Con el argumento de “modernizar” el mercado laboral, el Gobierno promulgó una reforma que flexibiliza condiciones de trabajo, reduce penalidades para empleadores que incumplen la ley y abre la puerta a nuevas formas de contratación más precarias.
El gobierno de Javier Milei promulgó la nueva reforma laboral, que ya entró en vigencia y modifica aspectos centrales del régimen de trabajo en Argentina. Presentada por el oficialismo como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar la creación de empleo, la normativa introduce cambios en las indemnizaciones, la jornada laboral, las modalidades de contratación y el funcionamiento de los convenios colectivos.
Uno de los puntos más discutidos es la modificación del cálculo de las indemnizaciones por despido. La nueva legislación establece que el monto se calculará únicamente sobre la remuneración mensual habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones, lo que en la práctica reduce la base sobre la que se paga la compensación al trabajador despedido.
Otro cambio relevante es la posibilidad de crear fondos de cese laboral, similares al sistema de la construcción, en los que el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta y el trabajador cobra ese dinero cuando termina la relación laboral. El Gobierno sostiene que este mecanismo aporta previsibilidad y reduce litigiosidad, pero especialistas advierten que puede implicar indemnizaciones menores que las actuales.
La reforma también introduce mayor flexibilidad en la organización del trabajo. Entre otras medidas, habilita el llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o jornadas más cortas en otros momentos, y abre la puerta a esquemas de jornada más extensos mediante acuerdos entre empresas y trabajadores. En la práctica, algunos analistas señalan que esto podría traducirse en jornadas más largas sin el pago tradicional de horas extra.
Otro punto que genera controversia es la ampliación del período de prueba. Con la nueva ley, las empresas podrán extenderlo hasta seis meses —e incluso más en pequeñas empresas—, lo que permite finalizar la relación laboral sin indemnización durante ese lapso. Para los sindicatos, esta medida aumenta la precariedad y facilita despidos tempranos.
La reforma también incorpora nuevas figuras de contratación, como la del trabajador independiente con colaboradores, que habilita a una persona a contratar hasta tres colaboradores sin establecer una relación laboral tradicional. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar emprendimientos y formalizar actividades. Sin embargo, críticos advierten que este esquema podría utilizarse para reemplazar empleos formales por vínculos más precarios, especialmente en sectores como plataformas digitales y servicios.
La aprobación de la reforma fue uno de los principales triunfos legislativos del Gobierno y se produjo en medio de fuertes tensiones políticas, protestas sindicales y paros convocados por centrales obreras. Organizaciones gremiales sostienen que los cambios implican un retroceso en derechos laborales históricos y anticiparon presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el empleo y atraer inversiones, el debate sigue abierto: si la flexibilización del mercado laboral impulsará nuevas contrataciones o si, por el contrario, consolidará un modelo con menos protecciones y mayor precarización para los trabajadores.