La medida comenzará el 16 de marzo. Reclaman el pago de una recomposición salarial del 51% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado que comenzará el próximo 16 de marzo y podría afectar el inicio del cuatrimestre en varias facultades. La medida fue resuelta por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) en medio de un fuerte conflicto salarial con el Gobierno nacional.

El reclamo central apunta al pago de una recomposición salarial del 51%, que los docentes consideran adeudada en función de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Desde el gremio sostienen que los incrementos otorgados hasta ahora no compensan la inflación acumulada y que el deterioro del salario docente se profundizó en los últimos meses.

Desde AGD-UBA advirtieron que el plan de lucha incluirá paros, movilizaciones, clases públicas y distintas acciones para visibilizar el conflicto. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señalaron desde el sindicato al anunciar la medida.

El conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el financiamiento del sistema universitario. Los docentes denuncian que el Gobierno no aplica plenamente la ley aprobada por el Congreso, lo que —según advierten— pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas y el inicio normal del ciclo lectivo.

El prestigioso medio británico dedicó un artículo al Presidente tras la apertura de sesiones ordinarias y cuestionó su estilo “belicoso” y la falta de un discurso de estadista, en medio de elogios a los resultados económicos.

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del último domingo no solo generó revuelo en la política local. El discurso del presidente Javier Milei, cargado de insultos a la oposición y un tono desafiante, llamó la atención de The Economist, uno de los medios británicos más prestigiosos en materia económica, que publicó un artículo titulado “Javier Milei celebra con agresividad una serie de éxitos”, con la volanta “Grita cuando estés ganando”.

La nota, publicada el jueves pasado, analiza el estilo del mandatario argentino en su mensaje ante el Congreso y cuestiona la falta de un perfil de estadista en un momento de triunfos económicos. “El Presidente de Argentina ha tenido algunos meses excelentes. Así que era esperable que se regodeara durante su discurso formal de ‘estado de la Nación’ en la apertura del Congreso, el 1° de marzo”, reconoce el autor del artículo. Sin embargo, agrega: “También era una oportunidad para esbozar una visión de hombre de Estado y conectar con potenciales nuevos aliados. En vez, su éxito parece haber producido hybris y agresión”.

El medio británico hace hincapié en los ataques de Milei a la oposición peronista, a quienes llamó “asesinos y ladrones”, “golpistas” y “cavernícolas”. También destaca la referencia despectiva a la diputada Myriam Bregman como “Chilindrina Trotska”. “Se mostró deleitado. ‘Me encanta hacerlos llorar'”, reporta el artículo sobre la actitud del Presidente durante su exposición.

A pesar de las críticas al tono, The Economist reconoce los logros económicos de la gestión libertaria: “Aprobó numerosas leyes, la economía está creciendo y el Banco Central por fin comienza a acumular reservas de divisas, una demanda largamente solicitada por los inversores”. No obstante, señala una preocupación de fondo: “La principal preocupación es si la economía está generando suficientes empleos de calidad”.

Las palabras del medio británico se conocen un día después de que la agencia calificadora de riesgo Moody’s advirtiera sobre los efectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según la compañía, “es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores”. Además, señalaron que “la magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias”.

El artículo de The Economist coincide en señalar que el blindaje político del que goza Milei —con 95 diputados propios, más los apoyos del PRO y bloques dialoguistas, y 21 senadores— le permitió soltar la lengua sin temor a represalias legislativas. “Su retórica airada, a veces paranoica”, describe el medio, contrasta con el momento de bonanza que atraviesa su gestión en términos macroeconómicos.

La central obrera pidió declarar inconstitucional la ley impulsada por Milei y advirtió que implica un retroceso en derechos laborales históricos.

Tal como adelantó previo a la aprobación de la reforma laboral, este viernes la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el proyecto que promulgó hoy el presidente Javier Milei. La presentación busca que los tribunales declaren su inconstitucionalidad por considerar que vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución Nacional.

El amparo fue presentado ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y el expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la central sindical junto a dirigentes de distintos gremios que integran la CGT.

Desde la central obrera sostienen que varios artículos de la reforma afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, en particular aquellos vinculados con la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga. También plantean que la norma viola el principio de progresividad del derecho laboral, que establece que las conquistas laborales no pueden retroceder.

La reforma laboral, aprobada por el Congreso y defendida por el gobierno como una herramienta para “modernizar” el mercado de trabajo, introduce cambios profundos en las condiciones laborales. Entre otras medidas, flexibiliza contrataciones, modifica el sistema de indemnizaciones y redefine el alcance de la negociación colectiva, lo que generó un fuerte rechazo del movimiento sindical y abrió un nuevo frente de conflicto en los tribunales.

