El sistema universitario argentino comienza marzo atravesado por una crisis profunda. Un paro de personal docente y no docente posterga el inicio del ciclo lectivo hasta el próximo 16 de marzo y expone el creciente conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y la pérdida salarial de sus trabajadores.
La medida de fuerza combina distintos niveles de protesta gremial. Mientras la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) convocaron a un cese de actividades de 24 horas, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) resolvió iniciar una huelga por tiempo indeterminado hasta obtener una recomposición salarial. El gremio reclama un aumento del 51%, en contraste con la propuesta oficial del 12,3% a pagar en cuotas.
El retraso en el comienzo de clases refleja un conflicto más amplio que atraviesa a todo el sistema universitario nacional. Los sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura inmediata de paritarias, denunciando que el Gobierno nacional mantiene congelada la negociación salarial formal desde 2024.
Conflicto por financiamiento y salarios
El núcleo de la disputa se vincula con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuya implementación fue suspendida por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 795/2025. El Gobierno sostuvo que la norma no habilitaba gastos de manera explícita, lo que derivó en una presentación judicial colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional para declarar la inconstitucionalidad de ese decreto.
Desde ADUBA advierten que la falta de negociación salarial agravó el deterioro de los ingresos en el sector. Su secretario general, Emiliano Cagnacci, señaló que la ausencia de paritarias desde 2024 provocó un retraso que hoy resulta insostenible para los trabajadores del sistema universitario.
Según explicó el dirigente, el reclamo involucra a todo el entramado laboral de las universidades públicas: docentes, no docentes, investigadores y personal de salud de los hospitales universitarios. En ese marco, el paro busca presionar al Gobierno para que convoque a paritarias y cumpla con la legislación vigente sobre financiamiento.
La postura de AGD-UBA es aún más contundente. El gremio condicionó el regreso a las aulas a una recomposición salarial que compense la pérdida acumulada frente a la inflación.
Su secretaria general, Laura Carboni, denunció que el Ejecutivo intenta evitar el cumplimiento de fallos judiciales favorables a los trabajadores mediante modificaciones legislativas. Según detalló, mientras el reclamo sindical plantea una actualización del 51%, el Gobierno propone un aumento del 12,3% dividido en tres cuotas, cuya última se abonaría recién en septiembre.
Además de la huelga, el plan de lucha incluye movilizaciones, cortes y permanencias en facultades y colegios universitarios de todo el país bajo la consigna de una “huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”.
Escalada del conflicto
La paralización en la UBA comenzará formalmente el 16 de marzo, pero el desarrollo del conflicto tendrá un nuevo punto de evaluación el 20 de marzo, cuando se realice una asamblea para definir la continuidad o eventual profundización de la huelga.
Los gremios insisten en la plena aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley original, que establecen la actualización automática de salarios y becas estudiantiles de acuerdo con la inflación, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo dentro del sistema universitario.