola rueda. 

El actor Guillermo Francella fue libertario dos años. Pero empezó a verla y salió a desmarcarse del gobierno de Javier Milei. Habló de un “panorama desolador” en la industria del cine por la falta de empleo.

El actor de Homo Argentum, la película que el presidente hizo ver a su gabinete entero en un par de ocasiones, cuestionó el gobierno busque sacarle la autonomía financiera al Incaa, el instituto del cine que es manejado por el ex gerente de las canchas de tenis del Vilas Club, Carlos Pirovano. “Acá más que una grieta hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción”, dijo Francella en una entrevista con canal 13.

“Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador”, dijo la estrella de Bañeros II, la playa loca.

“No se filma, obviamente la televisión abierta desapareció. Cuando yo comencé había unitarios, tiras diarias y siempre había muchísimo trabajo”, dijo Francella.

“Hoy hay algo que excede si opinás de un modo u otro. Es la verdad, No hay trabajo. la gente dejó de concurrir al cine”, enfatizó.

La Fiscalía General solicitó ante la Cámara Federal porteña la reapertura de la causa que investiga el acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo de u$s57.100 millones y el posible destino irregular de esos fondos.

El pedido fue formulado por el fiscal general José Agüero Iturbe, quien ratificó la apelación presentada por el fiscal de primera instancia, Franco Picardi, contra el archivo del expediente dispuesto semanas atrás.

En la causa están imputados el expresidente Macri; sus exfuncionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger, actuales ministros de Economía y de Desregulación del gobierno de Javier Milei; además del exministro Nicolás Dujovne y el exjefe de Gabinete Marcos Peña. Todos están bajo sospecha por presuntas irregularidades en el trámite administrativo del préstamo y en el manejo posterior de las divisas.

La definición ahora quedó en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.

En su planteo, Picardi sostuvo que la investigación se encuentra lo suficientemente avanzada como para citar a indagatoria a los imputados y señaló la posible existencia de una “plataforma criminal que ha podido ser acreditada”.

El conflicto judicial se originó tras la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa, al considerar que el acuerdo con el organismo internacional constituyó una decisión de naturaleza política no judicializable. En su resolución, la magistrada afirmó que no se advierte, hasta el momento, la acreditación de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público.

En contraposición, la fiscalía sostiene que podrían haberse cometido delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta. Con este nuevo paso procesal, el fiscal general solicitó formalmente que se revoque el archivo para avanzar hacia nuevas instancias en la investigación.