Con el argumento de “modernizar” el mercado laboral, el Gobierno promulgó una reforma que flexibiliza condiciones de trabajo, reduce penalidades para empleadores que incumplen la ley y abre la puerta a nuevas formas de contratación más precarias.

El gobierno de Javier Milei promulgó la nueva reforma laboral, que ya entró en vigencia y modifica aspectos centrales del régimen de trabajo en Argentina. Presentada por el oficialismo como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar la creación de empleo, la normativa introduce cambios en las indemnizaciones, la jornada laboral, las modalidades de contratación y el funcionamiento de los convenios colectivos.

Uno de los puntos más discutidos es la modificación del cálculo de las indemnizaciones por despido. La nueva legislación establece que el monto se calculará únicamente sobre la remuneración mensual habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones, lo que en la práctica reduce la base sobre la que se paga la compensación al trabajador despedido.

Otro cambio relevante es la posibilidad de crear fondos de cese laboral, similares al sistema de la construcción, en los que el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta y el trabajador cobra ese dinero cuando termina la relación laboral. El Gobierno sostiene que este mecanismo aporta previsibilidad y reduce litigiosidad, pero especialistas advierten que puede implicar indemnizaciones menores que las actuales.

La reforma también introduce mayor flexibilidad en la organización del trabajo. Entre otras medidas, habilita el llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o jornadas más cortas en otros momentos, y abre la puerta a esquemas de jornada más extensos mediante acuerdos entre empresas y trabajadores. En la práctica, algunos analistas señalan que esto podría traducirse en jornadas más largas sin el pago tradicional de horas extra.

Otro punto que genera controversia es la ampliación del período de prueba. Con la nueva ley, las empresas podrán extenderlo hasta seis meses —e incluso más en pequeñas empresas—, lo que permite finalizar la relación laboral sin indemnización durante ese lapso. Para los sindicatos, esta medida aumenta la precariedad y facilita despidos tempranos.

La reforma también incorpora nuevas figuras de contratación, como la del trabajador independiente con colaboradores, que habilita a una persona a contratar hasta tres colaboradores sin establecer una relación laboral tradicional. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar emprendimientos y formalizar actividades. Sin embargo, críticos advierten que este esquema podría utilizarse para reemplazar empleos formales por vínculos más precarios, especialmente en sectores como plataformas digitales y servicios.

La aprobación de la reforma fue uno de los principales triunfos legislativos del Gobierno y se produjo en medio de fuertes tensiones políticas, protestas sindicales y paros convocados por centrales obreras. Organizaciones gremiales sostienen que los cambios implican un retroceso en derechos laborales históricos y anticiparon presentaciones judiciales para frenar su aplicación.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el empleo y atraer inversiones, el debate sigue abierto: si la flexibilización del mercado laboral impulsará nuevas contrataciones o si, por el contrario, consolidará un modelo con menos protecciones y mayor precarización para los trabajadores.

Más de 630 argentinos que quedaron atrapados en Medio Oriente lanzaron un desesperado pedido de ayuda para poder salir de la zona de guerra. Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, algunos de ellos decidieron recurrir directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la esperanza de que pueda interceder para facilitar su regreso al país.

La mayoría de los argentinos varados se encuentra en Israel, Qatar y Emiratos Árabes, donde el cierre parcial del espacio aéreo y la cancelación masiva de vuelos complicaron la posibilidad de regresar a la Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, más de 630 personas ya se contactaron con sedes diplomáticas para solicitar asistencia.

Sin embargo, varios de los afectados aseguran que la respuesta de la Cancillería y de las embajadas ha sido insuficiente, lo que generó incertidumbre y desesperación entre quienes permanecen en la región. En ese contexto, algunos argentinos decidieron enviar una carta abierta a Tapia, recordando el antecedente reciente en el que el titular de la AFA tras una serie de hábiles gestiones intervino para colaborar en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, la que se dio de manera exitosa.

Una de las varadas es Virginia Luca, quien se encuentra en Sharjah, en Emiratos Árabes, junto a su pareja. La mujer contó que su vuelo de regreso fue cancelado cuando comenzaron los bombardeos y relató que desde entonces viven una situación de total incertidumbre.

Según explicó, desde la embajada argentina les recomendaron que quienes no tengan un pasaje directo a la Argentina intenten trasladarse por sus propios medios a Omán o Arabia Saudita, desde donde todavía salen algunos vuelos. Sin embargo, las autoridades locales les indicaron que no se movilicen, lo que los deja sin saber qué decisión tomar.

“No tenemos nada. El planteo es esperar a ver si se abre el espacio aéreo o arriesgarnos a cruzar la ruta solos hacia Omán, sin saber cuánto tiempo nos va a llevar conseguir un vuelo que podamos pagar”, relató Luca.

La mujer también denunció la falta de coordinación oficial. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos. Al no tener respuestas empezó un poco el sálvese quien pueda”, advirtió.

En ese marco, explicó por qué decidieron recurrir al presidente de la AFA:

“Siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos. Por eso sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que quizás tenga contactos que puedan ayudarnos al menos a viajar juntos y protegidos hasta Omán, donde salen algunos aviones”.

Los argentinos varados aseguran que no piden que el Estado vaya a rescatarlos, sino que solicitan ayuda para organizar una salida segura de la región y evitar tener que desplazarse solos por rutas desconocidas en medio de un contexto de guerra. Mientras tanto, el reclamo continúa creciendo a la espera de una solución que les permita regresar al país.

La Unión Industrial Argentina (UIA) informó este miércoles que más de la mitad de las fábricas del país registró caídas tanto en la producción como en las ventas. El relevamiento sectorial advierte un escenario cada vez más complejo para empresas de todos los tamaños, marcado por tensiones financieras y una creciente inquietud por el avance de las importaciones. En ese marco, el Monitor de Desempeño Industrial se ubicó en 36,5 puntos en enero, lo que implicó una baja de 7,5 unidades respecto del informe anterior y confirmó un deterioro sostenido de la actividad fabril si se lo compara con el nivel más alto alcanzado hace dos años.

En relación con la dinámica productiva, el 53,3% de las compañías relevadas indicó que su volumen de fabricación se redujo durante el último trimestre. En paralelo, el 54,7% de las firmas reportó una contracción de la demanda interna, mientras que apenas el 13,3% señaló un incremento en los pedidos provenientes del mercado doméstico. La conducción de la UIA, encabezada por Martín Rappallini, difundió estos datos en medio de un clima de fuerte tensión entre el empresariado industrial y el gobierno nacional. La polémica se intensificó luego de que el presidente Javier Milei calificara como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, CEO de Techint, y como “Don Gomita Alumínica” a Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate. “Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes”, afirmó Rappallini este miércoles en declaraciones a Infobae en Vivo. Desde el sector fabril cuestionan los elevados costos de producción locales, que —según sostienen— reducen la competitividad frente al proceso de apertura comercial que impulsa el Poder Ejecutivo.

En el plano laboral, el informe señala que el 22,2% de las fábricas aplicó recortes en su dotación de personal. Dentro de ese grupo, la mitad avanzó con despidos directos, mientras que el resto optó por reducir turnos o implementar suspensiones temporales ante la caída de la actividad.

La retracción de la demanda interna volvió a aparecer como la principal preocupación para el 46,1% de las empresas industriales. A su vez, la inquietud por la competencia de productos importados pasó de niveles prácticamente inexistentes a representar el 19,4% de las respuestas, en un contexto de apreciación cambiaria que favorece el ingreso de bienes del exterior. El estudio también revela que el 45,6% de las firmas tuvo dificultades para cumplir con pagos de salarios, proveedores o servicios públicos. Frente a la falta de liquidez, muchas compañías debieron recurrir a endeudamiento de corto plazo o asumir mayores costos financieros por intereses derivados de atrasos acumulados, una situación que —según el informe— también atraviesan numerosas familias argentinas.

El gendarme Nahuel Gallo volvió de Venezuela, donde estuvo detenido por supuesto espionaje ilegal, luego de una gestión del presidente de la AFA, Chiqui Tapia. Así de insólito como se lee: no fue el gobierno de Javier Milei el que lo liberó sino una asociación de clubes.

Mientras, aparece una cuestión que sorprende: ¿Por qué Gallo no volvió a su casa y sigue en el Edificio Centinela de Gendarmería? Qué fue lo que “hizo por la patria” como señaló en conferencia de prensa. ¿Por la Patria? ¿Ir a visitar a su exesposa?

“Gallo dijo que iba a visitar a su mujer pero en la conferencia de prensa dijo que lo hizo por la patria, hay algo que no cierra”, señalaron fuentes vinculadas a la cancillería del gobierno de Alberto Fernández.